El enfático mensaje pronunciado por el presidente de la Nación con motivo de la apertura del periodo ordinario de sesiones del Congreso produjo una razonable reacción de un mayoritario sector del empresariado argentino, involucrado en una catarata de acusaciones vertidas por el titular del Poder Ejecutivo.
En forma para nada correcta, Javier Milei acusó a las empresas de haber conspirado, junto con políticos, contra el gobierno que encabeza como parte de un plan para desestabilizar la economía y comprometer el rumbo de su gestión. Además, reiteró la acusación sobre vínculos de tipo prebendario en tiempos de los gobiernos kirchneristas.
No cabía más que esperar una respuesta desde el sector privado. Las expresiones de los empresarios fueron serias y respetuosas, pero a la vez contundentes. A modo de evaluación de la gestión gubernamental, aclararon que muchas sociedades atraviesan situaciones críticas por la baja actividad, la presión fiscal, dificultades para lograr financiamiento y caída del empleo.
No obstante, desde la Unión Industrial Argentina reconocieron avances del gobierno, pero a la vez indicaron que no fueron los empresarios apuntados por el presidente los que diseñaron el marco económico previo, “ni son responsables de las distorsiones del pasado”. Una clara toma de distancia con la connivencia con el kirchnerismo que les atribuye el actual gobierno.
Y de parte de la Asociación Empresaria Argentina se resaltó públicamente “el papel central de las empresas privadas” al “contribuir a sostener con el pago de impuestos el funcionamiento del Estado”. Además, la entidad requirió un “diálogo constructivo y respetuoso” con el gobierno.
Si bien en la vida republicana el ámbito parlamentario está pensado para la discusión de políticas y para que quienes ejercen el rol de opositores puedan plantear sus acuerdos u objeciones a los planes de un gobierno, siempre se debe tender a un nivel de discusión que, aunque intenso, no desemboque en tumultos o agresiones, como ha ocurrido, y ocurrirá, en muchos escenarios legislativos del mundo.
En el caso que nos ocupa, las acusaciones verbales desde bancas opositoras al gobierno libertario resultaron totalmente inoportunas por el agravio que supone interpelar a viva voz a un presidente. Pero de parte de Javier Milei también hubo una premeditada intención de confrontar con los legisladores del PJ y de la izquierda con términos desubicados en virtud de su investidura.
Lo sucedido desvirtuó el sentido de la apertura de sesiones y trastocó groseramente roles fijados por la Constitución. Así como no corresponde gritar desde las bancas a un presidente, éste debe saber que su función no es la de confrontar, puesto que no es un legislador sino la máxima autoridad del Estado. Y quedaron en un segundo plano los anuncios.
Por lo tanto, ante tan grosera escena la reacción empresarial aparece totalmente justificada.