El Gobierno nacional dispuso este jueves una actualización parcial de los impuestos que gravan la nafta y el gasoil durante mayo, al tiempo que volvió a postergar parte de los aumentos pendientes para el mes próximo.
El Gobierno fijó aumentos parciales en los tributos sobre combustibles líquidos y dióxido de carbono. Además, decidió postergar nuevamente el resto de las actualizaciones.
El Gobierno nacional dispuso este jueves una actualización parcial de los impuestos que gravan la nafta y el gasoil durante mayo, al tiempo que volvió a postergar parte de los aumentos pendientes para el mes próximo.
A través del Decreto 302/2026, publicado en el Boletín Oficial, la administración de Javier Milei busca una recomposición fiscal sin generar un salto brusco en los surtidores, en un contexto en el que petróleo aún sigue la escalada. En otras palabras, subir, pero en cuotas.
El esquema impacta sobre dos componentes clave: el impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono.
En números concretos, de acuerdo al DNU, la nafta sin plomo y la nafta virgen tendrán una suba de $10,398 por litro en el tributo principal, más $0,637 adicionales por el impuesto ambiental.
En el caso del gasoil, el incremento será de $9,269, con un adicional diferencial de $5,019 para ciertas regiones —algo habitual en la estructura del sector— y $1,056 más por CO.
Ninguno de estos valores se traslada directamente a los consumidores, sino que afectan a la estructura del sector.
Lo relevante del DNU de este jueves también es lo que "se patea", tal como pasó en abril. La norma también difiere hasta el 1° de junio los aumentos acumulados de actualizaciones anteriores, que se calculan en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Es decir, hay una porción de la suba que sigue sin trasladarse completamente.
Cualquier movimiento brusco en combustibles se traslada casi en tiempo real a toda la cadena de costos: transporte, alimentos, logística y servicios.
Por eso aún está presente el “acuerdo de 45 días”, una especie de ventana de contención de las petroleras que el Gobierno intenta sostener para desacoplar, al menos parcialmente, los precios locales de la volatilidad externa.