Las sanciones a miembros de Servicios Públicos, Contaduría y Rentas se originan en irregularidades detectadas durante la auditoría del ejercicio 2024.
El Tribunal de Cuentas marcó deficiencias en el control del gasto y en la gestión de información fiscal.
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El Tribunal de Cuentas de Mendoza aprobó la rendición de haberes de la Municipalidad de Las Heras correspondiente al ejercicio 2024, aunque detectó una serie de irregularidades administrativas que derivaron en sanciones económicas para funcionarios del Ejecutivo municipal.
La resolución, firmada el 13 de abril de 2026, avala en términos generales la gestión financiero–patrimonial del municipio que conduce Francisco Lo Presti (UCR), pero deja constancia de múltiples observaciones surgidas durante la auditoría, algunas de las cuales fueron corregidas y otras se mantienen como incumplimientos.
Durante el proceso de fiscalización, la Auditoría detectó diversas deficiencias en procedimientos administrativos. Sin embargo, tras el análisis de los descargos presentados por los responsables, varias de estas observaciones fueron consideradas subsanadas.
Entre ellas se destacan problemas en el control del consumo de combustible, como la existencia de tickets sin identificación del vehículo o inconsistencias entre registros internos y el sistema de YPF. Según se indicó, estas fallas fueron justificadas —en parte— por problemas de conectividad y posteriormente corregidas mediante ajustes manuales.
También se regularizaron situaciones vinculadas al patrimonio municipal. En particular, se observó el caso de un vehículo fuera de uso por el que se continuaba pagando seguro. Finalmente, el rodado fue dado de baja junto con la póliza correspondiente.
En materia tributaria, el Tribunal consideró corregidas las deficiencias detectadas en el otorgamiento de exenciones tanto en tasas de inmuebles como en derechos de comercio, luego de que el municipio aportara documentación respaldatoria y ajustara los procedimientos internos.
El organismo de control que encabeza Nestor Parés lleva sancionado a cinco intendendetes y a más de una veintena de funcionarios municipales. En concreto, el Tribunal de Cuenta aplicó multas por los ejercicios 2024 a los siguientes jefes comunales: Ricardo Mansur (Rivadavia), Alejandro Morillas (San Carlos), Flor Destéfanis (Santa Rosa), Omar Félix (San Rafael) y a Fernando Ubieta (La Paz).
No obstante, el fallo señala que algunas observaciones no fueron debidamente subsanadas, por lo que se mantuvieron como procedimientos administrativos irregulares y motivaron la aplicación de multas.
Uno de los principales cuestionamientos se centra en el control del combustible en la Delegación de Uspallata. La Auditoría detectó que las planillas de carga no estaban certificadas por los responsables, lo que impide garantizar la trazabilidad, la autenticidad del gasto y el destino del combustible.
Pese a los descargos, el Tribunal consideró que no se acreditaron acciones concretas para corregir la falla. En ese marco, se aplicaron multas de $400.000 a tres funcionarios:
Otra de las irregularidades que se mantuvo vigente está vinculada al sistema de contribuyentes, específicamente en la determinación de los aforos de tasas de inmuebles. Según el informe, la Auditoría detectó inconsistencias entre los valores calculados por el municipio y los que correspondían según la normativa vigente.
Si bien desde la Dirección de Rentas se argumentó que las diferencias se originaron en errores de migración de datos entre sistemas, el Tribunal advirtió que no se presentó documentación que respalde las modificaciones realizadas.
En este caso, la falta de respaldo documental fue considerada grave debido a su impacto patrimonial, ya que el aforo determina la base sobre la cual se calculan los tributos municipales. Por esta observación, se sancionó con una multa de $400.000 a:
Además de las sanciones, el Tribunal de Cuentas instruyó a las autoridades municipales a implementar una serie de mejoras administrativas. Entre ellas, la elaboración de manuales de funciones y procedimientos, la corrección de inconsistencias en la base de datos de contribuyentes y el avance en la gestión de causas judiciales de apremio con demoras.
También se requirió reforzar los controles sobre las declaraciones juradas del personal y regularizar el registro patrimonial de obras ejecutadas.
Pese a las observaciones y sanciones, el organismo de control resolvió aprobar la rendición de cuentas y liberar de responsabilidad a los funcionarios en términos generales, en función de la documentación presentada y las correcciones realizadas durante el proceso.