El Tribunal de Cuentas de Mendoza oficializó más multas contra el intendente de La Paz, Fernando Ubieta, y sus funcionarios tras la rendición 2024.
El Tribunal de Cuentas formuló cargos solidarios por más de $47,5 millones contra el intendente Fernando Ubieta y otros funcionarios de La Paz.
El Tribunal de Cuentas de Mendoza oficializó más multas contra el intendente de La Paz, Fernando Ubieta, y sus funcionarios tras la rendición 2024.
El fallo N° 18.376 advierte que, si bien varias observaciones iniciales fueron subsanadas —como deficiencias contables o de registración—, persisten dos núcleos críticos vinculados a salidas de dinero sin respaldo documental. En total, el organismo determinó un perjuicio patrimonial superior a $49,7 millones, sumando capital e intereses.
El punto más grave se centra en pagos por $27,7 millones sin documentación, en un contexto de “colapso del sistema de control interno”.
Según la auditoría, existían fallas estructurales que permitían que un solo usuario manejara todas las etapas del gasto, desde la carga hasta la emisión de cheques, sin controles cruzados. Además, se detectaron chequeras sin control, registros inconsistentes y conciliaciones bancarias adulteradas.
En ese marco, las autoridades municipales denunciaron penalmente a una empleada -Luciana Díaz Gracia- por la presunta sustracción de cheques, falsificación de firmas y generación de expedientes ficticios.
Sin embargo, el Tribunal consideró que esa denuncia no exime de responsabilidad a los funcionarios, ya que las maniobras fueron posibles por la falta de controles adecuados y recién salieron a la luz tras la intervención del organismo de control.
A este monto se suma otro perjuicio de $1,09 millones por cheques emitidos y cobrados sin orden de pago, lo que refuerza el diagnóstico de irregularidades sistemáticas en el circuito administrativo.
Por estos hechos, el Tribunal formuló cargos solidarios por más de $47,5 millones contra el intendente Fernando Ubieta, el secretario de Hacienda Exequiel Vespa, el contador Juan Manuel Espin, el tesorero Miguel Sánchez y otras dos agentes municipales, además de un segundo cargo por $2,16 millones contra parte de ese grupo. También aplicó multas individuales de $3 millones a cada uno de los responsables.
El fallo concluye que no se trató de errores aislados sino de fallas estructurales en los mecanismos de control, que permitieron durante meses la salida irregular de fondos públicos sin respaldo documental.