Nación creó formalmente el Registro de Inversiones Mineras, articuló el régimen con el RIGI y digitalizó el recupero del IVA para exploración.
El Gobierno nacional actualizó el marco normativo de la Ley de Inversiones Mineras
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La Secretaría de Minería de la Nación avanzó con una reforma integral de los procedimientos del Régimen de Inversiones para la Actividad Minera, establecido por la Ley 24.196. El objetivo, según informó el Ministerio de Economía, es simplificar trámites, reducir cargas administrativas y mejorar la transparencia y el control sobre los proyectos beneficiados.
Los cambios alcanzan desde la inscripción y actualización de empresas y proyectos hasta la presentación del Seguro Ambiental Obligatorio. Además, se formaliza un registro informático centralizado y se incorpora una articulación directa con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
En paralelo, y en un trabajo conjunto con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), se digitalizó el trámite para solicitar la devolución del crédito fiscal del IVA vinculado a la exploración minera. El cambio reemplaza un circuito en papel que se encontraba vigente desde 2004.
La modificación del Anexo de la Resolución 30/2018, adecuándolo a las disposiciones del Decreto 482/2026, establece un nuevo esquema para la inscripción, actualización, modificación, alta y baja de proyectos mineros y de sus beneficiarios.
Uno de los principales cambios es la implementación formal del Registro de Inversiones Mineras (RIM), un sistema informático centralizado que identificará a los beneficiarios a través de su CUIT y asignará un código único a cada proyecto.
El objetivo es mejorar la trazabilidad de los emprendimientos y facilitar las tareas de seguimiento y fiscalización. De esta manera, la información de los beneficiarios y sus proyectos quedará organizada dentro de un sistema centralizado.
La reforma también fija requisitos específicos para los proveedores de servicios mineros, tanto para su inscripción como para su permanencia y actualización dentro del régimen. Además, establece las condiciones para la constitución obligatoria de un Domicilio Legal Electrónico.
Otro cambio relevante es la incorporación formal de los procedimientos para presentar y validar el Seguro Ambiental Obligatorio (SAO). La medida busca alinear los requisitos del régimen de promoción minera con las exigencias previstas en la Ley General del Ambiente y sus reglamentaciones.
A esto se suma una articulación expresa entre el Régimen de Inversiones Mineras y el RIGI. La nueva normativa contempla mecanismos para garantizar la continuidad registral de los grandes emprendimientos que accedan simultáneamente a ambos marcos de promoción.
Para los proyectos y empresas que ya tienen trámites iniciados, se prevé un régimen transitorio. La actualización alcanzará los expedientes en curso, aunque las declaraciones juradas presentadas anteriormente continuarán bajo las condiciones normativas vigentes al momento de su presentación.
El otro cambio central apunta al recupero del crédito fiscal del IVA para la exploración minera, previsto en el artículo 14 bis de la Ley 24.196.
Hasta ahora, el procedimiento se regía por un esquema administrativo basado en documentación en papel. Con la Resolución General 5879/2026, las solicitudes pasarán a tramitarse de manera digital a través del Sistema Integral de Recupero (SIR) de ARCA.
La plataforma es utilizada para otros reintegros fiscales, entre ellos las devoluciones de IVA vinculadas a exportadores. La incorporación de la exploración minera al sistema permitirá centralizar y digitalizar el circuito administrativo.
La Secretaría de Minería mantendrá una función técnica: deberá certificar que los gastos, bienes y servicios declarados estén efectivamente relacionados con proyectos de exploración formalmente inscriptos. Entre ellos figuran estudios geológicos, perforaciones, ensayos mineralúrgicos y equipamiento especializado.
La reforma, sin embargo, no modifica los requisitos de fondo para acceder al beneficio. Se mantienen el período de 12 meses de acumulación de créditos fiscales y las demás condiciones de elegibilidad previstas por la Ley de Inversiones Mineras.
Desde el Gobierno nacional señalaron que la modernización responde a la necesidad de dar mayor previsibilidad jurídica y agilidad financiera a la actividad, en un contexto de crecimiento de la exploración minera en Argentina.
Según los datos difundidos por la Secretaría de Minería de la Nación, el gasto anual en exploración pasó de promedios de entre USD 100 millones y USD 200 millones entre 2014 y 2021 a aproximadamente USD 400 millones en el período reciente.
Actualmente, se registran 74 empresas activas dedicadas a tareas exploratorias en el país. El Gobierno también destacó el potencial de crecimiento a partir de la baja densidad de perforación: Argentina registra entre 3 y 5 metros por kilómetro cuadrado, frente a los 10 a 20 metros de países limítrofes como Chile.
Así, la reforma introduce cambios administrativos y digitales, pero también busca ordenar la convivencia entre distintos instrumentos de promoción. Para las empresas, el nuevo esquema supone, principalmente, un registro centralizado para proyectos y beneficiarios, nuevos procedimientos para proveedores y seguros ambientales, una articulación formal con el RIGI y la eliminación del papel para tramitar el recupero del IVA destinado a la exploración.
