Argentina recibió un importante respaldo judicial de Estados Unidos en el marco de una disputa por los “cupones PBI”. La Justicia norteamericana “rechazó la demanda” que acusaba al país argentino de “manipular los datos de crecimiento económico para evitar pagos millonarios”.
La decisión fue tomada por la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, que ratificó una decisión en primera instancia de la jueza Loretta Preska. Se suma al reciente apoyo de la Justicia tras anunciar que se presentará ante los tribunales de Estados Unidos como “amicus curiae” a favor de Argentina.
Origen del caso
Cuatro fondos de inversión presentaron esta demanda contra la Argentina en tribunales de Estados Unidos, reclamando el reconocimiento y la ejecución de una sentencia dictada en Londres que condenó al país a pagar más de US$1.700 millones por incumplimientos relacionados con los cupones atados al crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI).
Los demandantes -Palladian Partners LP, HBK Master Fund LP, Hirsh Group LLC y Virtual Emerald International Limited- se presentaron ante la Corte del distrito de Columbia, en Washington, para exigir el cobro de una deuda que, según denuncian, el país aún no ha saldado.
La causa tiene su origen en los cupones PBI emitidos entre 2005 y 2010, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Según los acreedores, la Argentina manipuló las estadísticas oficiales del INDEC bajo la órbita de Guillermo Moreno, para reflejar un crecimiento económico menor al real y así evitar el pago completo de esos instrumentos.
En 2019, los fondos iniciaron una demanda en el Reino Unido y obtuvieron un fallo favorable del Tribunal Supremo de Londres. El Gobierno argentino, bajo la gestión de Javier Milei, puso como garantía unos US$360 millones para poder apelar esa sentencia. Sin embargo, el fallo fue ratificado y esos fondos ya fueron utilizados en favor de los demandantes.
En la presentación ante la justicia estadounidense, los fondos denunciaron que “salvo los montos utilizados en virtud de la Carta de Crédito de Argentina y el pago de los montos pendientes de las costas de los demandantes, Argentina no ha pagado nada más de los 1.500 millones de euros de las sentencias inglesas”.