El Gobierno aprobó un nuevo acuerdo con el FMI mediante un DNU. Incluye un aplazamiento de pagos y financiamiento adicional para el país.
Milei y la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva
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El Litoral El presidente Javier Milei firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para aprobar el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según informó la Oficina del Presidente, el DNU será remitido al Poder Legislativo con el objetivo de obtener su apoyo y garantizar un “compromiso urgente de parte del Congreso”, siguiendo el mismo proceso que se adoptó con acuerdos anteriores.
La nueva decisión propone una reestructuración de la deuda, que tiene implicancias importantes en la economía argentina. Además de la suspensión temporal de los pagos, se contempla un incremento de la deuda externa, pero con condiciones más favorables para el país.
El nuevo acuerdo con el FMI se configura bajo la modalidad de la Facilidad de Fondo Ampliada (EFF) y se extenderá hasta 2035. Un aspecto clave de este acuerdo es el aplazamiento de los pagos de deuda para los próximos cuatro años, lo que permitirá al país liberar parte de los compromisos financieros inmediatos.
Esto se complementa con un plazo de gracia de 4 años y medio antes de que el gobierno comience a hacer reembolsos al FMI, lo que significará que Argentina no pagará al organismo hasta octubre de 2029.
En términos de los desembolsos, el acuerdo podría implicar un financiamiento total de aproximadamente 20.000 millones de dólares. De esta cantidad, 12.000 millones de dólares corresponderían a la renovación de los pagos de deuda ya previstos en el programa anterior, mientras que 8.000 millones de dólares serían fondos frescos.
Estos dólares adicionales se destinarían en parte a la recompra de Letras Intransferibles emitidas por el Ministerio de Economía, que están actualmente en manos del Banco Central, lo que ayudaría a reducir la deuda interna y modificar la composición de la deuda externa.
Además, el acuerdo afectaría los pagos inmediatos, pero también reprograma una serie de vencimientos previstos para los próximos años. Se calcula que entre 2025 y 2028, Argentina debería devolverle al FMI unos 13.100 millones de dólares solo en concepto de capital. Sin embargo, con este acuerdo, esos pagos se postergarán y se redistribuirán en un horizonte temporal más largo, lo que aliviará la carga financiera del país en el corto plazo.
Este reordenamiento de pagos y los nuevos desembolsos tienen como objetivo permitir una mayor flexibilidad en la gestión de la economía argentina, reduciendo las presiones sobre las reservas internacionales y facilitando la reinserción del país en los mercados internacionales de capitales.
El nuevo acuerdo con el FMI también se encuentra condicionado por la "Ley Guzmán", sancionada en 2021 bajo el gobierno de Alberto Fernández. Esta ley establece que cualquier acuerdo de financiamiento con el FMI y sus ampliaciones debe ser aprobado por el Congreso Nacional.
En este caso, la ley requiere que el Poder Ejecutivo obtenga la autorización legislativa para cualquier operación de crédito público que implique endeudamiento con el organismo internacional. De acuerdo con esta normativa, se busca evitar que se repitan situaciones de endeudamiento irresponsable como las que ocurrieron bajo el gobierno de Mauricio Macri.
Sin embargo, en esta ocasión, el gobierno optó por presentar el acuerdo con el FMI mediante un DNU, lo que le permitirá tener vigencia inmediata sin necesidad de una sanción legislativa previa. El DNU será enviado al Congreso para su consideración, y el Parlamento deberá ratificarlo o rechazarlo. Esta medida evita el proceso legislativo largo, pero, de acuerdo con la Ley Guzmán, el Congreso aún tendrá la última palabra sobre el acuerdo y sus condiciones.