La Autoridad Ambiental Minera avanzó con el relevamiento de la actividad ladrillera enmarcada dentro de la minería no metalífera en Jocolí.
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Gentileza Gobierno Mendoza Los equipos técnicos de la Autoridad Ambiental Minera avanzaron con el relevamiento de la actividad ladrillera en Jocolí. Según se informó desde el Ministerio de Energía y Ambiente, recorrieron la zona con el objetivo de identificar productores activos y evaluar las condiciones de funcionamiento de los establecimientos.
El trabajo también relevó datos de contacto de trabajadores y familias vinculadas a esta actividad artesanal, que en muchos casos se desarrolla desde hace más de diez años. El operativo incluyó además instancias de diálogo directo con los productores, con el fin de relevar sus principales necesidades y avanzar en una estrategia de formalización.
Franco Cisnero, integrante del Área de Desarrollo Sostenible de la Dirección de Minería, subrayó la relevancia del trabajo en territorio: “Este tipo de relevamientos nos permite conocer en detalle cómo se desarrolla la actividad ladrillera en cada zona y establecer un vínculo directo con los productores”. Agregó que el objetivo es acompañarlos en un proceso de ordenamiento que contempla tanto la dimensión productiva como la social.
En ese marco, durante el recorrido se acordó la realización de una reunión informativa en la delegación municipal de Jocolí, con el propósito de generar un esp. “Queremos que los productores cuenten con información clara y con canales de diálogo abiertos con el Estado. El ordenamiento de la actividad se construye con presencia territorial y con la participación de quienes forman parte de esta actividad productiva”, agregó Cisnero.
La intervención forma parte del monitoreo permanente que el Ministerio de Energía y Ambiente sostiene en todo el territorio provincial para asegurar la aplicación efectiva del Código de Procedimiento Minero y del conjunto de la normativa ambiental. La ampliación de los mecanismos y esfuerzos de control mediante la articulación con diferentes organismos públicos ha permitido robustecer la capacidad de fiscalización del Estado, acompañar a los productores en el cumplimiento de sus obligaciones y avanzar hacia mayores niveles de previsibilidad, formalidad y trazabilidad en el desarrollo de la actividad minera.