Después de nueve meses cerrada, la fábrica volverá a procesar leche y derivados. Inicialmente habrá entre 25 y 30 trabajadores.
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Imagen ilustrativa Tras más de nueve meses de parálisis, La Suipachense, una de las fábricas lácteas más emblemáticas de la provincia de Buenos Aires, volverá a ponerse en marcha. Reabrirá sus puertas luego de que la Justicia autorizara el alquiler de la planta industrial, las maquinarias y las marcas comerciales a una nueva firma que buscará reactivar la producción.
La decisión fue tomada por el Juzgado en lo Civil y Comercial de Mercedes, a cargo del juez Leandro Julio Enríquez, quien habilitó a Compañía Láctea Suipacha SA a operar las instalaciones ubicadas en la ciudad bonaerense de Suipacha.
Detrás del proyecto aparece el empresario Pablo Asís, titular de la firma que tomará el control operativo y en alquiler de la planta, adelantó diario La Nación.
El anuncio representa un alivio para una comunidad golpeada por la caída de una empresa que durante décadas fue uno de los motores económicos de la región. Con más de 70 años de historia, La Suipachense llegó a procesar cerca de 250 mil litros diarios de leche y empleó a unas 140 personas entre operarios, técnicos y personal administrativo.
“Después de 9 meses hay una buena noticia para comunicar. Hay que ser prudentes porque esto no significa que la planta arranca mañana, pero sí que el conflicto se empezó a resolver”, expresó el intendente de Suipacha, Juan Luis Mancini, durante una reunión con trabajadores y representantes gremiales.
La reapertura se producirá luego de una crisis profunda que terminó, en noviembre pasado, con la quiebra de Lácteos Conosur SA, firma controlante de La Suipachense. La empresa acumuló millonarias deudas, cheques rechazados por más de $8.400 millones y conflictos salariales que derivaron en la paralización total de la actividad.
Durante meses, los trabajadores mantuvieron ocupada la planta en reclamo de sueldos y aguinaldos adeudados. Ahora, las primeras proyecciones indican que podrían reincorporarse entre 25 y 30 empleados en una etapa inicial, con posibilidad de ampliar la plantilla si la producción logra estabilizarse.
El fallo judicial también impuso condiciones estrictas para preservar los activos de la quiebra. Entre ellas, la obligación de presentar seguros integrales contra incendios, robos y daños operativos, además de controles sobre el uso de las instalaciones y las marcas comerciales históricas de la empresa.