En septiembre, los jubilados y pensionados que perciben la mínima a través de ANSES cobran $320.277,18, a lo que se suma un bono extraordinario de $70.000.
En septiembre, jubilados que cobran la mínima reciben $320.277 y un bono de $70.000, pero el veto presidencial genera fuertes pérdidas en Mendoza.
La falta de actualización de los haberes y del bono reduce el consumo local y presiona la actividad económica de la provincia.
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Freepik - Canva En septiembre, los jubilados y pensionados que perciben la mínima a través de ANSES cobran $320.277,18, a lo que se suma un bono extraordinario de $70.000.
De esta manera, el ingreso total asciende a $390.277,18 para quienes se encuentran en la base de la pirámide previsional. Sin embargo, el bono permanece congelado desde marzo y no acompaña el incremento por inflación.
En paralelo, el veto presidencial a la recomposición del 7,2% y a la actualización del bono a $110.000 generó un fuerte impacto en los haberes. En Mendoza, el informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advierte que la provincia pierde $23 mil millones cada mes por esta medida, lo que equivale a $276 mil millones en un año para los 300.322 jubilados locales.
En septiembre de 2025, el haber mínimo para jubilados alcanza los $320.277,18, monto al que se suma el bono extraordinario de $70.000. En total, quienes cobran la mínima perciben $390.277,18 a través de ANSES.
No obstante, según un estudio de CEPA, “el veto de Milei implica una pérdida agregada de $23 mil millones mensuales para los jubilados de la provincia de Mendoza”.
El organismo aclara que este perjuicio se debe a la falta de actualización del bono, debía pasar de $70.000 a $110.000 y luego ajustarse por inflación, y a la no aplicación del 7,2% pendiente por la inflación de enero de 2024. En números anuales, CEPA señala que “esta cifra alcanza $276 mil millones en los próximos 12 meses para el conjunto de 300.322 jubilados de la provincia”.
La decisión de frenar la recomposición afecta el poder adquisitivo de los jubilados y también repercute en la economía mendocina en su conjunto. Menores haberes implican menos capacidad de consumo, lo que impacta en el comercio local, la prestación de servicios y la actividad productiva que depende en gran parte del mercado interno.
El recorte en los ingresos previsionales, calculado en decenas de miles de millones por mes, se traduce en un freno al movimiento económico de la provincia. Esta situación agrava la vulnerabilidad de un sector que destina la mayor parte de sus ingresos a cubrir necesidades básicas y, al mismo tiempo, debilita a la economía regional que depende de ese gasto cotidiano para sostener el empleo y la actividad comercial.