A la espera de que salga la letra chica y más allá de que muchas personas pueden quedarse sin trabajo, el sindicato alerta acerca de las consecuencias de no fiscalizar.
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NA La semana pasada se oficializó algo que se había anunciado casi desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei. Así, a la eliminación de diversos organismos nacionales se sumó la del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) que se conoció a través del decreto 462/2025. En función de esta norma, esta entidad ya no será un ente autárquico sino que funcionará bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación.
A la espera de la reglamentación, este diario publicó la semana pasada la postura de diversas entidades vitivinícolas. En líneas generales, hay miradas en contra y a favor de la medida aunque prima la cautela. Por un lado, porque aún se desconoce el impacto real de la medida y se aguarda la letra chica. Por el otro, dado a que hay coincidencia en la importancia de llegar a acuerdos antes que destruir todo lo que el sector logró construir durante décadas de trabajo conjunto y coordinado.
Fabián Ruggeri, presidente de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas (Acovi) expresó que todavía hay varios grises con relación a los cambios en el INV. Agregó que son cuestiones que deben solucionarse en los próximos días y que tendrán que ver con la reglamentación del decreto. “Hay temas que se han enunciado, pero no se sabe cómo van a funcionar ni que alcance tendrá”, puntualizó Ruggeri quien expresó que deberán consultar a las entidades para hacer las precisiones.
En este marco, desde ATE, el sindicato de Trabajadores del Estado, comenzaron la semana con un estado de asamblea permanente dentro del INV. Según explicó uno de sus delegados, Mariano Lucero, a partir de las funciones que el decreto le ha quitado al instituto considera que va a haber despidos. Todavía no se sabe el porcentaje ni cuáles podrían ser los sectores más afectados, pero la alerta es alta debido a lo sucedido con otros organismos.
“En el INTI han despedido a 700 personas que tenían puestos de planta y habían llegado allí a través de un concurso”, ejemplificó Lucero. Por el momento no se hará paro ni otras medidas similares ya que el estado de asamblea está a la espera de las definiciones concretas que dará la reglamentación. El delegado sindical también expresó que el INV, como otros organismos, ya habían tenido una reducción de personal y funciones casi desde el inicio de la actual gestión de Javier Milei.
El INV posee 432 empleados distribuidos en doce delegaciones de todo el país ya que no solo tiene (o tenía) injerencia en la elaboración de vinos sino también de alcoholes en general. En Mendoza se encontraba la única sede principal de un organismo nacional fuera de Buenos Aires y aquí hay un total de 250 trabajadores. Desde ATE se cree que los mendocinos podrían ser los más afectados y muchos de ellos ven peligrar su puesto de trabajo y sostén de vida desde hace años.
Más allá de esto, Marcelo González, inspector del INV, subrayó que hasta el 8 de julio el Instituto era la autoridad de aplicación de la Ley de Vinos y de alcoholes. Entre las funciones clave que aquí se llevaban a cabo y que fueron eliminadas con el decreto está la de fiscalización. Es decir, la potestad y posibilidad de controlar que el vino cumpliera con los estándares y requerimientos previstos en la Ley.
El control de los viñedos y del trabajo en bodegas abarca diversos aspectos, no solo la que se hace in situ. Entre otros, la tarea de laboratorio de nivel internacional que coteje lo que se realiza. “No tenemos dudas de que las bodegas que hacen las cosas bien lo seguirán haciendo”, expresó González al tiempo que agregó que las que son menos cumplidoras también continuarán en el mismo camino.
La fiscalización arranca en las fincas y analiza rendimientos, calidades y, entre otras cosas, que lo que dice la etiqueta se condiga con lo que realmente hay adentro de la botella. “Se derogó el artículo 30 que decía que cualquier inspector podía ingresar a la bodega en cualquier momentos del año", precisó González y explicó que se trata de un riesgo. En el mediano plazo no solo podría la buena fama del vino argentino en el mundo sino que en el corto hasta podría atentar contra las marcas que han sido impecables y hasta destacadas internacionalmente.
Esto porque las adulteraciones o las malas copias podrían ser más habituales sin la fiscalización del INV. “Quienes avalan la eliminación del Instituto hablan de burocracia, pero esta gestión ha dado muchas muestras de bajarla y ha desregulado muchas cosas en función de pedidos de la industria”, comentó el trabajador del INV. “Siempre se puede mejorar lo hecho”, destacó González quien solicitó una negociación para evitar que se deje de controlar con las consecuencias que esto podría implicar.
Ruggeri sumó que hay acuerdo en la idea de modernizar y desregular la industria, pero advirtió que hay potestades que son indelegables. Mientras el decreto actual permite el control al final de la cadena, en la góndola, el presidente de Acovi se preguntó qué pasará en el medio. “Si yo quiero comprar un vino para completar mi producción, tengo que asegurarme de que sea el que me dicen porque se arriesga mucho si no lo es”, comentó el productor.
Esto solo lo certificaba el INV a través de análisis y ahora no se sabe quién realizará esta certificación. Otras tareas que son indelegables según Ruggeri tienen que ver con las estadísticas de ventas, exportaciones, superficie implantada, stocks de vinos, etc. “Todo eso debe quedar claro en la reglamentación”, comentó el dirigente cooperativista quien alentó la esperanza de que se consulte a las partes antes de tomar estas decisiones.
Desde el sindicato también lo esperan ya que creen que el decreto fue elaborado sin consulta del sector ni de los mismos referentes del INV. Por este motivo, tanto Lucero como González expresaron el deseo de sentarse a una mesa de acuerdo para que mejorar lo que sea mejorable y no eliminar lo que es importante para toda la industria.
