El Gobierno nacional anunció la reforma del INV, que limitará sus controles al producto final. La medida genera incertidumbre en la vitivinicultura y entre los enólogos.
Enólogos mendocinos analizan con cautela la posible transformación del Instituto Nacional de Vitivinicultura.
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La vitivinicultura argentina atraviesa un momento de fuerte incertidumbre tras el anuncio realizado el 7 de julio por el Gobierno nacional. Mediante el decreto 462/2025, se confirmó un profundo recorte de funciones al histórico Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), medida que forma parte de la llamada “motosierra” con la que el oficialismo busca avanzar en la desregulación de distintos sectores productivos.
El INV, organismo encargado de la fiscalización y control de los vinos nacionales, verá reducido su rol a la etapa final del proceso productivo, lo que genera preocupación en enólogos, bodegueros y referentes de la industria.
El Gobierno sostiene que la reforma mejorará la eficiencia y reducirá costos, pero esta medida puede traer consecuencias a la industria. La decisión de trasladar muchas de sus facultades a la Secretaría de Agricultura reconfigura un escenario que, hasta ahora, contaba con un ente estatal con peso propio y autonomía para garantizar la genuinidad de uno de los productos más emblemáticos del país.
El decreto establece que varias de las funciones que históricamente estaban en manos del INV pasarán a depender de la Secretaría de Agricultura. Entre ellas, se destacan la aplicación de sanciones, la fiscalización de los productos vitivinícolas, la autorización a entidades públicas o privadas para ejercer controles y la posibilidad de celebrar convenios con las provincias para coordinar acciones.
Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, fue quien explicó la medida a través de su cuenta de X. Allí dijo que “la reforma fundamental es que el INV dejará de ejercer controles obligatorios sobre las etapas iniciales e intermedias del proceso productivo (como la propiedad de los viñedos, la cosecha, la elaboración, el fraccionamiento, el transporte), y se concentrará exclusivamente en el tramo final de la cadena, en la góndola, donde controlará la aptitud para el consumo y que los productos no estén adulterados ni manipulados de forma indebida”.
Sturzenegger remarcó además que, a partir de ahora, “las certificaciones de origen, añada y varietal pasarán a ser optativas, a disposición de los productores que las requieran, y podrán ser emitidas por el propio INV o por entidades privadas”.
Según el funcionario, este principio sigue la lógica de las reformas impulsadas por el presidente Javier Milei: “Que un trámite se pueda hacer en el sector público o en el sector privado. Esto obliga al regulador a ejercitar cierta ‘cordura’ que no necesita tener si los productores están obligados a recurrir en exclusiva al ente estatal”.
Pese a la profunda desregulación, el ministro aclaró que las certificaciones necesarias para exportación seguirán siendo competencia del INV, siempre que sean requeridas por los países de destino. “Que esto se mantuviera fue un pedido unánime de toda la industria y también del gobernador Alfredo Cornejo”, afirmó Sturzenegger, quien también destacó que se conservará el nombre del organismo por su valor simbólico para el sector vitivinícola.
Las repercusiones en Mendoza, una de las provincias dedicadas a la vitivinicultura argentina, no tardaron en llegar.
Enólogos de distintas bodegas compartieron su mirada sobre la reestructuración del INV, aunque todos coincidieron en un punto: la falta de información concreta y la necesidad de ser cautos antes de sacar conclusiones apresuradas.
Walter Bressia, reconocido enólogo y referente de la industria, señaló que el proceso no será inmediato: “En primer lugar, hay que tener en cuenta que esta reestructuración que se propone al INV no se va a producir de un momento a otro. Acá el Gobierno nacional incluyó al INV dentro de la reestructuración porque tenía una fecha límite que era el 9 de julio, que era el plazo máximo que le daba la ley Bases. Pero de ahí a implementar el nuevo esquema de funcionamiento del INV todavía va a pasar un tiempo”.
Bressia también remarcó la necesidad de un diálogo abierto entre el sector y el Estado para garantizar que los cambios no afecten la esencia de la actividad: “Vamos a interactuar con el Instituto Nacional de Vitivinicultura precisamente para tratar de que sea una industria mucho más ágil, que tengamos una actividad mucho más ágil, que sea más dinámica, que podamos bajar costos y que podamos funcionar con la garantía de la inocuidad del producto y también, digamos, de la genuinidad del producto. Eso va a estar garantizado”.
Por su parte, Alejandro Vigil, uno de los enólogos más influyentes, planteó un panorama de total incertidumbre: “La verdad es que es muy difícil saber porque tenemos que esperar la reglamentación de lo que va a suceder, por lo cual no te podría decir si va a ser más o menos competitivo, hay que esperar, hay que ser cautos. Creo que las medidas tienden a mejorar y agilizar, pero no tenemos la menor idea hacia dónde va”.
El enólogo David Bonomi hizo hincapié en la falta de información oficial, incluso dentro del propio INV: “No tenemos información y la verdad que estamos en contacto con el INV todos los días y también hay mucha incertidumbre. Me parece que este tipo de anuncios, que normalmente suele hacer el Gobierno Nacional, no está tan distante como lo era el anterior. Es decir, siempre hacen lo mismo, hay mucho anuncio y hay poco análisis. Siempre estamos en el medio los ciudadanos o las entidades que operan cosas que son tan importantes como la reglamentación de una industria que está funcionando”.
El enólogo insistió en que hasta el momento todo sigue igual en la operativa diaria de las bodegas y advirtió sobre la importancia de los controles actuales: “Hasta que no tengamos oficialmente esta información, seguimos operando de la misma forma, tanto para el mercado interno como para la exportación. Es más, aclaro algo, es extremadamente importante lo que el INV hace y emite en los certificados de calidad libre venta, de producto, de denominación y de la analítica que se requiere a través de un montón de datos químicos que tiene un vino y que con eso avala el ingreso sin tener que ser vuelto a analizar”.
Finalmente, Gustavo Rearte se mostró algo más optimista, aunque también advirtió que se trata de un proceso a largo plazo: “Considero que será un cambio que tomará un tiempo en asimilar y luego a evaluar si será beneficioso para los bienes argentinos. En principio pondrá el mayor ojo en las bodegas y en su honestidad en los vinos que elaboran, por lo que esto será más transparente para todo dentro de la industria”.
Rearte sostuvo que el impacto puede ser positivo si se logra agilizar la burocracia sin perder calidad: “Esperamos que el impacto sea beneficioso para la industria y que en términos de costos y asuntos administrativos, sea más ágil para poder conectar nuestros vinos con Argentina y el mundo de una forma más rápida”. Al igual que sus colegas, remarcó que por ahora todo sigue como siempre: “Venimos trabajando como siempre, nuestros representantes nos han pedido que sigamos los mismos protocolos de información y presentación, hasta que haya mayor claridad”.
