El oficialismo volvió a dictaminar el proyecto que habilita el pago de US$171 millones a dos fondos acreedores, tras la caída del tratamiento en el recinto por cambios técnicos de último momento.
Plenario de comisiones en el Senado.
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gentileza El oficialismo avanzó nuevamente en el Senado con el proyecto de ley que busca otorgar aval legal al acuerdo alcanzado por el Gobierno nacional con dos fondos acreedores remanentes del default de 2001. Se trata de un total de 171 millones de dólares.
La iniciativa obtuvo un nuevo dictamen este lunes en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía Nacional e Inversión, luego de que el tratamiento previsto la semana pasada fracasara en el recinto por modificaciones técnicas incorporadas a último momento.
El entendimiento contempla el pago de 67 millones de dólares a la firma Bainbridge Ltd. y otros 104 millones de dólares al grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP, como parte de una conciliación alcanzada en tribunales de Estados Unidos.
Según se explicó durante el debate legislativo, el acuerdo incluye una quita cercana al 30% respecto de los montos originalmente reclamados por los acreedores. Los fondos involucrados integran el grupo de holdouts que no ingresaron a los canjes de deuda realizados tras la cesación de pagos declarada por Argentina a fines de 2001.
Desde el Gobierno sostienen que la aprobación del proyecto permitirá dejar sin efecto medidas de embargo y acciones judiciales impulsadas en Estados Unidos contra activos soberanos argentinos, entre ellos acciones del Banco Nación y de Aerolíneas Argentinas.
El mecanismo de pago acordado se realizará mediante el sistema internacional denominado “Entrega contra Pago” (DVP), que libera los fondos en simultáneo con la cancelación de los bonos involucrados.
Además, el acuerdo establece que los acreedores asumirán los costos legales derivados del litigio y contempla una cláusula de “standstill”, que les impide iniciar nuevas demandas o interferir en operaciones financieras argentinas hasta completar la operación.
La semana pasada, el oficialismo tenía previsto aprobar el proyecto en el recinto del Senado durante la misma sesión en la que se votó la continuidad de Carlos Mahiques al frente de la Cámara Federal de Casación Penal. Sin embargo, la incorporación de adendas técnicas que modificaban decenas de artículos provocó cuestionamientos de la oposición y derivó en el regreso del expediente a comisión.
Durante el nuevo plenario, el procurador del Tesoro Nacional, Sebastián Amerio, explicó que las modificaciones se realizaron para corregir el listado de bonos incluidos en el acuerdo. “El bono fue informado sólo unos días antes de la sesión; se entiende que se trató de un error material de la parte”, sostuvo el funcionario.
Por su parte, el secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, José Ignacio García Hamilton, aclaró que la adenda reemplazó títulos que ya no estaban en poder de los acreedores por otros que sí integran actualmente la cartera de los fondos involucrados.
La Justicia de Estados Unidos había fijado originalmente el 30 de abril como fecha límite para validar el acuerdo, aunque el Gobierno de Javier Milei consiguió una prórroga hasta el próximo 30 de junio para completar el trámite legislativo.