La medida entra en vigencia este jueves 15 de enero y elimina el tributo del 8% que regía para los dispositivos extranjeros.
El Gobierno Nacional oficializará la eliminación total de los aranceles a la importación de teléfonos celulares.
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Imagen creada con Gemini A partir de este jueves, el mercado de la tecnología en Argentina vivirá un giro significativo. El Gobierno Nacional oficializará la eliminación total de los aranceles a la importación de teléfonos celulares, una medida que busca transformar el acceso a la conectividad en el país.
Hasta hoy, los dispositivos que ingresaban desde el exterior debían abonar una tasa aduanera del 8% (vigente desde mayo de 2025), un costo que, según el equipo económico, se trasladaba directamente al bolsillo de los usuarios.La administración central sostiene que esta apertura comercial no es solo una cuestión de precios, sino una herramienta de inclusión digital.
Al facilitar el ingreso de una mayor variedad de modelos y marcas, el objetivo es generar una presión competitiva que obligue a los comercializadores locales a ajustar sus márgenes.
Desde el Ministerio de Economía son optimistas: proyectan que la eliminación de la barrera arancelaria, sumada a la desregulación del sector, derive en un descenso del 30% en los precios finales al consumidor.
En un contexto donde el celular se ha convertido en una herramienta indispensable para el trabajo y la educación, el Gobierno argumenta que "no se puede gravar un bien que hoy es de primera necesidad". Con esta medida, se espera que las cadenas de retail y los operadores de telefonía comiencen a renovar sus catálogos con precios más cercanos a los valores internacionales, reduciendo la histórica brecha que separaba a la Argentina de los mercados vecinos.
Sin embargo, el anuncio no fue recibido con el mismo entusiasmo en todo el territorio. En la provincia de Tierra del Fuego, el polo electrónico más importante del país, la noticia cayó como un balde de agua fría. Para los sectores industriales y gremiales de la isla, la quita de aranceles representa una amenaza directa a la supervivencia del régimen de promoción económica.
Marcos Linares, secretario adjunto de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en Río Grande, fue contundente al expresar su rechazo: "Desde Nación hay una política que va directamente en contra de la producción nacional", advirtió. Las cifras respaldan su preocupación: el régimen industrial representa nada menos que el 78% de la economía fueguina.Empleo y conflicto social
La industria electrónica no es solo un indicador económico para la isla, sino su principal motor social. Actualmente, el sector genera 8.500 puestos de trabajo directos en las plantas de ensamblaje. La posibilidad de que los productos importados inunden el mercado a precios más bajos pone en jaque la competitividad de lo fabricado en el sur.
El clima de tensión no es nuevo. El año pasado, el gremio ya había lanzado un paro por tiempo indeterminado ante la incertidumbre sobre la continuidad de los beneficios fiscales y la estabilidad laboral. Con esta nueva resolución, los analistas prevén que la conflictividad gremial podría escalar en las próximas semanas si no se establecen mecanismos de compensación o transición para la industria local.
La gran incógnita que se despejará en los próximos meses es si la baja de precios efectivamente se concreta en los niveles prometidos por el Gobierno y si el mercado interno es capaz de absorber el impacto sin destruir el entramado industrial del sur. Por ahora, el consumidor celebra la posibilidad de renovar su tecnología a menor costo, mientras miles de familias en Tierra del Fuego observan con incertidumbre el futuro de sus fuentes de trabajo.