El Gobierno prepara una desregulación del mercado inmobiliario que apunta a reducir costos, flexibilizar controles y sumar competencia.
El Ejecutivo analiza cambios sobre honorarios, matriculación y plataformas digitales.
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La reforma inmobiliaria que prepara el Gobierno nacional ya genera debate dentro del sector. Federico Sturzenegger confirmó que el Ejecutivo enviará en junio al Congreso un paquete de medidas orientadas a flexibilizar la actividad, reducir costos en las operaciones y ampliar la competencia dentro del mercado inmobiliario.
La iniciativa pone el foco sobre los honorarios, la matriculación obligatoria y el avance de plataformas digitales y modelos Proptech. Aunque todavía no existe un proyecto oficial presentado, empresarios, economistas y referentes del corretaje comenzaron a discutir el impacto que podrían tener los cambios sobre las compraventas, los alquileres y la intermediación inmobiliaria.
Uno de los principales puntos que analiza el Gobierno es la eliminación de honorarios mínimos obligatorios y una flexibilización de los sistemas de matriculación profesional. La intención oficial apunta a reducir costos transaccionales y habilitar una mayor competencia entre inmobiliarias, plataformas digitales y nuevos operadores tecnológicos.
Durante un encuentro organizado por Reporte Inmobiliario en la UCA, Federico Sturzenegger aseguró que el objetivo pasa por eliminar “privilegios” y reducir barreras que, según su visión, hoy encarecen las operaciones inmobiliarias.
Desde distintos sectores inmobiliarios señalaron que una eventual apertura permitiría el ingreso de nuevos actores y modelos comerciales, además de acelerar la competencia dentro de la actividad. También remarcaron que parte de los costos que afrontan compradores, vendedores e inquilinos está vinculada a gastos administrativos, comercialización y escrituraciones.
Dentro del sector además sostienen que las herramientas digitales, los sistemas de reputación online y la trazabilidad de las operaciones comenzaron a ganar peso como mecanismos de validación y confianza para los consumidores, en paralelo al crecimiento de plataformas tecnológicas vinculadas al negocio inmobiliario.
Sin embargo, otros referentes del mercado advirtieron que una desregulación total podría generar riesgos vinculados a la seguridad jurídica y al control profesional de las operaciones. En ese sentido, remarcaron que las compraventas y alquileres involucran documentación, análisis patrimoniales, aspectos impositivos y responsabilidades legales que requieren supervisión técnica.
También existen sectores que consideran necesario avanzar hacia un esquema mixto, con mayor competencia y modernización, pero manteniendo estándares mínimos de idoneidad profesional dentro de la actividad inmobiliaria.
Mientras el Gobierno avanza con la reforma inmobiliaria, dentro del sector crece otra discusión: si la apertura del mercado realmente provocará una baja de honorarios y costos para los consumidores.
Desde distintos espacios vinculados a la actividad inmobiliaria señalaron que el debate no debería centrarse únicamente en las comisiones o regulaciones, sino también en problemas estructurales como la burocracia, las demoras administrativas y las dificultades de financiamiento para desarrollos y operaciones.
En paralelo, algunos referentes sostienen que el mercado inmobiliario argentino ya funciona bajo una lógica altamente competitiva, donde cualquier persona puede concretar operaciones de manera particular sin intermediación profesional.
Además, especialistas del sector relativizan la posibilidad de una caída fuerte de honorarios incluso en un escenario de mayor apertura. Según explican, las inmobiliarias con mayor trayectoria y mejores servicios probablemente mantengan sus estructuras de comisiones, mientras que la competencia terminará desplazando a los operadores menos eficientes.
Otro de los puntos que aparece en análisis es el avance de plataformas digitales y modelos tecnológicos aplicados al corretaje. En el mercado consideran que la digitalización continuará modificando la dinámica de las operaciones y profundizará la competencia entre inmobiliarias tradicionales, nuevos operadores y empresas Proptech.
Aun así, referentes del sector remarcan que muchos de los problemas que afectan hoy a la actividad inmobiliaria siguen vinculados a la carga burocrática y a las demoras estatales para aprobaciones y trámites administrativos, factores que impactan directamente sobre los costos y tiempos de las operaciones.