Fecovita debió pagar una deuda millonaria al Estado provincial

La Federación de Cooperativas Vitivinícolas (Fecovita) pagó al gobierno provincial una deuda de $ 72.318.226,58 y otra de $ 11.388.993,41 (en total $83,7 millones). Esos montos resultan de dos sentencias judiciales del gobierno contra Fecovita y están vinculados a la licitación de la ex Bodega y Viñedos Giol.

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En el decreto Nº1404 del ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia, publicado en el Boletín Oficial del viernes 9 de septiembre, el gobierno provincial aceptó una forma de pago propuesta por Fecovita, sin reducir valores de la multa y dando un plazo de 72 horas hábiles.

“Para el caso en que no se proceda a la efectiva acreditación del total de ambos montos en la forma y oportunidad indicadas, se procederá a efectuar el cálculo de los intereses que a cada una de las sumas corresponda”, se lee en el Boletín Oficial.

Además, se disponía que Fecovita cancelara cualquier pago que se encontrara a su cargo “en concepto de gabelas por la tramitación de los expedientes judiciales citados (Caja Forense, Tasa de Justicia y Colegio de Abogados)” y se informaba a los organismos competentes.

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El presidente de Fecovita, Rubén Panella, comentó a Los Andes que, tras un largo proceso que incluyó varias instancias judiciales, decidieron aceptar el último fallo: “El tema viene desde la época de la privatización. Como la provincia no podía entregar las marcas y Fecovita no podía hacer uso de ellas, no se hicieron algunos pagos. Después cuando las entregaron se pagó, pero entonces el gobierno reclamó intereses previos”.

“Nosotros creíamos que nuestra postura era la correcta y fuimos a distintas instancias, pero no vamos a objetar la última sentencia. Yo personalmente sigo pensando que no correspondía ese pago, pero la decisión fue pagar y cerrar un tema que viene desde hace varios años”, afirmó Panella.

Un largo camino

El tema comenzó en el año 1988, cuando el Poder Ejecutivo dispuso la venta por licitación de la entonces empresa estatal Bodegas y Viñedos Giol. Quien licitara, debía adquirir la Unidad de Fraccionamiento y Comercialización (UFC) y las marcas.

Fecovita y Cubas de Roble (empresa que luego desapareció) se presentaron como oferentes solidarios y se estableció el pago de la UFC en diez cuotas anuales actualizadas por el valor del vino con dos años de gracia. Sin embargo, Bodegas Giol no pudo cumplir con su obligación de transferir las propiedades en el plazo indicado, e incluso la última propiedad logró transferirse prácticamente diez años después.

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Según se detalla en la causa, comenzaron un ida y vuelta de acuerdos entre la empresa cooperativa y el gobierno con respecto a pagos y plazos. Por ejemplo, en diciembre de 1992, cuando aún no se habían escriturado las propiedades transferidas, se firmó un convenio para el pago de la primera cuota. Cuatro años después, tampoco se habían realizado las transferencias, así que el se trabajó en otro convenio a fines de 1996.

Por otro lado, estaba el tema de las marcas, donde también estuvieron involucradas entidades como el Banco de Mendoza y el ente de Fondos Residuales Banco de Mendoza y Previsión Social. Por mencionar uno de varios problemas, resultó que Bodegas Giol y Banco Mendoza había omitido inscribir la marca “Toro Viejo”, así que no se podían transferir a Fecovita.

Ya en el nuevo milenio, en 2016 la justicia rechazó una demanda de Fecovita contra el gobierno de Mendoza. Por el contrario, en ese dictamen dio lugar a una demanda del gobierno contra la federación por la falta de pagos vinculados a intereses moratorios, punitorios y compensatorios respecto a la compra de la UFC.

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La historia continuó con reclamos y otras instancias judiciales, pero finalmente Fecovita aceptó el pago de las multas actualizadas (por el mencionado valor de $ 83,7 millones) y acordó con el gobierno la forma de pago. Desde Fiscalía de Estado confirmaron a este medio que el pago ya se hizo efectivo.

Inspecciones en Argentina por la denuncia sobre mosto

Otro tema en el que trabaja Fecovita es la denuncia que hizo una empresa estadounidense, Delano Growler Grape Products LLC, al sector mostero argentino, acusándolo de vender por debajo de los costos gracias a subsidios estatales y a la práctica de dumping. La denunciante hizo hincapié en la federación de cooperativas y en Cepas Argentinas.

A inicios de septiembre se dio a conocer el dictamen preliminar del Departamento de Comercio de Estados Unidos sobre los supuestos subsidios y se está a la espera de otro documento, sobre dumping. De todos modos, las empresas argentinas todavía tienen hasta mediados de mes para responder a un pedido de información, así que no es seguro que el segundo dictamen preliminar salga pronto.

Ante la consulta por cómo avanza el tema, Fernando Morales, presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes y Exportadores de Mosto de Uva (Cafem) comentó que aún no había novedades judiciales. Para Morales, que a su vez es director comercial y de asuntos institucionales de Cepas Argentinas, lo más probable es que el dictamen preliminar por dumping esté hacia fines de octubre.

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Rubén Panella comentó que recibirán una visita de Estados Unidos para hacer inspecciones, pautada entre el 30 de octubre y el 7 de noviembre, donde conocerán al sector argentino. Además, el presidente de Fecovita criticó que en el dictamen preliminar de subsidios se mencionara la exención del pago de impuesto a las ganancias a las cooperativas como una ventaja, ya que pagan otros tributos y los socios de cooperativas sí pueden verse afectados por ganancias de manera personal.