La iniciativa del Gobierno deberá atravesar el debate legislativo, atado a las alianzas del oficialismo, y luego dependerá también de la adhesión de las provincias para la implementación.
El Gobierno envió al Congreso el proyecto de "Súper RIGI"
Foto:
El Poder Ejecutivo oficializó este martes el envío al Congreso del proyecto del llamado “Súper RIGI”, un nuevo régimen de promoción destinado exclusivamente a inversiones de gran escala en industrias que hoy no existen o tienen un desarrollo experimental en la Argentina. La iniciativa establece beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios por 30 años para proyectos de al menos USD 1.000 millones.
El esquema, denominado oficialmente “Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias”, tendrá una vigencia inicial de cinco años y buscará atraer empresas vinculadas a sectores tecnológicos y estratégicos como inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada, infraestructura digital, hidrógeno verde y reactores nucleares modulares.
A diferencia del RIGI original impulsado por el gobierno de Javier Milei, este nuevo régimen estará limitado a actividades “que no se desarrollen, produzcan ni presten actualmente en el país”, según el texto enviado a la Cámara de Diputados. También excluye expresamente ampliaciones o reconversiones de industrias ya existentes.
Para acceder a los beneficios, las compañías deberán crear un “Vehículo de Proyecto Único” (VPU), es decir, una sociedad dedicada exclusivamente a cada emprendimiento. Además, tendrán que invertir al menos el 20% del monto comprometido dentro de los primeros dos años.
Entre los principales incentivos aparece una reducción del Impuesto a las Ganancias al 15%, bastante por debajo de la carga general y también inferior al 25% previsto en el RIGI tradicional. A eso se suman amortización acelerada, deducción ilimitada de quebrantos y una baja en el impuesto a dividendos, que caería al 3,5% después de cuatro años.
El proyecto también otorga ventajas cambiarias progresivas. Las empresas podrán disponer libremente del 20% de las divisas generadas por exportaciones en el primer año, del 40% en el segundo y del 100% desde el tercero.
Además, se eliminan derechos de importación y exportación vinculados a los proyectos adheridos y se garantiza estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria durante tres décadas. El texto incluso habilita la posibilidad de acudir a arbitrajes internacionales en caso de conflictos con el Estado.
Uno de los puntos más sensibles del proyecto aparece en el vínculo con provincias y municipios. Para que un emprendimiento pueda adherirse al régimen, las jurisdicciones deberán aprobar expresamente su adhesión y comprometerse a no imponer cargas que alteren los beneficios nacionales. El texto advierte incluso que cualquier norma local que contradiga esos incentivos podrá considerarse “nula de nulidad absoluta”.
Desde el Ejecutivo argumentaron que el nuevo esquema busca “un instrumento superador” al RIGI vigente, orientado específicamente a industrias de alto valor agregado y desarrollo tecnológico.
Entre los sectores mencionados como potenciales beneficiarios aparecen proyectos de litio y fabricación de baterías, plantas de GNL, producción de paneles solares, turbinas eólicas, vehículos eléctricos, desarrollos aeroespaciales, fertilizantes, petroquímica avanzada y la cadena de valor del uranio.
El proyecto de ley de lobby apunta a regular las interacciones entre actores privados y funcionarios públicos en los procesos de toma de decisiones del Estado.
En tanto, el vinculado a la ludopatía apunta a regular y prevenir el juego problemático, un tema que viene ganando presencia en la agenda del Congreso por el crecimiento de las apuestas online entre jóvenes.