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Aunque el Ejecutivo provincial había apostado a remitir el anteproyecto del Código de Aguas a la Legislatura antes de que terminara 2024, diversas entidades plantearon sus reparos a la propuesta. Sergio Marinelli, superintendente general de Irrigación, indicó que recién lo harán en los primeros meses de 2025.
La semana que viene cierra el proceso participativo en el que los interesados podían realizar aportes al texto del anteproyecto a través de una plataforma virtual. Sin embargo, en forma paralela, diversas entidades convocaron reuniones con técnicos y autoridades de Irrigación en los últimos meses, para salvar dudas y plantear inquietudes.
Marinelli comentó que la plataforma ha estado 90 días disponible (con una prórroga), pero que no ha habido demasiada participación, por lo que el proceso se cerrará el 15 de octubre. En los primeros días de noviembre, los consultores contratados entregarán el anteproyecto, en el que deberán hacer referencia a qué oposiciones y aportes tuvieron en cuenta para la renovada redacción, incluidos los que surgieron en las reuniones.
Este nuevo texto será revisado por otro grupo de expertos y se realizará un “control de cambios”, en una nueva ronda de encuentros en el territorio, con las asociaciones, para analizar qué contempló de las objeciones y las sugerencias realizadas. El objetivo es que, sin perder la esencia original de la iniciativa, se pueda alcanzar el mayor consenso posible cuando se presente en la Legislatura, a principios de 2025, “si el clima social lo permite”.
El superintendente señaló que hubo varias entidades que manifestaron que se oponían al código, pero por su redacción, cuando en realidad sí están de acuerdo con que exista uno y sólo se oponen a determinados artículos, que aseveró no son más de siete u ocho. Consideró que algunos se han interpretado mal y que esto puede responder al modo en que fueron redactados. Por eso, entendieron que, si se modifican ciertos aspectos razonables y que no afectan la esencia, el proyecto tendrá un amplio apoyo.
Uno de los más resistidos es el artículo que plantea que el Gobernador puede cambiar el orden de prioridades establecido para el uso del agua, en el que primero está el consumo poblacional, luego el arbolado público y el agro, y en último lugar, la minería. Marinelli explicó que, cuando uno analiza todo el código, sólo se puede modificar cuando hay excedentes y está garantizado la demanda de los derechos definitivos y eventuales, como también los permisos precarios.
Recién entonces, en función de los pedidos, se determina a quién le corresponde. Y resaltó que esto ya sucedió durante su gestión, cuando había un cupo de agua disponible y, en lugar de destinarlo a una plantación de viñedos en la margen derecha del río Mendoza, se le dio a una fábrica de papas, por evaluar los beneficios socioeconómicos.
Sin embargo, muchos han interpretado que esto está pensado para la minería, cuando, en un contexto de disminución de las nevadas -el Ianigla anticipa que, para 2050, habrá de 20 a 30% menos de precipitaciones en alta montaña-, es difícil que esto suceda y aún más que un emprendimiento minero decida realizar una inversión con un permiso precario por cinco años (que es el período que toman los balances hídricos).
