El Ministerio de Capital Humano afirmó que la orden judicial de reponer casi un millón de planes sociales tiene consecuencias "graves" sobre el presupuesto.
El Gobierno suspendió dos planes sociales tras el fallo que lo obliga a restituir casi un millón de planes.
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El Gobierno de Javier Milei anunció este miércoles una reconfiguración de sus metas sociales tras recibir un duro revés judicial. A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, informó que no podrá ejecutar dos programas que consideraba estratégicos: la doble escolaridad primaria en escuelas vulnerables y los vouchers de formación laboral.
La decisión oficial es una respuesta directa al fallo del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien ordenó al Estado restituir de forma inmediata el pago del programa "Volver al Trabajo" (VAT) a un total de 951.871 beneficiarios en todo el país.
Desde la cartera de Capital Humano sostuvieron en un comunicado que la obligación de pagar la prestación de $78.000 a casi un millón de personas, en un plazo de tres días, genera "graves consecuencias sobre la gestión ministerial".
El Gobierno defendió la baja del programa VAT argumentando que el mismo había cumplido su plazo de vigencia de dos años. Según la visión oficial, la intención era reemplazar la asistencia directa por un sistema de "voucherización" educativa y laboral, buscando eliminar la intermediación de las organizaciones sociales.
"Lamentablemente no podrán llevarse a cabo dos políticas prioritarias y planificadas: los vouchers de formación laboral ni la doble escolaridad primaria en escuelas vulnerables de todo el país", dice el ministerio.
La medida judicial surge a raíz de una acción colectiva promovida por trabajadores de la economía popular el pasado 13 de abril, apenas seis días después de que el Gobierno anunciara el fin del programa. Los demandantes denunciaron que la quita de la asignación implicaba un "recorte del salario".
Las reacciones no tardaron en llegar La UTEPpublicó un comunicado señalando que el fallo "es un límite contundente al plan de miseria planificada" del Gobierno.
Por su parte, el dirigente Juan Grabois, calificó el fallo como un "acto de justicia franciscana en medio de tanto sadismo anarcocapitalista".