La Justicia no sólo había impuesto una medida cautelar de no innovar para el INTA, sino que, el martes, fijó que debía pagar una multa de $10 millones diarios.
El Gobierno nacional tuvo que dar marcha atrás, por orden de la Justicia, a los despidos en el INTA
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Gentileza La semana pasada, el Ministerio de Economía emitió una resolución en la que despedía a unos 300 trabajadores del INTA, casi 50 del INV y unos pocos más del Inase. Sin embargo, tuvo que dar marcha atrás con las desvinculaciones de los empleados del INTA, por decisión de la Justicia.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) había presentado un pedido de no innovar, por los cambios del decreto 462/2025, de los primeros días de julio, que había fijado que el INTA -y otros organismos descentralizados- pasaran a formar parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, del Ministerio de Economía.
El juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín, número 2, dispuso, el 20 de agosto, que el Estado nacional "deberá abstenerse de ejecutar cualquier acto administrativo que derive de la aplicación del decreto 462/2025, incluyendo reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o supresión de estructuras vinculadas al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Esto, por el plazo de 6 meses a partir de la notificación de la resolución judicial.
Pese a esto, el jueves 22, apenas una hora después de que el Senado ratificara el veto de Diputados al decreto, el ministro Luis Caputo emitió una resolución en la que pasó a disponibilidad a 300 empleados del INTA Buenos Aires y Castelar.
Este martes, el mismo juzgado ratificó y amplió la medida cautelar, y dispuso que el Gobierno nacional debía pagar una multa de $10 millones cada día de incumplimiento. Por eso, esta mañana, desde el Ministerio de Economía se le envió una notificación al director del INTA, Nicolás Bronzovich, para que acate lo dispuesto por la Justicia.
El Instituto Nacional de Vitivinicultura también fue incluido en el decreto 462/2025 y no sólo pasó a depender de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, sino que se establecieron diversos cambios en su funcionamiento y en los controles que están facultados a realizar los inspectores. Asimismo, la resolución de Caputo causó el pase a disponibilidad de 49 empleados, de Mendoza.
Consultado sobre si también se dio marcha atrás con estos despidos, el delegado gremial de ATE en el INV, Gonzalo Pérez Catón, mencionó que están esperando la respuesta de la Justicia al pedido de no innovar, que fue presentado después que el del INTA. Y sumó que no hubo ninguna notificación del Ministerio de Economía al titular del organismo (como sucedió con el INTA).
El pase a disponibilidad obliga a los trabajadores mencionados a estar a disposición del organismo por un plazo máximo de un año, pero con cobro de haberes reducidos y terminación del contrato pasado ese tiempo. De momento, y hasta que se resuelva la acción de amparo, los empleados han seguido asistiendo a sus puestos de trabajo.
Desde los gremios insisten en que la medida es ilegal, porque la resolución del Ministerio de Economía fue emitida luego de que el Senado rechazara el decreto. De ahí que los despidos carezcan de validez, pero como fueron ordenados antes de que el Ejecutivo fuera formalmente notificado, los obliga a recurrir a la Justicia.
Si bien no existe otra instancia a la que el Gobierno nacional pueda recurrir después del veto del Congreso para evitar que los organismos vuelvan a ser descentralizados, hasta ahora no ha habido una notificación a los directores del INV y del INTA de que deben reestablecer la estructura anterior.
Esto está teniendo un impacto en el funcionamiento operativo, como la paralización de las investigaciones en el INTA, porque el instituto no dispone de una caja propia para afrontar ciertos gastos pequeños y cotidianos. En cambio, todo debe ser autorizado desde el Ministerio de Economía.
En el caso del INV, algunas de las modificaciones que estableció el decreto 462/2025 fueron celebradas por sectores de la industria vitivinícola, porque implicaban una reducción de los controles y la burocracia. Pero también había dudas sobre cómo iban a aplicarse en la práctica.
La normativa planteaba que el organismo dejaba de ejercer controles obligatorios sobre las etapas iniciales e intermedias del proceso productivo (como la propiedad de los viñedos, la cosecha, la elaboración, el fraccionamiento y el transporte), para concentrarse exclusivamente en el producto final y controlar la aptitud para el consumo y que no exista adulteración ni manipulación.
Sin embargo, desde ciertas cámaras plantearon que había que analizar cómo iba a impactar esta falta de control productivo en el sector primario y de qué manera se iba a asegurar la genuinidad del vino. También, como se abría la posibilidad de que entidades privadas realizaran ciertos análisis, se preguntaban bajo qué parámetros se iba a habilitar a un laboratorio privado a otorgar estas certificaciones.
Para avanzar en la definición de algunos de estos aspectos, previo a la reglamentación del decreto, representantes de la industria habían comenzado a reunirse con autoridades nacionales para analizar el tema. Ahora habrá que esperar a que se conozca cuál será el impacto de la no vigencia del decreto en las modificaciones. Entre tanto, una nueva temporada se acerca y las bodegas siguen fraccionando.