El bono de fin de año generó rechazo entre los empresarios y los movimientos sociales

La decisión del Poder Ejecutivo no dejó conforme a ninguna de las partes. La CGT esquivó un pronunciamiento taxativo.

El bono de fin de año generó rechazo entre los empresarios y los movimientos sociales
Las ministras de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Raquel "Kelly" Olmos anunciaron bonos de fin de año para trabajadores y beneficiarios de Potenciar Trabajo. / Foto: Captura de video

El anuncio del pago de un bono como refuerzo de fin de año para asalariados de bajos ingresos y beneficiarios de planes sociales no dejó conforme a nadie. Los empresarios consideran que es un costo adicional difícil de afrontar en este momento, para los movimientos sociales es insuficiente, y la CGT evitó pronunciarse porque, si bien esmerila su poder de negociación, resultaría antipático criticarlo por el simple hecho de no haber sido los generadores del beneficio.

En este cocktail de argumentos de un lado y del otro se encuentra la explicación de por qué el Gobierno esperó hasta último momento para tomar la medida.

La falta de consenso entre todos los actores despertó una ola de críticas, que finalmente promete más de una discusión al momento de tener que pagarse.

Las primeras reacciones se detectaron en las redes sociales cuando pequeños empresarios, dueños de emprendimientos de menor escala, y comerciantes, entre otros, reaccionaron inmediatamente en forma airada quejándose por la obligación impuesta sobre la misma fecha que deben pagarse los aguinaldos.

Con la resonancia de la web a máxima escala aparecieron las entidades de empresarios a hacer ver en forma institucional.

La Unión Industrial Argentina (UIA) dijo estar “preocupada” por el impacto que la medida tendrá en un sector en el que a través de 800 convenios colectivos el salario logró situarse “un 40% por encima del promedio nacional”.

“Durante 2022, las negociaciones paritarias se han reabierto y han funcionado como un mecanismo eficaz para dar respuesta al problema de la inflación”, recalcaron.

En similar sentido se pronunció la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), que si bien dijo “comprender la motivación de la decisión” reivindicó a las paritarias como el mecanismo para fijar ajustes en las remuneraciones.

En esa línea calificó que resulta “una dificultad significativa para numerosas firmas, particularmente las pymes, que cuentan con menor margen para hacerse de liquidez”.

Por su parte, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) también utilizó el término “preocupación” para definir la situación del sector por el pago del bono obligatorio.

“Es claro que nuestros colaboradores perdieron poder adquisitivo por la inflación. Pero el marco correcto para recuperarlo son las paritarias”, señaló en consonancia con las demás entidades.

La Federación Comercial (Fedecom) de Córdoba tuvo conceptos similares, tanto por el momento en que debe abonarse como por el monto.

Fedecom reclamó pueda deducirse de las cargas patronales la totalidad de los $ 24.000 a pagar y no sólo el 50% como fija el Decreto de Necesidad y Urgencia dictado por el Gobierno.

Por su parte, los representantes sindicales evitaron tomar una posición pública y orgánica y sólo hubo respuestas de compromiso, con bajo perfil. Los capos sindicales querían seguir manteniendo el monopolio de la conquista salarial y la medida los deja en un lugar incómodo, dado que no la pueden cuestionar y la aceptaron a regañadientes.

Por otra parte, se da la paradoja que los afiliados de los gremios más emblemáticos -y que habían peleado por la medida tal el caso de Camioneros- no cobrarán el adicional ya que cuentan con sueldos por encima del tope establecido de tres salarios mínimos.

El bono para los beneficiarios de los planes sociales no corrió mejor suerte. Referentes como Juan Grabois o Eduardo Belliboni del Polo Obrero lo fustigaron con crudeza.

Grabois lo consideró “una burla” y un “escupitajo a los pobres”, mientras que Belliboni afirmó que “es una miseria pagada con la baja de miles de planes a los pobres”.

Frente a estas calificaciones se sucedieron las marchas en la ciudad de Buenos Aires solicitando mejoras.

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, admitió que la suma podía reconocerse como “baja”, pero se escudó en la restricción presupuestaria: “Es lo que podemos dar”.

En conclusión, el Gobierno demoró los anuncios más de lo conveniente desde el punto de vista financiero para las empresas generando un cuello de botella que les costará cumplir y no dejó satisfecho a ninguno de los sectores con los que pretendía congraciarse. Algo así como un tiro en el pie.

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