Tras 32 años de control, el Gobierno nacional puso fin a una normativa que exigía a las escuelas privadas pedir autorización para aumentos.
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El gobierno de Javier Milei dispuso la desregulación de los aranceles en los colegios privados, al derogar el decreto N° 2.417/1993, una norma que durante 32 años reguló el sistema de cuotas y la relación entre el Estado y los institutos de educación pública de gestión privada en Argentina.
Así quedó definido en el decreto N° 787/2025, que implica un cambio en el esquema de control estatal sobre los precios de las cuotas y matrículas que cobran los colegios privados, al eliminar la obligación de comunicar anticipadamente los montos y de obtener autorización previa.
Esto no aplica en instituciones educativas que se rigen bajo los subsidios que cada Estado provincial aplica sobre el valor del arancel mensual: se mantienen de igual forma las autorizaciones de aumentos y precios.
De acuerdo a lo justificado por el Gobierno nacional, la normativa derogada “presentaba limitaciones y requerimientos que dificultaban la adaptación de los institutos de enseñanza pública de gestión privada a las realidades educativas y económicas del país”.
El sistema ahora modificado había sido instaurado en los años 90, cuando respondía a un contexto en el que la administración de la educación dependía del Gobierno nacional. Con la transferencia de competencias a las provincias, el Ejecutivo considera que “corresponde revisar el marco normativo existente para favorecer un entorno más propicio para la gestión de los establecimientos educativos de gestión privada, garantizando así la sostenibilidad de su labor y el derecho a la educación de calidad”.
La exigencia de informar y autorizar los valores de matrícula y cuotas con antelación “limita su capacidad de adaptación a las fluctuaciones del mercado, impidiendo que estos ajusten sus precios en función de la realidad económica y los costos operativos”.
Además, creaba "una situación de incertidumbre económica para los institutos, que solían fijar cuotas más elevadas de lo necesario por temor a enfrentar costos que no puedan ser cubiertos sin aprobación estatal”.
