La medida busca unificar criterios de prevención, intervención y seguimiento en todos los establecimientos educativos de la provincia. También incluye pautas para prevenir el ciberbullying
Cada escuela deberá designar referentes de convivencia escolar y registrar los casos en el sistema GEI.
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La Dirección General de Escuelas (DGE) aprobó este martes un nuevo Protocolo de procedimientos ante situaciones de bullying que será de aplicación obligatoria en todos los establecimientos educativos públicos y privados de Mendoza. La medida fue oficializada mediante la Resolución 5679, firmada por el director general de Escuelas, Tadeo García Zalazar
La medida busca unificar criterios de prevención, intervención y seguimiento frente a los casos de acoso escolar y dotar al sistema educativo provincial de herramientas “claras, útiles y concretas” para abordar este tipo de situaciones.
Según detalla la resolución, la creación del protocolo “resulta jurídicamente adecuada e imprescindible para el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes”, al tiempo que responde a la necesidad de fortalecer la convivencia escolar como parte de la formación ciudadana.
El documento cuenta con un anexo de más de 30 páginas donde se desarrolla un enfoque pedagógico e institucional de la problemática, acompañado de formularios y planillas para el registro y seguimiento de cada caso.
El protocolo parte de una mirada relacional de la violencia entre pares en el ámbito escolar. Desde esta perspectiva, el bullying no se concibe como un conflicto entre individuos aislados, sino como una manifestación de dinámicas colectivas e institucionales que requieren intervención pedagógica y acompañamiento de los adultos responsables.
La guía propone un modelo de abordaje en tres niveles: prevención (prevención primaria), intervención (prevención secundaria) y posvención (prevención terciaria).
Este esquema se alinea con la Guía Federal para la Intervención Educativa en Situaciones Complejas y busca que las escuelas trabajen de manera sistemática en la construcción de entornos respetuosos y seguros para todos los estudiantes.
Además, el documento define al bullying como una forma de violencia sostenida en el tiempo, basada en una relación de poder asimétrica entre dos o más estudiantes.
El texto aclara que no toda agresión o conflicto entre pares constituye acoso escolar, pero enfatiza que toda situación que genere daño o sufrimiento debe ser abordada sin minimizar sus consecuencias.
En la etapa de prevención primaria, la DGE propone que las escuelas incorporen la convivencia como eje pedagógico dentro de sus Proyectos Educativos Institucionales (PEI). También se recomienda crear comités de convivencia estudiantil, promover la educación emocional y fomentar la empatía, la comunicación respetuosa y la resolución pacífica de los conflictos.
Otro aspecto central es la designación de referentes de convivencia escolar en cada institución. Estas personas, docentes o integrantes del equipo directivo, deberán recibir formación específica y serán responsables de activar el protocolo, analizar las situaciones reportadas y coordinar las acciones de acompañamiento.
En cuanto a la intervención, el documento establece ocho pasos que van desde la identificación del caso hasta su cierre. Incluyen la documentación del hecho, entrevistas con los estudiantes involucrados y sus familias, elaboración de un plan de acción inmediato y seguimiento quincenal del caso.
El protocolo también prevé instancias de derivación a los Servicios de Orientación Escolar (SOE) o a la Dirección de Apoyo Escolar (DAE), y la eventual comunicación con la Asesoría de Menores o el Ministerio Público Fiscal en los casos graves o muy graves.
Los niveles de gravedad se clasifican en cuatro categorías leve, moderado, grave y muy grave con criterios de evaluación que consideran la frecuencia, la intensidad, la duración y el impacto emocional o social del acoso.
Las conductas más severas, como el ciberbullying persistente, las amenazas o las agresiones físicas graves, implican intervención inmediata de la dirección escolar y denuncia a los organismos competentes.
El protocolo subraya la presencia activa y comprometida de los adultos en los espacios escolares como una condición indispensable para prevenir y detener el acoso entre pares. Según el texto, la escuela debe ser un lugar seguro y de contención, donde los niños, niñas y adolescentes puedan expresar lo que les sucede y confiar en que serán escuchados y acompañados.
También se destaca el principio de corresponsabilidad familiar, en línea con la Ley Nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Las familias de los estudiantes involucrados deberán participar en las reuniones, acompañar las medidas acordadas y reforzar en el hogar los valores y normas de respeto promovidos en la escuela.
El documento incluye además un apartado específico sobre violencia digital o ciberbullying, que advierte sobre las particularidades del acoso en entornos virtuales y promueve la educación digital responsable como parte de la convivencia escolar.
La tercera etapa, denominada posvención, apunta a consolidar una cultura institucional del buen trato y a evitar la repetición de episodios similares. Para ello, se recomienda realizar espacios de reflexión grupal, reforzar las normas de convivencia, fomentar la acción colectiva frente a situaciones de maltrato y aplicar encuestas bianuales anónimas para medir la percepción de seguridad dentro de las escuelas.
La DGE dispuso que el protocolo y sus instrumentos complementarios como la Hoja de registro de caso, la Plantilla de seguimiento y el Memorando de entrevistas para que se incorporen en el sistema de Gestión Educativa Integral (GEI), dentro del módulo “Situaciones Emergentes”, con el fin de documentar y dar trazabilidad a cada intervención.
Con esta resolución, el sistema educativo mendocino suma una herramienta formal para prevenir y abordar de manera integral el acoso escolar, fortaleciendo el rol pedagógico de las escuelas y la articulación entre docentes, familias y organismos de protección de derechos.