Aparecen las voces a favor y en contra de los aportes obligatorios de Coviar. ¿Cómo sigue la rosca en la industria?
Un proyecto de ley busca derogar a Coviar.
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Gentileza La pelea por el aporte obligatorio de Corporación Vitivinícola Argentina ya llego al Congreso Nacional. Es que el diputado nacional, Damián Arabia (PRO), presentó un proyecto de ley para derogar la ley 25.849, que dio origen a la (COVIAR), al considerar que se debe "terminar" con los aportes compulsivos a cámaras.
"La asociación es un derecho, no una obligación. Tenemos que trabajar por una agenda de modernización, simplificación y desregulación. La Argentina necesita ganar competitividad bajando costos y permitiendo la libre asociación entre privados", dijo en la red X.
Desde Coviar, Fabián Ruggeri, miembro de la institución, salió al cruce con declaraciones tajantes: “La verdad que no es nada nuevo. Sabemos perfectamente que había posibles embestidas desde un grupo de la política que tiene una visión fundamentalista de lo que significa un aporte obligatorio”.
Para Ruggeri, el tema es más ideológico que técnico. “Esto no es un pensamiento propio de estas personas. Realmente tienen un desconocimiento absoluto de lo que es la vitivinicultura y de la institucionalidad que le brinda la COVIAR”, advirtió. Y agregó que estas ideas suelen ser impulsadas “desde sectores que no están a favor de la COVIAR y que tienen acceso a determinados puntos políticos a nivel nacional”.
El dirigente defendió el aporte económico que realizan los actores del sector como “insignificante”, en comparación con otras cargas impositivas: “Son centavos de peso por litro de vino, realmente es insignificante. No es algo que salió de dos iluminados ni que la industria no lo supiera. Todas las entidades, cuando se formó la COVIAR, decidieron establecerlo por ley”.
Frente al escenario político actual, Ruggeri sostuvo que la institución ya está en movimiento para garantizar su continuidad. “Venimos trabajando desde hace muchísimo tiempo, y muy fuerte desde que asumió el nuevo gobierno, explicándole qué es la COVIAR, qué es la institucionalidad, y qué es lo que da y lo que no da la COVIAR”, señaló.
El debate en torno a la COVIAR gira, en esencia, en dos ejes: si el aporte debe ser obligatorio o voluntario, y cómo se gestiona el destino de esos fondos, algo que alguna de las instituciones que están dentro de la corporación critican a puertas cerradas.
Rodolfo Vargas Arizu, ministro de Producción de Mendoza, ofreció una visión más amplia y cautelosa. “Hay mucho ruido dentro de la vitivinicultura con COVIAR. Hay gente a favor, gente en contra. Es una realidad”, reconoció. Y añadió: “Es real que hay que bajar tasas, cargas. También es cierto que la vitivinicultura es compleja. Es una forma de vida, no es sólo un negocio. Es un negocio muy amplio que engloba a mucha gente”.
Vargas Arizu remarcó que el debate debe darse con profundidad y consenso: “Nosotros, como gobierno, que vemos la universalidad del proceso, la ruralidad, muchas dimensiones, éramos más prudentes en ver qué se hacía, cuándo se hacía y si se hacía. En esto hay un diputado que ha metido el tema y no nos parece mal, pero lo bueno es que ahora se debata en un parlamento”.
El ministro criticó, sin embargo, la falta de diálogo previo a la presentación del proyecto: “Lo que no me pareció es que lo haya presentado sin consulta. ¿A quién consultó? Aquí en Mendoza yo no he visto a nadie que lo haya consultado. Posiblemente haya hablado de algún tema de regulación, pero debería haber dicho ‘¿qué opinan de esto?’, porque hay que tener algunos cuidados”.
Además, explicó que hoy el sistema implica varios pagos a lo largo de la cadena: “Se paga en varios procesos: paga el productor, paga el industrial, paga el que vende vino, el que exporta. Y después tiene trabas con el INV: si no pagás, no podés exportar porque traban la salida del producto. Los libros de circulación tienen consecuencias”.
Para el funcionario, el centro del debate debería ser cómo aliviar la carga sobre el productor, sin desatender la necesidad de tener una visión estratégica común. “Hay que aliviar al productor, en eso estamos. Yo, como industrial –sin ser ministro– diría que está bien (discutirlo). Y siendo ministro hay que ser prudente porque hay que ver la universalidad de los procesos”, concluyó.
Mario Abed, intendente de Junín sostuvo: "me parece que es un buen proyecto que se puede mejorar", afirmó el intendente del Este mendocino. Y agregó: "Hoy sufrimos muchísimo los embates de los impuestos. En este caso es un servicio que podría ser optativo". Para Abed, el hecho de que los aportes obligatorios sean reemplazados por una adhesión voluntaria podría ser una vía para avanzar. "Cuando dije la palabra ‘mejorar’, me refería a que deberemos leer todo el proyecto para ser responsables. Hacerlo optativo me parece que sería una buena opción", insistió.
En la misma línea, Raúl Rufeil, intendente de San Martín, destacó la importancia de revisar los mecanismos actuales de financiamiento del organismo. “Nada que sea coercitivo es bueno”, sostuvo. Y fue más allá al afirmar que “mejorar significa un plan estratégico que tenga la voluntad de cada uno de los productores, de los pequeños bodegueros también, que tengan una participación pero que no sea en forma coercitiva”.
El proyecto propone derogar la ley que en 2004 creó la COVIAR, encargada de ejecutar el Plan Estratégico Vitivinícola 2020 –actualizado luego al 2030– y coordinar acciones entre el sector público y privado. Sin embargo, las críticas apuntan, principalmente, al carácter obligatorio de las contribuciones que deben realizar los productores, bodegueros y exportadores para sostener el funcionamiento de la entidad.