Mendoza fue pionera en crear la ley de transparencia fiscal para diferenciar los impuestos en los tickets, pero todavía no reglamenta la ley. Las que sí lo hicieron.
Es ley el Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor: los tickets deberán discriminar los impuestos a pagar (Foto ilustrativa)
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El debate por la carga impositiva no pierde espacio en la agenda pública y mientras no cesan los reclamos de adecuar las cargas tributarias a los países vecinos, se realizan acciones que van en línea con esta idea. Esta semana –en el marco de la primera Reunión Anual de la ONG Lógica-se unieron las tres provincias argentinas que avanzaron de hecho con la reglamentación del régimen de transparencia fiscal al consumidor.
De este modo Entre Ríos, Ciudad de Buenos Aires y Chubut son pioneras en diferenciar sus impuestos provinciales en los tickets de compra, tal como ya se hace con el IVA a nivel nacional. Tanto esta medida como la de discriminar los impuestos provinciales, apunta a que los ciudadanos puedan conocer cuánto pagan de impuestos regionales cada vez que realizan una compra.
Así, el esquema sirve para trasladar al consumidor una información que en general permanece prácticamente invisible. La idea es que a las transparencias provinciales puedan sumarse las municipales. A la espera de que Mendoza reglamente una ley en la que fue pionera, desde la ONG Lógica, una asociación civil sin fines de lucro dedicada a crear conciencia fiscal, celebraron el gran paso dado por los gobiernos de Entre Ríos, Chubut y Ciudad de Buenos Aires.
En el marco de su primera reunión anual, referentes de las provincias mencionadas mostraron los nuevos tickets de compra con el diferencial mencionado. Matías Olivero Vila, presidente de Lógica, celebró el impulso al tiempo que lamentó que Mendoza –la primera en sancionar esta ley- se hubiera quedado afuera. “Nos ha sorprendido que la provincia no haya estado a la altura de lo impecable que es y de la institucionalidad que posee”, expresó el referente. Recordó que en Mendoza la adhesión fue por unanimidad en ambas cámaras.
Entre las provincias que avanzaron, el caso de Entre Ríos aparece como el más desarrollado. Allí, antes de concretar la compra, el consumidor puede visualizar el precio bruto y el precio neto de impuestos provinciales y nacionales. Luego, en el ticket final se detalla el desglose completo de la carga tributaria.
De esa manera, el comprador puede identificar cuánto corresponde a IVA, cuánto a Ingresos Brutos y cuánto a tasas municipal. La reglamentación entrerriana incorporó un elemento adicional: la posibilidad de incluir voluntariamente las tasas municipales incluso antes de que cada municipio se adhiera formalmente al sistema.
Por ahora, tanto Entre Ríos como Ciudad de Buenos Aires y Chubut avanzaron principalmente sobre el impuesto a los Ingresos Brutos, aunque el esquema contempla también otros tributos indirectos, como impuestos internos o los aplicados a los combustibles.
El trasfondo de la discusión excede la cuestión técnica. Para los defensores del régimen, como la ONG Lógica, el objetivo final es que el consumidor pueda comprender cuánto pesa la carga tributaria en el precio final de bienes y servicios cotidianos.
El modelo tiene como antecedente directo la experiencia de Brasil donde un régimen similar comenzó a aplicarse en 2012. Según explicó Olivero Vila, el impacto allí fue profundo debido a que los consumidores tomaron dimensión de la presión tributaria sobre el consumo y eso derivó en mayores reclamos por reducción de impuestos. Al mismo tiempo, esto llevó a una mejor calidad de los servicios públicos y más control ciudadano sobre el gasto estatal.
“Cuando la gente se enteró de que estaba pagaba más del 40% y hasta más del 50% de impuestos cada vez que consumía, empezó a exigir una baja tributaria”, sostuvo el presidente de Lógica. Olivero Vila remarcó que esta transparencia generó un cambio cultural respecto del rol del Estado y del uso de los recursos públicos. La lógica detrás de la medida no implica crear nuevos tributos ni modificar los existentes, sino trasparentarlos.
“La ciudadanía exigió y logró que los impuestos empezaran a bajar”, sumó el referente de Lógica. Esto derivó a que en la actualidad, el gobierno de Lula haya promovido una baja de impuestos de 7 puntos porcentuales a partir de este año en forma gradual por los próximos 7 años. “Esto es un efecto concreto y otro es que la gente se puso mucho más exigente con los servicios del Estado ya que si se paga una tasa vial, no me devuelvas una ruta con pozos”, ejemplificó Olivero Vila.
Lo tercero fue que la gente se empezó a involucrar en el gasto público y a exigir mayor austeridad a la política. De este modo, una mayor visibilidad de los impuestos podría derivar en una ciudadanía más activa y exigente respecto de la administración de los recursos públicos, el nivel del gasto estatal y la calidad de los servicios que reciben un cambio de la presión fiscal.
Para Olivero Vila se trata de un derecho básico del consumidor: así como los productos alimenticios informan niveles de sodio, azúcar o grasas, también deben informar la carga impositiva que contiene el precio. En ese sentido, consideró que la normativa se apoya en el principio constitucional de brindar “información adecuada y veraz” a los consumidores.
