Desde el sector productivo e industrial ven como positiva esta nueva desregulación del Gobierno nacional, aunque también plantean el impacto que puede tener.
El Gobierno nacional liberó la importación de maquinarias y equipamientos usados
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Hasta la semana pasada, las empresas que querían importar maquinaria usada debían solicitar el Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU), que podía demorar más de un año y al que sólo se accedía cuando no existían fabricantes locales de bienes similares. Sin embargo, el Gobierno nacional eliminó esa restricción, lo que abre la oportunidad para la incorporación de tecnología, como también puede implicar una amenaza para la industria argentina.
El decreto 273/25 no sólo quita la exigencia de tramitación del CIBU, sino también prohibiciones que existían para importar bienes en diversos sectores de la industria, como máquinas para extracción de petróleo y gas, cortadoras industriales, moldes de matricería (usados en la industria automotriz) y maquinaria para la industria gráfica, entre otras.
Desde la Secretaría de Industria y Comercio de Nación resaltaron que ahora la importación se podrá realizar en forma automática, sin tener que realizar trámites y destacaron que se elimina una intervención del Estado que demandó, sólo en 2024, la gestión de alrededor de 1.500 expedientes.
Claudio Echegaray, gerente de Despachantes de Aduanas SA (DASA), explicó que el decreto deja sin efecto la resolución 909/94, que estuvo vigente por 30 años y que establecía la necesidad de solicitar un certificado, cuya tramitación podía demorar como mínimo seis meses, pero también extenderse hasta un año y medio.
Esto, porque el CIBU requería de una verificación de que ese equipamiento usado que se pretendía importar no era fabricado en Argentina, lo que demandaba una consulta a los posibles fabricantes en el país. Por otra parte, planteó que en muchos casos no se trataba de máquinas idénticas, sino similares, y que, sin menospreciar la ingeniería argentina, no ofrecían las mismas prestaciones.
Echegaray comentó que han empezado a recibir muchas consultas y que están analizando cada caso, ya que la normativa es muy reciente. Además, porque había máquinas que directamente no se podían importar usadas y otras que requerían del CIBU. Por otra parte, se incorpora ahora una declaración jurada en ARCA, que es para, precisamente, declarar que se importó un bien de capital usado.
Entre esas primeras indagaciones por parte de las empresas se encuentran las que quieren traer del exterior máquinas ensiladoras para el agro y excavadoras para la minería. En el caso específico de Mendoza, si bien no los han contactado aún, comentó que en el pasado han importado líneas de producción usadas, que requirieron del CIBU.
La posibilidad de comprar bienes de capital usados en el exterior, destacó, facilita el ingreso de tecnología a un precio más accesible -los derechos de importación extrazona (fuera del Mercosur) son variables y pueden alcanzar el 35% como máximo-, que permita optimizar los costos de producción de las empresas locales.
El gerente de la Cámara de Comercio de Exterior de Cuyo, Mario Bustos Carra, comentó que hace 15 días recibieron una consulta por parte de la Secretaría de Comercio e Industria de Nación, por un pedido de importar un bien usado, para verificar si había fabricación nacional.
Sobre la eliminación del requerimiento del CIBU consideró positivo que exista libertad para que los empresarios puedan buscar un equipamiento que se ajuste a sus necesidades. A modo de ejemplo, señaló que la flota de tractores en el agro mendocino es muy vieja y que esta modificación facilitará acceder a bienes usados a buen precio, que no se fabrican en el país.
Pero también advirtió que hay que tener mucho cuidado con este tipo de medidas, porque pueden atentar contra la industria nacional y se debe tener en cuenta la alta presión tributaria en Argentina. Acotó que, si bien es bueno que se puedan importar bienes, los productos nacionales deberían tener las mismas condiciones que los que se traen de afuera, ya que, por presentar otro ejemplo, se habilitó la importación de autos eléctricos e híbridos, mientras que la industria automotriz tiene más del 50% de impuestos.
“Hay que abaratar el famoso costo argentino y una de las maneras es realizar la reforma tributaria y la reforma laboral. Si no, es un tema delicado”, planteó Bustos Carra.
Laureano Manso, vicepresidente de Industria de la FEM (Federación Económica de Mendoza), señaló, de modo personal, que flexibilizar las restricciones permite que haya más competitividad y mejores precios, en particular cuando se trata de bienes de capital. Pero, por otro lado, señaló que cuando se facilita la importación de equipamiento que compite con el que se fabrica en Argentina se tiene que disminuir la presión fiscal. Es decir, la apertura tiene que venir acompañada de una reducción impositiva.
En esta línea, consideró que la medida del Gobierno nacional puede ser beneficiosa para quien necesita adquirir o renovar maquinarias, porque podrá hacerlo a mejores precios, pero podría afectar a quienes se dedican a fabricarlo o ensamblarlo en el país (distinguió la industria nacional, que ensambla, de la industria argentina, que realmente fabrica en el país).
“Cuando se mueve algún parámetro se debe buscar una forma de que el impacto en quienes puede perjudicar sea el menor posible”, indicó.