La jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, rechazó el pedido de la Argentina. Desde nuestro país se había pedido reconsiderar la orden que obliga a entregar correos electrónicos, mensajes y comunicaciones de funcionarios y exfuncionarios en el marco del juicio por la expropiación de YPF.
El fallo representa un nuevo revés judicial para la Argentina, en un litigio que ya acumula más de una década de enfrentamientos en los tribunales estadounidenses.
“La Juez Loretta Preska rechaza el pedido de la Republica Argentina de reconsiderar el fallo que obliga al Gobierno a entregar el contenido de los dispositivos móviles de ciertos funcionarios y exfuncionarios. Probablemente el país apele este fallo", señaló el especialista de Latam Advisors, Sebastián Maril.
Y agregó: "La magistrada dice que no se discute que la República carece de 'posesión' o 'custodia' de las comunicaciones, pero afirma que tiene 'control' sobre dichas comunicaciones".
De esta manera, el planteo de la Procuración del Tesoro buscaba dejar sin efecto la decisión del 29 de julio. En aquel momento, Preska habilitó a los demandantes a acceder al contenido de los dispositivos electrónicos de distintas figuras de la política y la economía argentina. Entre ellos, el actual ministro de Economía, Luis Caputo, y el exministro Sergio Massa, quienes desempeñaron roles clave en los últimos gobiernos.
Por otra parte, la defensa argentina argumentó que el tribunal pasó por alto una cuestión central. Advirtieron que de acuerdo al derecho estadounidense, solo se puede exigir la producción de documentos que estén bajo “posesión, custodia o control” de la parte requerida.
En ese sentido, se insistió en que la Argentina no tiene posesión ni custodia de los dispositivos personales de sus funcionarios. Incluso, bajo la legislación nacional esos bienes son inviolables.
Sin embargo, Preska desestimó la moción. En su fallo destacó que no se discute la falta de posesión material, pero afirmó que la Argentina sí mantiene “control” sobre esas comunicaciones, condición que basta para obligar al país a recolectar y producir los documentos requeridos.
Al respecto, el concepto de “control” es interpretado por la Justicia de Estados Unidos como la capacidad de obtener los archivos o mensajes, aunque no se encuentren en poder directo del demandado.