La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) solicitó al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, que evalúe una reducción en los montos de las multas contempladas en la denominada Ley de Inocencia Fiscal. Esto con el objetivo de atenuar su impacto sobre el entramado pyme, que ya se encuentra fuertemente golpeada por la baja en el consumo.
La ley de Inocencia Fiscal se aprobó a fines de diciembre en el Senado de la Nación y contempla una suba de las multas automáticas de más de 100.000%. Las sanciones son tanto para personas como para empresas que se atrasen en la presentación de la documentación pertinente ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
En línea con planteos y observaciones presentados con anterioridad, la entidad empresaria elevó una propuesta de cambio. Entre otros puntos, se solicita que, en el marco de sus atribuciones, el titular del Palacio de Hacienda instruya a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para que dicte normas complementarias.
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Parte de la carta enviada por CAME al ministro Caputo
A través del envío de una carta solicitó que las medidas permitan morigerar la carga de las sanciones. En este marco, la iniciativa apunta a establecer una reducción porcentual de las multas previstas en la normativa, con el fin de preservar la actividad de las pequeñas y medianas empresas.
La CAME alertó al ministro Caputo que las altas multas previstas por la nueva ley puede provocar “un alto perjuicio” en una pyme. Los importes fijados para las multas previstas en los artículos 38 y 39 deberían contemplar la capacidad económica de los contribuyentes.
De este modo, desde la CAME propusieron el siguiente esquema:
Microempresa y persona humana (que no califique como “gran contribuyente individual”): 90%