El abogado especialista analizó la pérdida de poder adquisitivo, el impacto de la movilidad previsional, la moratoria y los casos en los que un reclamo judicial puede modificar el haber.
Adrián Tróccoli analizó en diálogo con Los Andes el escenario que atraviesan los jubilados y explicó cuándo un reclamo judicial puede prosperar.
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Los jubilados argentinos continúan enfrentando un escenario marcado por la pérdida de poder adquisitivo y el debate sobre si las actualizaciones de los haberes alcanzan para revertir el deterioro acumulado en los últimos años. En medio de esa discusión, crecen las consultas sobre la posibilidad de iniciar un juicio y reclamar diferencias en las prestaciones.
En ese contexto, Los Andes dialogó en Mendoza con Adrián Tróccoli, abogado previsional, quien en su visita por la provincia analizó la moratoria, la evolución de las jubilaciones y los casos en los que considera que un beneficiario podría estar cobrando menos de lo que le corresponde.
Muy cerca del mes de julio de 2026, las jubilaciones tendrán un incremento del 2,1% por la fórmula de movilidad vigente. Si bien el bono extraordinario de $70.000 no se modifica, el haber mínimo con ese refuerzo ascenderá a $481.948, mientras que el haber máximo de ANSES llegará a $2.770.941,08.
Al analizar la fórmula de movilidad, el abogado Tróccoli marcó una diferencia entre actualizar las jubilaciones y recuperar el poder adquisitivo perdido. En su opinión, el mecanismo vigente cumple una función de mantenimiento, pero no resuelve el atraso acumulado por quienes llevan años cobrando prestaciones depreciadas. “Solo evita nuevas pérdidas. Lo máximo que puede llegar a recuperar es unos puntos más, pero solo evita perder”, afirmó.
El especialista previsional consideró que el error es esperar que una fórmula de actualización corrija problemas generados con anterioridad. Explicó: “La movilidad es correcta. Lo que pasa es que uno no le puede pedir a la movilidad que repare lo que pasó antes. Lo que hay que hacer es, con esta movilidad, recuperar el poder adquisitivo de los que perdieron”.
Para ilustrar esa diferencia recurrió a un ejemplo concreto. “Si vos te jubilaste ayer, no tenés un problema de movilidad. Si tu primera jubilación está relativamente bien calculada, no es un problema de movilidad. El problema es que el tipo que está jubilado hace diez años, ya perdió su poder adquisitivo”, indicó. A partir de esa comparación sostuvo que quienes ya sufrieron un deterioro necesitan una política específica de recomposición y no solamente ajustes periódicos.
Cuando fue consultado sobre posibles reformas legislativas, Tróccoli aseguró que los porcentajes discutidos hasta el momento no guardan relación con la magnitud de la pérdida sufrida por los jubilados. En ese sentido recordó que hubo proyectos para otorgar una mejora del 7,2%, pero advirtió que “está muy, muy lejos de ese 50% que perdieron”.
El especialista explicó además que muchas veces se confunde el porcentaje perdido con el aumento necesario para volver al punto de partida. “Lo que significa el 50% de quita es que hay que darles un 100% de aumento para recuperar. Entonces, por ahí yo mezclo quita con recuperación. Hay que duplicar lo que están cobrando ahora. El tipo está cobrando 1.000.000 y va a estar cobrando 2.000.000, así, sin vueltas”, ejemplificó.
Sobre esa base concluyó que los incrementos otorgados en los últimos meses resultan insuficientes. “Un 7,2% está muy lejos del 100%. Haber recuperado un 10 o 11% está lejísimos”, afirmó.
Para Adrián Tróccoli, el principal problema que atraviesan hoy los jubilados no está vinculado únicamente a los aumentos mensuales, sino al deterioro acumulado durante años. En su análisis, los ingresos previsionales todavía se encuentran muy por debajo y las mejoras recientes apenas alcanzaron para amortiguar una parte de esa caída.
“El valor de las jubilaciones está en su mínimo histórico. Así que esto que escuchábamos hace 40 años, de que 'no llego a fin de mes', esta vez se condice con valores estadísticos. Una jubilación media debe estar, más o menos, en el 60% de lo que estaba hace 10 años”, sostuvo.
Esa situación, explicó, no se modificó con los cambios normativos aplicados desde fines de 2024. Si bien reconoció que algunos beneficiarios registraron una mejora, remarcó que el atraso previo continúa siendo muy significativo. “Recuperaron un poco más del 10%. Esto es para los jubilados que no cobran bono. Pero antes de esto había una pérdida del 50%, o sea que todavía están lejos”, señaló.
Incluso, al distinguir entre distintos niveles de haberes, insistió en que el problema sigue siendo profundo: “Hay algunos que perdieron un poco más. Y los que estaban en la mínima o cercanos a la mínima, un poco menos. Pero igual, el 40% es un disparate”.
Más allá de la movilidad, Tróccoli señaló que muchos reclamos nacen de diferencias en el cálculo inicial de la jubilación. Como referencia para quienes tienen dudas sobre su situación, propuso comparar el haber con el salario percibido durante la etapa laboral. “La manera más fácil de esto es sacar una proporción con el salario en actividad. Si vos tenés una sustitución, un porcentaje del salario en actividad menor al 50%, tenés un problema de cálculo”, explicó.
También recordó que la legislación prevé porcentajes de reemplazo de entre el 50% y el 70%, dependiendo de los años de aportes, por lo que una prestación muy por debajo de esos niveles amerita una revisión profesional. Sin embargo, hizo especial hincapié en evitar demandas sin fundamento. “Uno no puede iniciar juicios, no puede judicializar cosas sin un cálculo previo. No es ir a quejarse porque sí”, afirmó.
El abogado añadió que el análisis técnico previo con un abogado especialista resulta indispensable para definir si existe una diferencia real. “Sin un análisis correcto al principio, que determine qué es lo que se va a reclamar exactamente, no es una cuestión de judicializarlo, sino de hacer un análisis”, sostuvo.
El caso Cortés se convirtió en un antecedente importante dentro de los litigios previsionales al declarar inconstitucional, para ese expediente, la fórmula de movilidad jubilatoria aplicada durante el gobierno de Alberto Fernández. Este caso fue llevado adelante por Tróccoli en la justicia de Mendoza.
Al recordar ese antecedente, el abogado destacó: "Lo más importante de Cortés es que generó una serie de fallos que declararon inconstitucional la movilidad del gobierno de Alberto Fernández y la reemplazaron por algo mejor, en general siguiendo el IPC. Y esto multiplicó la cantidad de gente que ha ido a reclamar a tribunales porque, en números redondos, entre una cosa y otra, estás cobrando un 80% más después de un juicio”.
Según explicó, el alcance del fallo trascendió el expediente original y motivó que otros tribunales adoptaran una postura similar. “Atrás de esto se plegaron otras seis cámaras del interior del país. Y esto hizo que la mayoría de las cámaras, la mayor parte de las provincias del país, estén dando una forma de movilidad distinta”, sostuvo.
Sobre el cumplimiento de las decisiones judiciales, Tróccoli explicó que el organismo previsional mantiene una postura uniforme frente a este tipo de procesos. “ANSES apela a todo a la Corte. Eso es así y hasta que la Corte no resuelva van a seguir apelando”, aseguró.
No obstante, distinguió entre la actualización del haber mensual y el pago de las diferencias acumuladas durante el proceso. Según indicó, “está pagando ajustes en tiempos más o menos razonables. Después de la sentencia, de seis a dieciocho meses”, aunque aclaró que la situación cambia cuando se trata de retroactivos.
En ese punto fue categórico: “El retroactivo no lo está pagando si no es con vía embargo judicial. ANSES se resiste a los pagos de retroactivos. Pero nosotros, los abogados, logramos que en sede judicial le paguen los retroactivos siempre. Es más, con algunas multas, con lo cual evitamos que el jubilado pierda plata. Pierde tiempo, que no es poca cosa, porque se demora, pero por lo menos no pierde plata”.
Una de las consultas más frecuentes entre quienes están jubilados o próximos a retirarse es si haber completado años de aportes mediante una moratoria les impide reclamar una mejora en el haber. Para Tróccoli, la respuesta depende de la historia laboral de cada persona y no de una regla única.
El abogado explicó que los casos más claros suelen ser los de trabajadores con 30 años de aportes, aunque advirtió que también existen situaciones en las que una persona con menos años registrados puede tener derecho a reclamar. “Si vos tenés 25 años de aportes, con buenos salarios y tuviste que completar con la moratoria, entonces sí, seguramente tengas derecho”, afirmó.
Según detalló, lo importante es analizar cuál era el nivel de ingresos durante la vida activa y cuánto representa la jubilación respecto de ese salario. Para ejemplificarlo, planteó un caso concreto: “Quizás no llegues a un 50% de tu salario, pero si tu salario era, al valor de hoy, de 2.000.000 de pesos, probablemente estés cobrando 600.000 en vez de 1.000.000”.
Esa es la razón por la que insiste en no iniciar demandas de manera automática. Antes de hablar de un juicio, recomienda estudiar cada expediente con un cálculo técnico que permita determinar si realmente existe una diferencia para reclamar y cuál sería el monto involucrado. “Uno no puede iniciar juicios sin un cálculo previo. No es ir a quejarse porque sí”, sostuvo, al remarcar que el primer paso siempre debe ser una evaluación profesional del caso.