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Sus detractores exageran que está la urgencia del gobierno de Cristina Fernández por aumentar un comercio bilateral ampliamente superavitario. Segundo socio comercial de Irán en América Latina, la Argentina embolsa por ese intercambio 1.180 millones de dólares anuales.
Hasta relacionan directamente el entendimiento con una velada amenaza que entienden hizo el presidente iraní contra el interés de Argentina de aumentar ese comercio. Remiten a dichos de Mahmud Ahmadineyad a principios de octubre a la agencia semioficial iraní: "Después de que las investigaciones (sobre el atentado) tengan lugar de manera precisa e imparcial, se avanzará en la ampliación de las relaciones entre Irán y Argentina".
Sospechan, también, que detrás está la mano de Hugo Chávez. Y hasta especulan con que el acuerdo es el primer paso firme de una "chavizada" Cristina Fernández en su supuesto alineamiento con "el eje del mal". Es cierto que la Venezuela de Chávez, seguida de la Bolivia de Evo Morales, ha sido el país que le abrió las puertas suramericanas al internacionalmente aislado régimen. Pero también lo han hecho Lula y Dilma Rousseff en Brasil, primer socio comercial suramericano de Teherán.
Por su parte el oficialismo, con el canciller Timerman a la cabeza, niega otra motivación que no sea la estrictamente relacionada con la búsqueda de justicia tras 19 años de impunidad. Se trata, a su juicio, de romper con el statu quo en el que quedó la situación ante la cerrada negativa de Irán a acceder al pedido de extradición de sus ex y actuales funcionarios, sospechados por el atentado a partir de la investigación del fiscal especial Alberto Nisman y el juez federal Rodolfo Canicoba Corral.
Entre los diputados oficialistas de la Comisión de Relaciones Exteriores circula un "paper" que servirá de base al momento del debate. Destaca que el acuerdo: respeta acabadamente la institucionalidad democrática al contemplar su tratamiento y ratificación por el Congreso Nacional; posibilita que la Justicia argentina interrogue a los sospechosos iraníes con pedido de captura internacional; no contiene cláusulas secretas; no colisiona con la legislación vigente en el país y promueve la creación de una Comisión de la Verdad cuyas recomendaciones "constituirán aportes significativos para el accionar de la Justicia argentina en su tarea de hacer justicia en el caso".
"Si se quiere poner en términos pragmáticos, Argentina no tiene nada que perder", dice una calificada fuente legislativa kirchnerista. "Serán representantes de la Justicia argentina los que indagarán, por primera vez, a los sospechosos". Pero el mismo legislador se encoge de hombros y hace silencio cuando se le pregunta por qué Irán habría de avenirse a un acuerdo en el que, según el razonamiento oficial, quedarán ante la Justicia argentina connotados jerarcas de su régimen (dos son candidatos presidenciales en la próxima elección), si no tuviera la seguridad de que el procedimiento carecerá de consecuencias judiciales para los sospechosos.
La primera reacción de la oposición consistió en objetar el acuerdo porque supone una "cesión de soberanía". El argumento parecería endeble, a partir de una acordada de la Corte de principios de los noventa, que autoriza estos procedimientos. En 1999, por caso, la jueza María Servini de Cubría indagó en Chile a dos ex integrantes de los servicios secretos de Pinochet sospechados del asesinato en Buenos Aires del general Carlos Prats y su esposa.
Por eso ahora, sobre todo los radicales, afinan argumentos para el debate. Sostienen que aun cuando pueda ser un avance una indagatoria a los sospechosos, el resultado será "técnicamente un punto muerto inaceptable" porque si se demuestra la investigación hecha por el fiscal Nisman, Irán seguirá en su tesitura de no conceder la extradición. Con el agravante de un segundo perjuicio, razonan: "Argentina perderá fuerza para pelear ante la comunidad internacional, a diferencia de lo que sucede con la política respecto de Malvinas", dice un legislador radical, que llevará la voz cantante en el debate.
Experto en estas lides, Dante Caputo aporta más argumentos. Según el ex canciller de Raúl Alfonsín, el término "Comisión de la Verdad" no es una mera cuestión semántica porque históricamente ese tipo de comisiones se constituyeron "cuando no fue posible la aplicación del procedimiento judicial". Nunca, además, hubo una comisión "de la verdad" de carácter binacional, recuerda. Caputo agrega otra observación: con la aprobación parlamentaria, lo que es un "memorando de entendimiento" entre dos gobiernos, escala a "tratado" entre Estados y de cumplimiento obligatorio.
