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Por estos días deberían comenzar las negociaciones salariales de los distintos sindicatos y el problema al que se enfrentan los dirigentes gremiales es acerca de dónde poner el foco de la discusión. Ya todos aprendieron que no quieren ser los primeros y que ahora pedirán otro tipo de definiciones del gobierno nacional antes de firmar nada.
El problema de los sindicatos mendocinos, donde la CGT se mantiene unificada, es que muchas definiciones estarán sujetas a los problemas de los cuatro grupos sindicales que se disputan porciones de poder a nivel nacional y a las estrategias, ya sea estar cerca del gobierno o enfrentados a él.
Los sindicalistas previsores están convencidos de que lo mejor será dilatar la discusión o pedir que en el mismo convenio se prevea una revisión a mitad de año. Es que muchas definiciones no se darán hasta el mes de marzo o abril, incluso mayo, y discutir con los datos actuales no sirve para nada.
En principio, el flagelo de la inflación les consumió a la mayoría los aumentos que habían conseguido. Pero esas mejoras nominales, además, quedaron, en muchos casos, alcanzadas por el impuesto a las Ganancias, lo que significa que, en términos reales, terminaron cobrando menos que el año anterior.
Por otra parte, quieren saber cómo se definirá el cuadro de subsidios, que el gobierno anticipó su fin como parte de la “sintonía fina” anunciada hace más de un año por la presidenta Cristina Fernández. El retiro de subsidios -aunque esperable- repercutirá en los presupuestos familiares y de acuerdo a cómo se programen será el impacto, aunque es viable pensar que debe asumirse un retiro progresivo pero sin fecha cierta.
Algunos interrogantes
Uno de los subsidios que comenzará a retirarse es el del transporte público de pasajeros, que en Mendoza alcanza al 60%, entre lo que pagan la Nación y la Provincia. Las empresas del interior reciben, entre todas, solo el 25% de los montos de subsidios del gobierno nacional, mientras que el 75% restante se destina al área metropolitana. Hasta octubre se había alcanzado una suma de más de 12.000 millones de pesos en total, de los cuales a Mendoza le correspondieron más de 388 millones, algo así como 39 millones mensuales.
El problema es que este monto de subsidio corresponde en un 30% a combustibles y un 65% a los salarios del personal. Y además, el gobierno nacional fijó un tope de 1.362 millones de pesos mensuales, de los cuales 965 millones irán Buenos Aires y al conurbano, mientras para los servicios del interior se destinarán solo 397 millones. Si a las empresas no les alcanza, se deberá optar por aumentos de boletos o más subsidios provinciales.
Por la composición de los subsidios que vimos para Mendoza, el primer problema será los precios de los combustibles, porque YPF seguirá aumentando sus valores (de hecho lo hizo antes de fin de año), pero el problema lo tendrán los sindicalistas. Porque ese 65% de subsidios nacionales no seguirá aumentando y cualquier mejora salarial deberá ser pagada con aumentos de tarifas. En algunos sectores están esperando a ver cómo llegan los cheques de la Nación para sentarse a conversar con base cierta, pero lo real es que tanto combustibles como salarios empujarán las tarifas de colectivos.
Otro interrogante es el de la luz, ya que se han anunciado aumentos periódicos, no muy grandes, pero que a fin de año sumarán. Y aunque es verdad que el esquema de subsidios debía corregirse, cuando esta corrección se hace casi toda a la vez, genera un impacto que se podría haber previsto anteriormente. Respecto al gas, todo dependerá de acciones judiciales, pero en materia de agua, los aumentos ya se hicieron, aunque lo sienten más los que tienen servicio medido.
Todos estos elementos puestos en la mesa, junto a la inflación y al mínimo imponible de Ganancias, lleva a que algunos dirigentes sindicales se asusten al ver las cifras por las que tendrán que pelear. Como saben que esos valores (los estatales en Mendoza están pidiendo un 50% de aumento) serán imposibles de conseguir, están apuntando al gobierno nacional para que aumente en forma significativa la base imponible del impuesto a las Ganancias.
Con mucho realismo, el secretario general de la CGT local, Rodolfo Calcagni, dijo la semana pasada: “De qué nos sirve pelear un 30% de aumento, si 25 se lo queda la AFIP y con lo que resta no pagamos los aumentos de los servicios públicos, mientras la inflación nos come todo el resto”.
Quizás la discusión, ahora, entre en un terreno más cualitativo, y se comience a hablar de salario de bolsillo, ya que en eso deberá aportar el gobierno nacional, que es quien se queda con la parte del león dentro de las masas salariales pagadas a los trabajadores.
Lo real es que las empresas ya no pueden asumir mayores aumentos porque no los pueden trasladar a precios. Además, fuertes aumentos salariales pueden significar menor empleo en el sector privado, mientras que en el sector público seguirán creciendo con la misma irresponsabilidad que ha ocurrido hasta ahora.
Se avecinan tiempos complejos en los cuales, posiblemente, los que se sienten en una mesa de discusión no tendrán una solución, que solo está en manos de la Nación.