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"Preferiría no hacerlo". La kafkiana frase que repite una y otra vez Bartleby, el escribiente en el famosísimo cuento de Herman Melville, tal vez resuene en la mente y el espíritu de los 12 mendocinos que desde el lunes próximo conformarán el tribunal popular encargado de juzgar a una mujer que sufría violencia de género y está acusada de matar a su pareja.
La responsabilidad del jurado será extrema: si la encuentra "culpable", la pena será prisión perpetua; si creen que es "inocente", quedará libre.
La polémica no sólo estará dada por el resultado final -el veredicto- sino también por la forma en que se elegirán entre 48 personas los 12 jurados -mitad mujeres, mitad hombres- y 4 suplentes que conformarán el tribunal.
Recuérdese que los 48 ciudadanos deben pasar por una especie de filtro inicial, donde el fiscal y el defensor van descartando a los candidatos que consideran "no aptos", si tienen algún tipo de tendencia o sesgo ideológico. Así las cosas, ¿podrán ser recusadas o recusados por feministas? ¿Sería esta una decisión machista por parte de jueces, fiscales y abogados?
En la madrugada del 28 de julio de 2018, en una vivienda ubicada en calle México al 2200 de Godoy Cruz, Claudia Cortez le asestó un puñalada a su marido Carlos Pelayes (50) en la habitación que compartían.
La herida, en la parte interior derecha del tórax a la altura del tercer espacio intercostal, fue fatal: le lesionó la pleura parietal visceral, el pulmón derecho y la aorta ascendente, ocasionándole la muerte.
Sobre este hecho, el fiscal Gustavo Pirrello imputó a Cortez por el delito de homicidio agravado por el vínculo. Y por este delito la acusará el lunes el fiscal Fernando Guzzo, jefe de la Unidad Fiscal de Homicidios.
En cambio, para el abogado Carlos Moyano, defensor de la imputada, se trató de un caso de legítima defensa porque ella se defendió de un ataque.
El jurado deberá decidir si la mujer es culpable de homicidio agravado, o bien si es inocente o, mejor dicho, culpable pero de homicidio en legítima defensa. Según sea el caso, será el juez Aníbal Crivelli el encargado de condenarla a perpetua o bien darle la libertad.
Pero antes de que esto suceda el tribunal deberá escuchar las dos versiones del crimen.
Para la fiscalía se trata de un homicidio: la mujer lo habría atacado con un arma blanca pero cuando llamó al 911 no contó que la causa de la descompensación era una herida cortopunzante.
Cuando llegó Policía Científica notó que el piso de la habitación matrimonial había sido baldeado, como si hubieran querido tapar el crimen. Luego se comprobó que ambos habían consumido cocaína y alcohol.
El abogado Moyano planteará que la mujer se defendió, por eso tenía algunas heridas en un brazo. Se espera que ella misma declare y cuente qué pasó en la habitación la fatídica noche.
Su pareja en ese momento había consumido cocaína y alcohol. Pelayes era agresivo, tenía antecedentes penales: lesiones culposas, infracción a la ley de estupefacientes, robo, robo agravado, hurto de automotor, entre otros.
El abogado presentará una pericia psicológica que favorecería a su clienta (era sometida, sumisa) y testigos que afirmarán que existían hechos de violencia de género anteriores a la muerte de Pelayes.