Las autoridades guatemaltecas arrestaron ayer a la ex-primera dama y excandidata presidencial Sandra Torres por cargos de corrupción.
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Las autoridades guatemaltecas arrestaron ayer a la ex-primera dama y excandidata presidencial Sandra Torres por cargos de corrupción.
La Fiscalía Especial Contra la Corrupción detuvo a Torres por los presuntos delitos de financiamiento electoral ilícito y asociación ilícita por el financiamiento de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), partido que la postuló a la presidencia en 2015.
Torres, de 63 años, volvió a postularse este año y perdió las elecciones presidenciales el mes pasado en una segunda vuelta ante el actual presidente, Alejandro Giammattei.
La fiscalía anunció que la detención se llevó a cabo en su residencia, donde también se realizó un allanamiento en busca de evidencias.
Con esposas en las manos y ataviada con una campera negra con una capucha, lentes oscuros y una bufanda para cubrirse la cara, la excandidata fue trasladada en una patrulla y escoltada por policías a los tribunales donde un juez le hizo saber los cargos.
La jueza Claudette Domínguez, a cargo del caso, fijó la audiencia de primera declaración de Torres para viernes 6 de septiembre. La excandidata fue enviada al centro de detención provisional Mariscal Zavala a pesar que sus abogados pidieron que fuera trasladada a un hospital privado.
Domínguez dijo que ordenó la aprehensión por la naturaleza de los hechos. "Se podía correr el riesgo de fuga y obstaculización de la Justicia", afirmó.
Mariscal Zavala está ubicada dentro de una base militar, la cual han llamado una prisión VIP porque alberga a decenas de exfuncionarios, empresarios, políticos y jueces acusados de corrupción. Uno de los presos es el expresidente Otto Pérez Molina.
Eduardo Velásquez, fiscal nacional del UNE, dijo que la detención de Torres fue "un procedimiento innecesario", pues ella previamente había entregado al juzgado su pasaporte como medida para asegurar que no saldría del país a cambio de que fuera citada y no ordenaran su arresto.
El caso de Torres fue presentado en abril por la fiscalía en colaboración con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente de las Naciones Unidas que durante 12 años investigó aparatos clandestinos y de seguridad incrustados en el Estado.
