La justicia española dictó ayer prisión provisional para ocho miembros del destituido gobierno catalán, sospechosos de sedición y rebelión, y pronto podría pedir a Bélgica la detención del presidente independentista Carles Puigdemont.
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La justicia española dictó ayer prisión provisional para ocho miembros del destituido gobierno catalán, sospechosos de sedición y rebelión, y pronto podría pedir a Bélgica la detención del presidente independentista Carles Puigdemont.
La juez Carmen Lamela, de la Audiencia Nacional, decidió enviar a la cárcel a ocho de los nueve miembros del ejecutivo cesado que acudieron este jueves a declarar a Madrid, entre ellos el vicepresidente Oriol Junqueras.
Sin embargo otorgó libertad provisional bajo fianza para el noveno, Santi Vila, que dimitió antes de la proclamación de la independencia el 27 de octubre, y que tendrá que pagar 50.000 euros para eludir la cárcel.
En tanto, una multitud se reunió a las afueras del edificio del tribunal en Barcelona que estaba custodiado por elementos de la fuerza nacional y gritó consignas en contra de la policía española.
La gente gritaba frases como "Fuera la policía española" y "Fuera las fuerzas de ocupación" mientras miembros de la policía regional catalana, conocida como los Mossos, se colocaron entre los manifestantes y las fuerzas nacionales.
Los manifestantes afuera del tribunal fueron algunos de los miles que se reunieron en un edificio cercano del Parlamento regional ayer.
Para justificar la prisión a espera de juicio, la juez alegó que existe riesgo de fuga -recordando el viaje a Bélgica de Puigdemont y parte de su gobierno- así como de reiteración delictiva y de destrucción de pruebas.
“Los querellados jugaron un papel activo, impulsando el proceso soberanista minuciosamente diseñado y franqueando toda clase de barreras que pudieran desviarles de su última finalidad”, la declaración de independencia, indica el auto de la juez.
“Todas las cuestiones humanitarias han sido totalmente ignoradas en la resolución, que estaba seguramente preparada o premeditada y que nosotros denunciaremos donde haga falta”, dijo el abogado de Junqueras y de otros encausados, Andreu Van den Eynde.
La cuenta en Twitter de Junqueras publicó un mensaje en el que pidió: "Haced cada día aquello que esté a vuestro alcance para que el bien derrote al mal en las urnas el 21 de diciembre", fecha de las próximas elecciones regionales.
Como signo de protesta, la poderosa organización independentista ANC convocó una concentración para la tarde del jueves frente al parlamento catalán en Barcelona y frente a ayuntamientos de otras ciudades catalanas.
El presidente independentista catalán Carles Puigdemont y cuatro de sus ministros, todos destituidos, se encontraban en Bélgica y no fueron a Madrid a declarar por rebelión y sedición. El fiscal solicitó que se dicte una orden europea de captura contra ellos, sobre la que la juez Lamela todavía debe pronunciarse.
La fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó específicamente que las órdenes de detención se dirijan a las autoridades de Bélgica, donde “se encuentran o al menos han viajado” los concernidos, indicó el documento de la fiscalía.
El escrito alega que Puigdemont y los cuatro consejeros hicieron caso omiso a reiteradas citaciones y llamadas telefónicas.
En la Audiencia Nacional, un alto tribunal encargado de casos complejos, estaban citados los 14 miembros del gobierno catalán depuesto y, en el Tribunal Supremo, seis diputados catalanes, entre ellos la presidenta del parlamento que aprobó proclamar la independencia, Carme Forcadell.
El juez del Tribunal Supremo aceptó la solicitud de la defensa de aplazar hasta el 9 de noviembre la declaración de los seis diputados para preparar mejor su estrategia.
Si Puigdemont es finalmente detenido en Bélgica, sería objeto de un proceso de extradición que, dependiendo de su duración, podría hacer que no estuviera de regreso antes de las elecciones catalanas del 21 de diciembre.
Aunque estos comicios fueron convocados por el gobierno de Mariano Rajoy tras asumir el control de la administración catalana, los principales partidos independentistas aceptaron participar.
“La defensa ha pedido un tiempo para preparar de una manera más razonable su estrategia”, dijo Javier Melero, uno de los abogados defensores de los miembros del parlamento, quien respondió “por supuesto” cuando se le preguntó si Puigdemont debería haber acudido.
"Supongo que forma parte de una estrategia judicial", dijo sobre la ausencia de Puigdemont la portavoz de su partido, el PDeCAT, Marta Pascal.
Los 20 (14 miembros del gobierno y seis del parlamento) estaban citados en calidad de investigados por rebelión, sedición y malversación de fondos por su papel en la proclamación de la república catalana el 27 de octubre, a la que el gobierno central de Rajoy respondió con el cese del ejecutivo catalán y la disolución del parlamento.
Se trata de delitos muy graves que pueden acarrear hasta 30 años de cárcel.
El antecesor de Puigdemont en el cargo, Artur Mas, que acompañó a los encausados hasta las inmediaciones de la Audiencia Nacional, dijo que la acción de la justicia española es contraproducente.
Importante abogado en la defensa
El abogado elegido por el presidente destituido Carles Puigdemont para representarle en Bélgica, Paul Bekaert, es un especialista del derecho de las minorías acostumbrado a defender a presuntos etarras.
“Tengo una experiencia de más de 30 años con la extradición y el asilo políticos de los vascos españoles y, probablemente debido a esa experiencia, recurrió a mí”, declaró Bekaert en un programa de la televisión flamenca VRT. Entre los clientes de Bekaert figuran varios miembros de ETA que pidieron asilo político en Bélgica.
En 2004, Bekaert logró impedir la extradición de una pareja belga de origen vasco, Luis Moreno y Raquel García, lo que provocó una pequeña crisis diplomática entre Bélgica y España. Bekaert también defendió a una militante de extrema izquierda turca, Fehriye Erdal, sospechosa de haber participado en un triple asesinato, cuya extradición solicitaba Turquía.
“Es sensible a todas las personas oprimidas por el estado central u otro estado. Considera que si son procesadas en su país no van a tener derecho a un juicio justo”, explica Simon Bekaert, hijo del abogado.