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El gobernador de la Provincia promueve el debate por la reforma de la Constitución provincial. ¿Es realmente necesaria? Podría ser, pero no por los motivos que aduce el mandatario. Un análisis del texto enviado a la Legislatura me llevó a escribir estas reflexiones, aunque por razones de espacio sólo me referiré a un par de temas.
En materia de declaraciones de derechos el proyecto es de una promiscuidad llamativa. ¡Derechos a declarar que el mundo se va a acabar! parece ser la consigna. La doctrina constitucionalista no obstante (Bidart Campos, Ekmekdjian, Mercado Luna, Pérez Guilhou y muchos otros) advierte contra las declaraciones de derechos en las constituciones provinciales. Es que ya están todos en la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales incorporados a ella (artículo 75 incisos 22 y 24). No se necesita más porque, además, existen innumerables leyes de todo tipo sobre estos derechos, leyes que el propio texto del Gobernador cita. Lo que se necesita es hacer efectivos estos derechos a través de políticas públicas concretas, no seguirlos amontonando en largas e inútiles -y repetitivas- declaraciones.
Algunos ejemplos de éstos, repetimos ya recontra consagrados por la Constitución y las leyes, son el derecho a la igualdad de género, el derecho a la igualdad en materia tributaria, el derecho a la salud, los derechos reproductivos y sexuales, el derecho a la vivienda, el derecho al medio ambiente sano y equilibrado, el derecho a la protección del ambiente y la biodiversidad, el derecho de acceso al agua, el derecho al desarrollo (¿?), el derecho a la identidad de origen, el derecho a la diversidad sexual, a la información y a la comunicación, a la libertad estética y la libre creación artística (uf), el derecho a la pluralidad cultural y más y más y más.
También aparecen los derechos de colectivos concretos, algunos clásicos y otros nuevos, como los derechos de los trabajadores y los gremios, los derechos de consumidores y usuarios, los derechos de los pueblos originarios, los derechos de niños, niñas y jóvenes, los derechos de los adultos mayores, los derechos de las mujeres embarazadas, los derechos de las víctimas, y más.
Pero si eso vale también faltan muchos ¿por qué? ¿Y los derechos de los vecinalistas? ¿Y los derechos de los cooperativistas? ¿Y los derechos de los presos? ¿Y los derechos de las personas con discapacidades? ¿Y los derechos de los pobres y de las pobres? ¿Y los derechos de las personas bajitas pero simpáticas? ¡Porque si es por amontonar, metámosle!
De paso, podríamos pensar en empezar a poner declaraciones de deberes y obligaciones ciudadanas. Pagar los impuestos, cumplir con la ley y no manosearla para satisfacer intereses personales, actuar solidariamente, digo.
El Gobernador busca reconocer el derecho a la igualdad política, pero curiosamente nada dice del voto de los extranjeros, ¿será porque a nivel nacional abandonaron ese proyecto reparador? Pero ya dos jurisdicciones -la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires- reconocen el derecho de voto a los extranjeros para todos los cargos, para eso sí sería bueno reformar la Constitución.
Otro clásico de las reformas constitucionales es la incorporación de los mecanismos de democracia semidirecta. A mí me parecen fantásticos pero, ¿por qué no los implementamos ya mismo, de una buena vez y por ley? Sólo la revocatoria popular de mandatos debería tener anclaje constitucional, pero la iniciativa popular, la consulta popular, el referendo para ciertos temas y las audiencias públicas pueden ser implementados desde un formato legal al igual que la creación de la figura del defensor del pueblo. Entonces, si son tan necesarios, ¿para que reformar la Constitución? Implementémolos ya.
Una amenaza grave que quiere impulsar el Gobernador es el monopolio de candidaturas a cargos políticos en manos exclusivamente de los partidos. Sería un tremendo paso atrás porque la inmensa mayoría de las personas somos independientes y se debe ampliar y no restringir el acceso a esos cargos, pero claro, la generosidad no es una característica de la partidocracia.
Hay dos temas muy trascendentes respecto al perfil institucional de Mendoza que ni siquiera se mencionan en la propuesta. Sólo los cito porque ellos sí justificarían una reforma constitucional.
Una Legislatura unicameral. No tiene ningún sentido en la dinámica actual de la sociedad tecnotrónica el mantenimiento de un sistema legislativo pesado, lento y burocrático como una Legislatura de dos cámaras. Una sola cámara que compense adecuadamente la población y el territorio y garantice la presencia de las minorías sería suficiente para Mendoza. Pero eso sí, habría menos lugar para los amigos y amigas.
El otro tema tabú es el de implementar un régimen municipal de autonomía para todas las comunidades locales de la provincia y no para el departamento. No se puede hablar de democracia sin participación popular en la gestión de la política, y eso no existe en decenas de pueblos, villas y ciudades de la provincia gobernadas a muchos kilómetros de distancia por una estructura centralizada de poder. Sólo cuatro provincias argentinas tienen este régimen anacrónico y antidemocrático, que viene de la época de Rivadavia. Pero el modelo actual es particularmente favorable a la acumulación de poder y la partidocracia no lo quiere cambiar.
En suma, bienvenido el debate y me parece bien que reformemos la Constitución -si y sólo si- esa reforma conduce a cambios efectivos en la calidad de vida de las personas y a mejorar nuestras instituciones. De lo contrario estaremos profundizando el estéril gatopardismo que ha caracterizado tantas reformas constitucionales en nuestro país.
Las opiniones vertidas en este espacio no necesariamente coinciden con la línea editorial de diario Los Andes.