La Audiencia de Baleares suspendió la pena de cárcel tras un acuerdo donde la acusada reconoció haber vaciado la cuenta de su empresa para beneficio personal
Robert Lewandowski.
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La Audiencia Provincial de Baleares dictó sentencia firme contra la administradora de una sociedad que gestionó la venta de una lujosa propiedad al futbolista del Barcelona, Robert Lewandowski en 2021. La mujer reconoció desviar más de tres millones de euros a sus cuentas personales, cerrando un proceso judicial que evitó el ingreso efectivo a prisión mediante un acuerdo de conformidad.
Los hechos se remontan a junio de 2021, cuando el delantero polaco, a través de su esposa, concretó la compra de una vivienda en la exclusiva urbanización Nova Santa Ponsa. Para la operación, el futbolista emitió un cheque por 3,51 millones de euros a favor de la compañía vendedora. Sin embargo, la mujer condenada, aprovechando su rol de administradora única, abrió una cuenta bancaria a nombre de la empresa apenas unos días antes del ingreso.
El fraude no se ejecutó contra el jugador, quien cumplió con todos los pasos legales, sino contra la propia sociedad y sus socios minoritarios. Durante las semanas posteriores al cobro, la procesada realizó múltiples movimientos bancarios sin justificación alguna para trasladar 3,1 millones de euros directamente a su patrimonio personal. Cuando finalmente dejó su cargo en la mercantil, en la cuenta solo quedaban poco más de 408.000 euros del monto total de la venta.
La maniobra fue posible gracias al abuso de la figura de administradora única y al incumplimiento deliberado de la Ley de Sociedades de Capital. La acusada concretó la venta y el movimiento de fondos sin convocar a la junta general de socios, un requisito legal obligatorio para operaciones de esta magnitud. Al actuar sin el conocimiento ni el consentimiento del resto de los propietarios, que poseían el 50% de las participaciones, la mujer pudo ocultar la existencia de la cuenta bancaria secundaria y el posterior vaciamiento de los activos sociales hasta que la irregularidad fue detectada.
El juicio, que debía comenzar este martes, se resolvió de forma inmediata cuando la procesada admitió su culpabilidad en los delitos de apropiación indebida y administración desleal. Como resultado de la conformidad entre las partes, se le impuso una pena de dos años de prisión y una multa económica de 1.440 euros. Además, deberá abonar 1,62 millones de euros a los otros socios perjudicados en concepto de responsabilidad civil.
A pesar de la gravedad de la suma apropiada, el tribunal acordó suspender la ejecución de la pena de cárcel. Esta decisión se fundamentó en que la condenada carecía de antecedentes penales y la sentencia no superaba el umbral de los dos años de privación de la libertad. No obstante, la medida queda condicionada a que la mujer no vuelva a delinquir y cumpla efectivamente con el plan de pagos de la indemnización millonaria a sus antiguos socios. El Tribunal Superior de Justicia de Baleares confirmó que la resolución ya es firme y no será recurrida por ninguna de las partes.