La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se encuentra en el centro de una investigación judicial tras una autorización en Estados Unidos para acceder a cuentas bancarias que exponen un presunto circuito financiero paralelo.
La Asociación del Fútbol Argentino justificó su vínculo con la empresa de Javier Faroni comparándolo con contratos de gestiones previas.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se encuentra en el centro de una investigación judicial tras una autorización en Estados Unidos para acceder a cuentas bancarias que exponen un presunto circuito financiero paralelo.
Según las fuentes, este esquema habría manejado aproximadamente 300 millones de dólares fuera del control de la institución. En este contexto, se realizaron allanamientos en las sedes de la calle Viamonte y Ezeiza, así como en el domicilio del empresario Javier Faroni.
El foco de la Justicia está puesto en la firma TourProdEnter LLC, constituida en Florida en 2021 y vinculada a Faroni, la cual fue designada como agente comercial exclusivo. Los investigadores hallaron un contrato que estipula que dicha empresa percibe un 30% de toda la recaudación obtenida por la selección nacional en el exterior por conceptos de sponsoreo, derechos de transmisión y partidos amistosos.
Ante la difusión de estos datos, la AFA emitió un comunicado oficial para defender la legalidad y conveniencia del acuerdo.
En el escrito, la entidad argumentó que desde el inicio de la actual gestión en 2017 se trabajó en revalorizar los activos de la Asociación.
La defensa central de la AFA se basa en una comparación histórica de las comisiones pagadas a agentes comerciales. Según la AFA, anteriormente los agentes llegaban a quedarse con hasta el 70% de los ingresos, dejando solo un 30% para la institución.
El comunicado menciona que el agente ISL obtenía el 55%, Santa Mónica el 50%, y Guillermo Tofoni —en sociedad con terceros— llegaba a captar gran parte de los beneficios, dejando a la AFA sumas fijas consideradas "escasas". La entidad sostiene que ha logrado "dar vuelta la ecuación económica", asegurando ahora un 70% para la AFA y un 30% para sus asociados comerciales.
A pesar de las justificaciones de la dirigencia, la causa judicial es amplia y busca determinar si existió lavado de activos. La investigación incluye la operatoria de la financiera Sur Finanzas PSP S.A. y pone bajo la lupa a Faroni, su esposa y otros administradores.
El dictamen fiscal señala que algunos de los involucrados presentan "perfiles económicos incompatibles" con los montos que manejaban, lo que sugiere el posible uso de prestanombres.
La AFA, por su parte, calificó las acusaciones como intentos de "desgaste institucional" por parte de sectores que no quisieron renegociar acuerdos que eran desfavorables para el organismo. Según la entidad, detrás de las denuncias no hay fines altruistas, sino una búsqueda de recuperar "privilegios económicos" perdidos.