Democratización de la Justicia

El primero de los fallos referido a la Ley de Medios, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, sala I, que resolvió prorrogar, hasta el dictado de la sentencia definitiva, la medida cautelar que suspendió la aplicación de la ley. También la decisión de la Corte Suprema en el caso "Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual s/ solicita avocamiento Grupo Clarín", que rechazó el pedido de avocación por per saltum. Por último el fallo del Juzgado Nacional de 1a Instancia en lo Civil y Comercial Federal N° 1 "Grupo Clarín y otros c. Poder Ejecutivo Nacional y otros/acción meramente declarativa", que rechaza la inconstitucionalidad de la ley, pero ha concedido la apelación de la sentencia con carácter suspensivo dejando vigente la medida cautelar.

C. Otros antecedentes penales

Una atrocidad más por sus antecedentes es el caso "Tatiana", joven modelo asesinada en el Chaco por un remisero liberado irregularmente por un juez, que poco antes había sido condenado por el mismo delito.

Se puede mencionar el durísimo fallo del Tribunal Oral Federal N° 3, que años atrás absolvió a la conexión local de atentado contra la Embajada de Israel, diciendo que la investigación fue "un armado al servicio de políticos inescrupulosos", dando a entender que se le buscó una solución falsa a la pesquisa para responder a los reclamos de los familiares de las víctimas y a la opinión pública.

Asimismo mencionamos el drama de María Soledad Morales, joven estudiante catamarqueña asesinada en 1990 por los "hijos del poder" local. Al intentar las autoridades de Catamarca encubrir el asesinato, se desencadenaron históricas movilizaciones populares, tras lo cual se logró el esclarecimiento del homicidio y se pusieron de manifiesto las condiciones semifeudales de ejercicio del poder.

En Mendoza, el caso Bolognezi, en el que la Cámara del Crimen de San Martín absolvió a los imputados por el delito de homicidio en agresión, luego de más de 10 años de ocurrido.

D. Los discursos oficiales

La Presidente y su corte de claques declamaron "un divorcio cada vez más evidente entre la sociedad y la Justicia", pidiendo una "democratización" del Poder Judicial. Hebe de Bonafini amenazó con sentar a los magistrados en el banquillo de los acusados. Carlos Kunkel se quejó por la duración de los cargos: "Un intendente, gobernador o legisladores que son electos por el voto popular están durante 4 años, un comisario dura 3 o 4 años, mientras los jueces pueden seguir hasta 24 años", se quejó. Su par Diana Conti aseguró que es "de la idea de que los jueces sean elegidos periódicamente, que no duren eternamente; la ultrakirchnerista respaldó la necesidad de impulsar una "democratización de la justicia".

Cristina señaló que "vamos a tener que poner en marcha, y creo que la sociedad lo reclama, una democratización del Poder Judicial, porque es en definitiva el poder que decide sobre cosas, es el último eslabón en la decisión".

E. Los alcances pretendidos

El único medio de democratizar la justicia, pareciera, sería la elección popular de los candidatos del Poder Judicial, sistema inviable, inconstitucional y más imperfecto que el nuestro. ¡Pero ése no es el sentido de los reclamos políticos!

En realidad el alcance ansiado por el gobierno, exigido por la política gobernante, sería quitarle competencias para revisar las decisiones del poder administrador. Pretenden evitar el control de los actos del poder administrador y el control de constitucionalidad, afectando con ello a la República y a los ciudadanos.

Salvo por supuesto, la competencia del juez Oyarbide, magistrado que investigó el patrimonio de la Presidenta de la Nación y de su esposo; el avión del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, y el caso Skanska, por sobreprecios en una licitación.

F. La elección popular en la ciencia política

La elección popular había sido reseñada por Aristóteles en la "Política", cuando dividía los tribunales por las causas y calificaba a los "tribunales políticos, como aquellos cuya viciosa organización puede producir disturbios y revoluciones en el Estado. La universalidad de los ciudadanos es apta para el desempeño de todas las funciones judiciales, los jueces pueden ser nombrados todos por suerte o todos por medio de la elección". En la práctica, en países como Suiza, Rusia y en algunos estados de EEUU, eligen los magistrados por elecciones populares, pero ello no garantiza los actos de corrupción ni los errores judiciales.

Pareciera que quieren crear un mecanismo de deliberaciones mediante el cual el pueblo, con su propia participación, esté habilitado para sentenciar-"linchar" por igual con puntos de vista, tanto mayoritarios como minoritarios. La participación popular, necesaria en la vida política, es un grave error en materia judicial. Los imputados no pueden ser condenados por la influencia de las decisiones participativas de la ciudadanía. Por eso Eugenio Zaffaroni calificó la idea como una locura, que ha fracasado en todos lados.

G. Decisiones

La pregunta que debemos hacernos es si la vindicta pública debe ser dejada en manos deliberativas o en los jueces designados de acuerdo a la Constitución, y la segunda, si es posible quitarle el control de constitucionalidad al Poder Judicial. ¡Ambas respuestas deben ser negativas! Solo basta recordar dos ejemplos: el de O. J. Simpson, ex estrella de fútbol (norte)americano, que fue a juicio por asesinato de la ex esposa y de su amigo. Fue acusado de ambos asesinatos, resultando absuelto en un juicio penal después de un proceso largo, polémico y ampliamente cubierto por los medios. Y está el patético ejemplo de Pilatos, prefecto político de Judea, que a pesar de no hallar a Jesús culpable, deja que el pueblo decida y éste escoge liberar a Barrabás y crucificar a Jesús.

En cuanto al control de los actos del gobierno, la Corte Suprema ha dicho que los tribunales nacionales no están impedidos de ejercer, de oficio, el control de constitucionalidad, ya que así lo dispone la Corte Interamericana, que obliga a los órganos judiciales de los países que ratificaron a ejercer dicho examen.

H. Las verdaderas intenciones

La Presidenta no quiere tribunales populares; ¡solo quiere limitar el control! Pretende coartar la libertad de pensar y resolver, evitando el control de los actos de gobierno. Ello constituye una barbaridad jurídica, que no tiene ninguna justificación pues atenta contra la República y el valor supremo de justicia. La democratización no consiste en quitar competencia a los jueces, sino en otorgarle cada día mayor autonomía para resolver. Deberán tratar de evitar o disminuir la corrupción, mejorar la seguridad jurídica, despidiendo a los funcionarios crispantes, para escuchar un poco a la sociedad.