La administración Pérez comenzó su último año y parecería que todavía no se han detenido a pensar, los funcionarios involucrados en ella, los resultados de sus pasos por los puestos públicos.
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La administración Pérez comenzó su último año y parecería que todavía no se han detenido a pensar, los funcionarios involucrados en ella, los resultados de sus pasos por los puestos públicos.
Resulta interesante analizar, como figura en un estudio de la Fundación Ideal en base a datos del Censo 2010, qué sucede con el crecimiento económico y la construcción de casas. Veamos: entre 1991 y 1998 la economía creció al 6% anual y se terminaron en promedio por año unas 2.700 casas. Luego, entre 1999 y 2002, época de recesión, default, corralito y alta inestabilidad institucional, el promedio anual de casas entregadas llegó a las 2.600.
¿Qué pasó entre 2003 y 2008? Recordemos que ya se había devaluado la moneda y el país vivía la fiesta kirchnerista con altas tasas de crecimiento económico que llegaron a promediar el 12% anual: el sueño de cualquier gobernante, seguro que se produjo una explosión en la construcción de viviendas...
Pero algo no funcionó bien, el promedio de casas terminadas fue de 2.500 por año. Si bien durante el período 2010-2014 ya la economía no se movía como en ciclos anteriores, tuvo un decente 5% de crecimiento en promedio por año. ¿Y qué pasó con la cantidad de casas terminadas? ¿Subió o bajó? Bajó como nunca antes: 1.500 de promedio anual.
Ya hemos explicado en otros textos que la política de viviendas de Pérez está priorizando la ampliación de casas antes que la construcción de nuevas unidades habitacionales. El año pasado el IPV realizó 1.318 ampliaciones -la cantidad más alta en 10 años- contra 1.548 casas terminadas.
También señalamos que el Censo 2010 indicó que en Mendoza había aumentado el déficit cuantitativo de viviendas (casas terminadas), pasó del 25% de 2001 al 40% en 2010 y que había bajado el déficit cualitativo (necesidad de ampliaciones de casas) del 75% en 2001 al 60% en 2010. Las cifras oficiales del Censo 2010 indican que se debería priorizar la terminación de casas nuevas, lo contrario que está haciendo la administración Pérez.
Ahora Pérez lanzó otra idea. Quiere crear un Observatorio de la Pobreza porque no está claro cuál es el porcentaje real. La idea surgió a partir de que Los Andes publicara el domingo pasado que en Mendoza la pobreza llega al 36% según el Centro de Investigaciones Participativas en Políticas Económicas y Sociales (Cippes). Se puede estar de acuerdo o no con el porcentaje, pero es interesante recordar lo que dijo Pérez el lunes pasado sobre el dato.
"Sacar una foto aislada para mostrar una situación precaria es informativo, pero de ahí a decir que 40 por ciento de la población es pobre es un insulto a la inteligencia y a la actividad económica en general, una falta de respeto a la provincia, a la institucionalidad, a los números ciertos y a la responsabilidad".
Sin duda, muchas cosas de las que explicó Pérez son ciertas. Entonces, ¿le caben sus palabras cuando dijo que la pobreza en Mendoza era del 3,5% en 2012 al festejar los 10 años de kirchnerismo?
¿Por qué Pérez entiende que hay que crear un Observatorio de la Pobreza si tiene la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) que siempre se dedicó a difundir esos índices? Durante gobiernos de distintos signos políticos, los datos de pobreza, IPC, PBI o desempleo que difundía ese organismo no se cuestionaban y servían para orientar la gestión. Diferentes gobernadores, de distinta forma, han prestigiado esa repartición.
¿Qué pasa ahora con la DEIE?, ¿Pérez no cree en los datos que ahí manejan funcionarios elegidos por él? ¿Será que la DEIE dejó de ser creíble? A ver, ¿qué dice la DEIE de la pobreza? El último dato corresponde al primer semestre del 2013 y para esa repartición el porcentaje llegaba al 1,7%; ¿Ese número es creíble? ¿Por qué no están actualizados los datos?
Hay que recordar también que la misma persona que habla de "falta de respeto a la provincia y a la institucionalidad" y le preocupan "los números ciertos", ordenó dejar de medir el Índice de Precios al Consumidor, el indicador que había sido repuesto por el ex gobernador Celso Jaque. Ese indicador es importante para el clima de negocios local; a Pérez no le importó y lo anuló. Las órdenes del Gobierno nacional para que dejara de publicar la inflación pudieron más que la "institucionalidad" que ahora invoca. Tomar esa decisión, ¿no fue "un insulto" a la "actividad económica"?, como dice Pérez.
Pero lo más penoso es que los indicadores oficiales de pobreza no se conocen porque el ministro de Economía de la Nación, Axel Kicillof, los tiene pisados y no deja difundirlos para evitar el fin del relato: es que está obligado a "tocar" el número o admitir que la pobreza está aumentando. Pérez no le grita a Kicillof por la falta de datos de la pobreza ni mucho menos le plantea un problema de "institucionalidad", se calla y obedece.