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Los de su internación sanatorial han sido días de comprensible malhumor para la presidenta Cristina Fernández. La sigmoiditis que los médicos le diagnosticaron por una fuerte inflamación del colon provoca fuertes dolores abdominales y si no es tratada con rapidez se corre el riesgo de peligrosas complicaciones. Es una enfermedad muy incómoda y molesta, por lo que es fácil imaginar el ánimo de una paciente como la jefa del Estado.
A ese malestar se agregaron otras razones que los partes médicos no mencionan. Una es el encierro en una habitación, lo que no permite reacciones destempladas como las que suelen tener las mañanas de Cristina en Olivos, en las que se incluyen gritos y muchas veces insultos por las malas noticias que recibe. Otra es la lectura de los diarios, a partir de lo cual realiza una ronda de llamadas telefónicas para quejarse o dar instrucciones a sus colaboradores.
Una fuente de la Casa Rosada confió que en estos días de internación, y limitada por las circunstancias, “lo tuvo loco a Oscar Parrilli”. Contó que el teléfono celular del secretario general de la Presidencia “ardió más que nunca” con las llamadas presidenciales.
Los planes
El alta médica y el traslado a Olivos para un reposo de diez días, fueron un alivio para Cristina. Uno de sus allegados calificó como un aspecto positivo de esta enfermedad el hecho de que la Presidenta retomó la idea de su vulnerabilidad. El susto anterior con la operación de un hematoma subdural en su cráneo, en octubre del año pasado, ya había perdido sus efectos psicológicos con el trajín y los problemas del día a día, que no son pocos.
Junto a la avalancha de leyes que el kirchnerismo quiere sacar con inusitada rapidez del Congreso, hay un tema central que a Cristina la obsesiona tanto o más como su combate a la prensa crítica. Es el de dejar una estructura judicial amistosa, que en el futuro garantice que las causas por corrupción de los funcionarios no prosperen. Allí está centrada una de las principales batallas que van a caracterizar el tránsito hacia el cambio de gobierno el año próximo.
Además del nuevo procedimiento que otorga un mayor poder a los fiscales -que está siendo resistido por muchos jueces de primera instancia-, el foco principal de las operaciones oficiales estará en el Consejo de la Magistratura, el organismo que se encarga de proponer y destituir jueces.
El jueves pasado fue la última sesión plenaria con su actual integración. El próximo martes 18 asumirán once nuevos integrantes ya que permanecerán Julián Alvarez y el diputado Eduardo De Pedro, ambos integrantes de La Cámpora que, se supone, se irán cuando cambie el gobierno.
En el nuevo Consejo, el oficialismo tendrá la mayoría de 7 votos contra 6 de la oposición y no alineados. Es más, la presidencia del organismo sería para Gabriela Vázquez, integrante de la agrupación kirchnerista Justicia Legítima y jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Con esa integración del organismo, el gobierno espera avanzar a fondo con la designación de jueces amigos.
Pero no termina allí la operación. También existe la intención de remover a Germán Ernesto Krieger, actual administrador general del Poder Judicial, o sea, el hombre que maneja los dineros del Presupuesto que hace funcionar a toda la estructura. Krieger fue propuesto por el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y en el futuro La Cámpora querría reemplazarlo por otro de sus militantes. El puesto es clave.
Más luchas
Por todas estas estrategias y por resentimientos mutuos, el enfrentamiento entre el Gobierno y la Corte atraviesa uno de sus momentos más críticos. El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, criticó con dureza a Lorenzetti y sostuvo que habla como candidato cuando se refiere a la falta de políticas de Estado en materia de seguridad y contra el narcotráfico, como así también a la estabilidad laboral y de la moneda.
Ése, el de la economía, es otros de los flancos débiles que el Gobierno exhibe en su fin de ciclo y que amenaza la imagen con que concluirá Cristina su gestión. Para descalificar los reclamos gremiales y de la oposición, el ministro Axel Kicillof acaba de decir que no sólo no hubo pérdida del poder adquisitivo de sueldos y de jubilaciones sino que para la amplia mayoría mejoró el salario real. Más leña al fuego de la conflictividad.
Los próximos dos meses hasta el inicio de 2015, anticipan nuevos niveles de confrontación, con la Presidenta ya recuperada y en el centro de la escena.
Por Carlos Sacchetto - [email protected] - Corresponsalía Buenos Aires