La reforma judicial propuesta por la presidenta Cristina Kirchner trajo encerrada, como es de público conocimiento, una reforma electoral que está al servicio de los intereses de la Casa Rosada y de la necesidad de la jefa del Estado de no sólo controlar el Consejo de la Magistratura, sino de sacar la mayor cantidad de votos posibles para garantizarse -o al menos intentarlo- el control absoluto del Parlamento, a fin de conseguir los dos tercios de las dos cámaras para poder cambiar la Constitución y habilitar la re-reelección.
La gran innovación del kirchnerismo fue convertir entonces una elección legislativa de medio término, que se jugaba en 24 distritos, en una elección nacional en la que se elegirán en un distrito único -todo el país- los candidatos al Consejo de la Magistratura que representarán a abogados, jueces y académicos en dicha institución.
La transgresión del kirchnerismo es en esta ocasión de forma y de fondo. En la forma, porque introdujo cambios al Código Electoral nacional en un año electoral, algo que demuestra los nervios y la incertidumbre con los que vive el Gobierno nacional estos días. En 2012, año no electoral, incorporó cambios al DNI -eliminó la libreta- y habilitó el voto de los chicos de 16 y 17 años y nada dijo de la elección de los miembros no políticos del Consejo de la Magistratura.
Estas innovaciones parecen hoy realizadas hace mucho más que unos pocos meses. Se sabe: el pulso político argentino es frenético. Decíamos que es también una transgresión de fondo porque la norma que la semana que viene será sancionada por el Senado establece que por única vez esta elección legislativa de medio término sea de distrito único ya que se elegirán los candidatos a consejeros, algo que a partir de 2015 coincidirá siempre con la elección de presidente de la Nación.
La jugada de Cristina Kirchner es clara: evitar por todos los medios que tiene a su alcance un escenario como el de 2009, en el que la oposición le ganó al oficialismo gracias a que se armaron dos grandes polos opositores (el del radicalismo, la Coalición Cívica y el socialismo, llamado Acuerdo Cívico y Social, y el del PRO y el PJ disidente en provincia de Buenos Aires y Capital Federal) y propiciar en cambio un escenario lo más parecido posible al de 2011, donde ella compitió contra una oposición atomizada y además tuvo gran poder de decisión en todas las listas legislativas del oficialismo en los 24 distritos.
Recordemos que a quien se oponía a sus designios, la propia Presidenta le sacaba la posibilidad de llevarla a ella misma como candidata, lo que hizo que por ejemplo en La Pampa la lista oficial haya sido la del Partido Humanista. Ahora pretende hacer lo mismo y para ello se especula que pondrá como principal candidato al Consejo a alguien claramente identificado con ella (¿Alicia Kirchner, Eugenio Zaffaroni, Carlos Zannini?). Otra vez quien pretenda enfrentar sus candidatos a diputados nacionales no podrá llevar sus candidatos a consejeros, salvo que se anime y le gane en las primarias. Este es el reto que tiene por delante Sergio Massa, que es quien más mide en la provincia de Buenos Aires y coquetea tanto con el oficialismo nacional como con patear el tablero y enfrentar la lista de Cristina en las primarias del Frente para la Victoria (sin ir por afuera).
La apuesta de Cristina es, en un contexto en el que las encuestas no vienen favoreciéndola, seguir siendo quien monopolice la lapicera (con la que se arman y desarman las listas) dentro del peronismo oficialista, donde hay caudillos distritales que sueñan con darle pelea a la Casa Rosada y arruinarle a la propia Cristina Kirchner su continuidad en el poder.
Fue por eso que cuando la ley ya tenía media sanción del Senado, mandó a que la Cámara baja introduzca una modificación clave que convulsionó a la oposición pero que también tiene por objetivo barrer con aquellos peronistas oficialistas que quieran hacerle sombra en los dos años y medio que le quedan de mandato.
El diputado Jorge Landau, histórico apoderado del PJ, fue quien introdujo a la media sanción la exigencia de que los partidos que quieran aliarse para presentar listas a consejeros y abroquelarlas a las de diputados nacionales (nadie puede presentar sólo listas para el Consejo) tengan que usar el mismo nombre en 18 de los 24 distritos.
"Estamos tomando la jurisprudencia de la Cámara Nacional Electoral y la estamos poniendo por escrito en la ley, porque esto le da coherencia a la elección, que es de carácter nacional", explicó en diálogo con este diario. La intención es reducir el uso de las listas colectoras -que no están prohibidas-, que podrán usarse en sólo 6 distritos y evitar así lo que pasó en 2009 cuando Francisco De Narváez derrotó al propio Néstor Kirchner.
Este requisito, que toda la oposición pedirá que la Justicia anule por entender que es "proscriptivo" ya que atenta contra el derecho de los partidos de hacer alianzas libremente en los distintos distritos, subvierte el escenario de 2009 ya que obliga al radicalismo, que sostuvo el Acuerdo Cívico y Social en un puñado de provincias, a mantener el mismo nombre -u otro- en 18 distritos.
Esto significa que radicales y sus eventuales socios, pongamos como ejemplo los socialistas, deberán no sólo acordar la lista de consejeros de la Magistratura sino también la de legisladores nacionales y, en las provincias donde las elecciones se unifiquen con las nacionales, como Mendoza, extender el consenso a las listas provinciales y municipales. Sólo en 6 provincias podrá haber la misma lista de consejeros pegadas a dos boletas diferentes de diputados.
Este problema no lo tendrá Cristina Kirchner con su lapicera, ya que ella, al nacionalizar la elección, podrá decidir quiénes serán los candidatos en cada tramo de las boletas oficialistas.
En caso de no poder cumplir con la exigencia de la misma denominación en 18 distritos, los partidos de la oposición se quedan sin la chance de una alianza nacional. En esta segunda opción pensaron los ingenieros electorales del kirchnerismo, quienes anhelan que los más de 20 partidos nacionales no K presenten listas de consejeros diferentes y se distribuyan entre ellos los votos opositores, estirando la distancia entre la lista que llevará el Frente para la Victoria lo más posible, tal como pasó en 2011 con la categoría presidente.
En esta postal ideada por la Casa Rosada, la UCR, el socialismo, el Pro, el Gen y Unión Celeste y Blanca irían cada uno por separado, ante la dificultad de sostener acuerdos entre ellos en al menos 18 provincias, tanto en las listas de diputados como de consejeros.
La gesta de la oposición en defensa de la Justicia independiente debería obligar a los partidos no K a priorizar el armado de las listas supeditando todo a una sola boleta para el Consejo de la Magistratura, ya que si se enfocan en la lucha por las bancas legislativas correrán el riesgo de atomizarse y dejar que el partido del Gobierno gane cómodo y controle el organismo que nombra y suspende a los jueces.
La jugada de Cristina también aspira a limitar el armado del peronismo no oficialista. El gobernador cordobés José Manuel de la Sota podrá llevar una lista de diputados con muchas chances de ganar la elección, pero si no puede sostener un acuerdo en 18 distritos con sus flamantes socios (algunos sin partido propio como Roberto Lavagna), que son el partido de Francisco De Narváez, Unión Celeste y Blanca, y la nueva fuerza de Hugo Moyano (que no aparece habilitada), no podrá llevar candidatos a consejeros y deberá rogar que los cordobeses que quieran votar por el Consejo de la Magistratura no opten por meter toda la boleta de una fuerza política que sí presente candidatos en todos los tramos. Así, indirectamente, la Presidenta logra incidir en el armado de la oposición.
Por esto es que todas las fuerzas de la oposición irán a la Justicia a pedir la nulidad de este punto de la inminente ley que modificará el Consejo de la Magistratura y cambiará el Código Electoral. Radicales, socialistas, macristas y peronistas disidentes admiten no están preparados para poder cumplir con los designios que Cristina Kirchner hizo escribir en la norma.
El problema es que los propios oficialistas, con Landau a la cabeza, aseguran que la Cámara Nacional Electoral tiene una visión similar de que si se hace una alianza de carácter nacional debe ser para todos los cargos y no sólo para un tramo de la boleta (colectoras). En todo caso, será la Corte nacional la que definirá esta guerra contrarreloj.
