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Resulta una obviedad pero, por realismo político, es necesario apuntarlo. Si alguien tiene la esperanza de que tras la multitudinaria protesta popular en distintos centros urbanos del país, el gobierno nacional va a desistir de su objetivo de ir por todo, o va a modificar las políticas que le son criticadas, es probable que sufra una fuerte desilusión.
Todos estamos notificados de que la Presidenta Cristina Fernández no tiene la menor intención de retirar los proyectos con los que cree que va a democratizar la Justicia, ni va a dejar de dar protección a la corrupción de funcionarios y amigos, ni pedirá que retrocedan a quienes en su entorno trabajan para que haya reforma de la Constitución y con ella se logre su re-reelección. Nada de eso.
Tampoco desde ahora los ciudadanos se sentirán más seguros, ni se detendrá el crecimiento de la inflación que deteriora sus ingresos, ni nadie les garantizará que sus impuestos que deberían transformarse en servicios del Estado no vayan a engrosar fortunas personales.
Pero entonces ¿significa esto que semejante protesta en las calles carece de valor?
De ninguna manera. Es parte de la lenta construcción de una disidencia que tarde o temprano, y sólo en democracia, podrá modificar el actual estado de cosas en la política argentina.
En Tribunales
Varios de los miembros de la Corte Suprema de Justicia consideran que el embate de Cristina contra ellos es brutal. Más todavía que el que impulsó el ex presidente Néstor Kirchner contra la anterior composición del cuerpo, en el que habitaba aquella mayoría automática del menemismo. Ahora, al quitarle el manejo administrativo como cabeza del Poder Judicial, se quiere transformar a la Corte en un tribunal más, con funciones limitadas.
Todo eso por la osadía de estos jueces, hasta no hace mucho considerados por su prestigio un orgullo del kirchnerismo, de no responder con sus sentencias a los deseos del Gobierno. Quienes frecuentan la intimidad de los supremos cuentan que hasta Eugenio Zaffaroni, que no oculta su compromiso con el oficialismo, está disgustado por el ataque.
La actitud del Gobierno, según interpretan en el cuarto piso de Tribunales, conlleva la intención de que varios de los miembros de la Corte renuncien y de ese modo poder integrarla con jueces afines.
Las renuncias serían una salida, porque al oficialismo le resulta imposible conseguir los dos tercios parlamentarios para someterlos a juicio político y destituirlos. Sin embargo, lo que se ha logrado es una actitud firme de unidad entre los supremos y el compromiso compartido de no moverse de sus lugares. "Ya lo dijo el presidente, Ricardo Lorenzetti: la Corte va a defender la Constitución", se escucha en esos despachos.
Las mismas fuentes han permitido conocer algunas opiniones de integrantes del máximo Tribunal sobre la llamada reforma judicial y que no pueden emitir en forma pública porque en algún momento deberán firmar sentencias.
Por ejemplo, sobre la limitación de las cautelares contra el Estado, se estima que la inconstitucionalidad será dictada por cualquier juez de primera instancia que reciba un planteo de esa naturaleza. Eso sin perjuicio de que, tras visitar todas las etapas judiciales, la cuestión llegue a la Corte y corra la misma suerte.
También se considera que la creación de las Cámaras de Casación sólo está destinada a frenar o demorar los juicios de los jubilados, iniciados al amparo de jurisprudencia de la Corte.
En cuanto a la conformación del Consejo de la Magistratura, es probable que la inconstitucionalidad deba ser planteada recién cuando se presenten las listas de candidatos ante la Justicia electoral y no apenas se promulgue la ley. En Tribunales no descartan que el mismo Eugenio Zaffaroni sea tentado por la Presidenta para ser candidato a consejero por los académicos, ya que esa función no es incompatible con ser ministro de la Corte.
Los negocios
Las denuncias de corrupción que se conocieron por el programa televisivo Periodismo para Todos, también golpearon con fuerza en el núcleo duro del poder político. Tanto, que desde la Casa Rosada se montó un amplio operativo para desvirtuar la gravedad del tema y reducirlo a un cotilleo farandulero. Fue la propia Presidenta la que, teléfono en mano y cargada de indignación, le habría dicho al empresario Lázaro Báez: "Arreglá esto como sea".
El problema es que Báez, a quien se acusa de lavado de dinero proveniente de obras públicas, tuvo un estrecho vínculo con el ex presidente Néstor Kirchner, que algunos califican de sociedad. Si eso se probara, más que nunca Cristina necesitará una Justicia militante.
