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Al gobernante Partido Popular lo arrastraron más profundamente a una red de escándalos de corrupción la semana pasada, después de que las autoridades suizas informaron al Poder Judicial español que el ex tesorero del partido tenía una fortuna de 22 millones de euros, o 29 millones de dólares, en cuentas bancarias suizas.
El tesorero Luis Bárcenas renunció a su empleo en 2009, después de que lo acusaron en las primeras etapas de una investigación, que aún continúa, sobre un plan de sobornos y pagos ilegales en el cual, según se dijo, están involucrados otros políticos del Partido Popular.
Bárcenas dijo que es inocente y que tenía las cuentas en Suiza a nombre de unos inversionistas. El Partido Popular, también, negó cualquier vínculo con el dinero. Alfonso Alonso, el portavoz parlamentario del Partido, dijo en rueda de prensa el jueves que otros militantes y él están “indignados” con el descubrimiento y llamaron al juez del proceso a que siga el caso “hasta el final”.
No obstante, las revelaciones resultaron en una lista en aumento rápido de investigaciones por corrupción que se han extendido a todo el país, al umbral del gobierno conservador del primer ministro Mariano Rajoy. Se han levantado cargos contra unos 300 políticos españoles en las investigaciones por corrupción desde el inicio de la crisis financiera. Hasta ahora, se ha condenado a pocos.
Muchas de las investigaciones se centran en transacciones inmobiliarias o de infraestructura -realizadas durante el auge de la construcción que duró una década, y que la crisis financiera mundial hizo que terminara abruptamente en 2008-, que idearon emprendedores en propiedades, facilitaron políticos locales y financiaron imprudentemente los bancos regionales.
No obstante, en algunos casos hubo sobornos, malversación de fondos y evasión fiscal, no relacionados con el frenesí en la construcción. Más bien, corrompieron a los niveles altos de la sociedad española, así como al tejido institucional del país, desde la monarquía hasta la Corte Suprema.
El año pasado, Iñaki Urdangarin, el yerno del rey Juan Carlos I, se convirtió en el primer miembro de la familia real en la historia moderna en presentarse en los tribunales, como parte de una investigación sobre los alegatos de que algunos asociados empresariales y él habían desviado millones de euros de actividades turísticas y deportivas. Entre tanto, el principal magistrado Carlos Divar renunció en junio, después de que un juez lo acusara de haber cobrado viáticos para varias vacaciones.
“Creo que el nivel de corrupción que estamos descubriendo ahora va mucho más allá de cualquier cosa que hayamos tenido, al menos en la memoria reciente”, dijo Alfonso Osorio, el presidente de BDO Spain, una firma de auditores. “Esta corrupción envía el mensaje de que pasa cualquier cosa en el país, lo cual también podría dañar a la imagen de España en todo el mundo”.
Las aseveraciones en torno a Bárcenas y las cuentas suizas dieron municiones al Partido Socialista, cuyo dirigente, Alfredo Pérez Rubalcaba, llamó a Rajoy a “salir y dar una explicación pública” en respuesta a la “enorme alarma social” que desataron las noticias sobre los fondos en Suiza.
Al romper el silencio, Rajoy dijo en una reunión del Partido Popular que actuaría en contra de cualquier malhechor en su partido. Se ha mantenido alejado para no comentar sobre las acusaciones de fraude contra otros políticos en su nativa Galicia. Se acusó este mes a Ángel Currás, el alcalde conservador de Santiago de Compostela, la capital gallega, en una investigación que se está ampliando a contratos ilegales de obras públicas otorgados en la región. Currás negó cualquier fechoría y se negó a dimitir.
No obstante, los socialistas también han estado enredados en varios escándalos, en particular, en su bastión de Andalucía, la región más grande de España, donde los fiscales han acusado a algunos funcionarios locales de pagar ficticias y prematuras prestaciones por retiro a parientes y amistades.
En la Cataluña de mentalidad independentista, que incluye a Barcelona, las investigaciones sobre corrupción y lavado de dinero han puesto en el centro a varios políticos prominentes del partido gobernante en la región, el Convergencia i Unio.
La profusión de casos relacionados con fraudes ha presionado a un poder judicial español criticado de largo por su ineficacia. Aún así, los jueces extendieron hace poco sus investigaciones hacia cómo los políticos y otros amasaron riquezas durante los años del auge, aunque ganaban salarios relativamente modestos.
El miércoles, en medio de otra investigación inmobiliaria, el presidente del gobierno regional de Madrid, Ignacio González, reveló que su esposa y él habían comprado un “penthouse” el mes pasado, en la ciudad turística de Marbella, en más de un millón de dólares. González, quien gana 6.400 dólares mensuales, niega haber cometido algún delito, así como cualquier vínculo entre su adquisición y la investigación inmobiliaria que lleva a cabo un juez local.
En un momento en el que los españoles, plagados por la recesión, se ven obligados a apretarse el cinturón, la corrupción subió rápido en la lista de preocupaciones, según las encuestas de opinión más recientes. El desempleo sigue siendo la principal.
El aumento en la corrupción fue una de las inquietudes que encendieron al movimiento de protesta liderado por jóvenes, que comenzó en mayo de 2011 e incluyó la toma de la Puerta del Sol en el centro de Madrid, y plazas en otras ciudades españolas. Una de las demandas de los manifestantes, que se hacían llamar los “Indignados”, era que los políticos enredados en un caso de fraude renunciaran o se les prohibiera postularse para cargos de elección. No obstante, los partidos establecidos incluyeron como candidatos en las elecciones de 2011 a más de 100 políticos bajo investigación judicial por fraude y otras acusaciones.
En marzo, cuatro meses después de asumir el cargo, Rajoy propuso una ley de transparencia gubernamental con el propósito de que los políticos y funcionarios estén bajo mayor escrutinio, dando mayor acceso a los ciudadanos a documentos y archivos oficiales. Desde entonces, la iniciativa está empantanada en el Congreso.
Uno de los cambios pendientes en la agenda de Rajoy es la reforma de la administración pública. No obstante, “ningún gobierno se las ha arreglado hasta ahora para reformar a la administración pública, en gran parte porque casi todos nuestros políticos provienen de ella”, dijo Juan Luis Cebrián, el director ejecutivo de Prisa, un grupo de medios cuyos activos incluyen al periódico El País.
En cuanto al Poder Judicial español, dijo Cebrián, “Es probable que sea la única parte de nuestro sistema que todavía no ha pasado por el proceso de democratización”.