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Por única vez el gobierno nacional ha decretado feriado el presente 31 de enero con el objetivo de conmemorar la apertura de la Asamblea soberana del año XIII. Otro tanto ocurrirá el 20 de febrero cuando se evoque la memorable batalla de Salta que ganó Belgrano junto a los bravos gauchos salteños: ambas siguen la huella de la pasada conmemoración del bicentenario de la batalla de Tucumán.
En los tres casos se trata de efemérides excepcionales ya que no se recuerda otras celebraciones semejantes. Dicha excepcionalidad no debería conducirnos a eludir sino a constatar, una vez más, el papel que viene ocupando el pasado nacional en el debate público, y en la agenda oficial poco antes de las multitudinarias celebraciones del Bicentenario de Mayo.
Sería aventurado imaginar los usos políticos que las esferas gubernamentales harán de aquel acontecimiento medular de la revolución rioplatense.
Seguramente, la agenda oficial habrá de recuperar la vocación política de las ciudades-provincias o "pueblos" que habían aceptado los dictámenes del nuevo gobierno emergido de la memorable Semana de Mayo de 1810, de declarar de una vez por todas la independencia de la metrópoli que por tres siglos había regido los destinos de esta porción austral del vasto imperio español, uno de los objetivos de los hombres de la Sociedad Patriótica y la Logia Lautaro cuando dieron un golpe de muerte al Primer Triunvirato (1812) para romper con la inercia y acelerar el curso de la Revolución.
Resulta probable que ése sea el registro predilecto para ensayar discursos y arengas a favor de la libertad y la soberanía de los pueblos. También resultaría oportuno traer a colación el segundo mandato nunca cumplido de aquella etapa fundacional de la Patria que residía en adoptar una Constitución escrita para regir los destinos políticos del nuevo país.
Es probable que esa clave permita traer a colación la urdimbre de operaciones y debates que hicieron naufragar los proyectos centralizadores y confederales a través de los cuales unos y otros pretendían "federar" a las soberanías independientes en una entidad política común.
Tal vez el rechazo de los diputados orientales en aquella coyuntura permita traer a la memoria el peso de los intereses "porteños" frente al heroico accionar de Artigas quien pasó a liderar la versión más radical de la revolución en el Río de la Plata.
Tampoco sabemos si el registro conmemorativo elegido habrá de residir en el paquete de leyes y normas que contribuyeron a desmantelar los cimientos del orden colonial disponiendo la libertad de prensa, eliminando privilegios (como el mayorazgo y los títulos de nobleza), suprimiendo el tributo indígena, la mita y el yanaconazgo y todo tipo de servicio personal, y dotando a las castas de color o a los afro-rioplatenses de libertades civiles (la libertad de los hijos de esclavas nacidos después de la apertura de la Asamblea) con las cuales las élites revolucionarias pretendían saldar las promesas filantrópicas de la Ilustración y buscaban cautivar la adhesión de la población negra esclava a la causa revolucionaria o de América, con el fin de engrosar los ejércitos patriotas que hacían la guerra a los defensores de la legitimidad del rey y de la monarquía española.
Quizá sea el arsenal simbólico y pedagógico cívico producido por aquella Asamblea Soberana un segmento privilegiado que ha de caracterizar el ceremonial oficial: allí escudo e himno se convierten en motivos tan eficaces como perdurables de las sensibilidades nacionales y populares. Sobre todo el himno o canción nacional, como se la llamaba, se convirtió en el principal dispositivo simbólico de la liturgia revolucionaria al ser cantado en escuelas, plazas y cuarteles de la geografía rioplatense. Su fama traspasó incluso los límites de las Provincias Unidas; su melodía amenizó las fiestas y celebraciones patrióticas en Chile al menos hasta 1819, y la técnica inaugurada sería empleada por el resto de los países latinoamericanos constituyéndose en nervio de los nacionalismos contemporáneos.
Aunque también es posible conjeturar que la evocación no olvide un rasgo distintivo de la cultura política revolucionaria que estaría destinado a perdurar en el siglo XIX e incluso en el XX: en el seno de la Asamblea soberana, y a raíz de un contexto inmerso en las incertidumbres de la guerra y la restauración de los absolutismos en Europa dispuestos a combatir a toda costa los emprendimientos independientes americanos, cuajó el primer ensayo del Poder Ejecutivo unipersonal en nuestras tierras.
Aunque de existencia efímera, el Directorio, una institución que reactualizaba tradiciones republicanas clásicas y francesas, no sólo se convertiría en piedra angular del orden revolucionario posterior a 1815; sedimentaría también un estilo de gestión política que hizo de las facultades extraordinarias un factótum legal clave en el ejercicio del poder político mucho más allá de su desaparición en 1820.
Las opiniones vertidas en este espacio, no necesariamente coinciden con la línea editorial de Diario Los Andes.
