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En 1782 los ecos de las rebeliones altoperuanas condujeron al virrey Vértiz a instruir un proceso judicial en la ciudad de Mendoza con el objeto de obtener evidencias firmes de la denuncia presentada en Buenos Aires sobre la supuesta quema de la efigie del rey Carlos III por parte de un puñado de vecinos de la ciudad recientemente integrada a la jurisdicción del flamante virreinato del Río de la Plata, y que desde su fundación (1561) había dependido del reino de Chile.
El suceso no había pasado desapercibido para la autoridad local: para entonces, el corregidor creyó necesario convocar a un cabildo abierto a los efectos de dirigir la investigación en cuanto comprometía a vecinos distinguidos de la ciudad "en atención al movimiento susurro e inquietud en que se hallava este Pueblo por una voz popular en que se dezía que muchos de los vezinos se hallavan comprehendidos o complices en la falta de obediencia onestidad o recato y pureza con que se debe proceder en las regias disposiciones y Leyes del Soberano".
Según las fuentes, el suceso había tenido lugar en el curso del año anterior, cuando el antiguo corregidor de Cuyo, don Francisco de Videla y Aguiar, había instigado en la calle a seguir el ejemplo de los comuneros neogranadinos, y la vigorosa acción política liderada por Tupac Amarú en el Cusco.
El episodio, rotulado de delito de lesa majestad, había consistido en el rumor que ante la ausencia de un retrato o estampa de Carlos III, Videla y sus secuaces habían quemado la efigie del rey acuñada en una moneda, y había elevado su voz en la calle diciendo: "qué hazemos que no nos levantamos".
Si bien, el acusado, Videla y Aguiar (conocido con el nombre de Chachingo) no vertió ningún testimonio capaz de representar una verdadera confesión del delito de lesa majestad por el que fue recluido y sometido a instrucción judicial, lo cierto es que todos los testimonios que integran el expediente lo señalan como responsable de haber intentado crear opinión entre un ramillete de vecinos beneméritos de la ciudad que incluía, entre otros, al administrador de correos y algunos de sus subalternos para desafiar a las autoridades de su Majestad Católica después de haber celebrado en la calle las aspiraciones de los tupamaros.
La sigilosa pesquisa llevada a cabo por el comandante de fronteras, Francisco de Amigorena, no sólo suministró los nombres de los implicados en el eventual convite sino también señalaba que el episodio había tenido como epicentro una pulpería y tienda y que su dependiente era uno de los cómplices del principal sospechoso de la intriga.
Otras evidencias ayudan a visualizar que el conflicto se ubicaba en las coordenadas de la puja entre camarillas rivales de la localidad en las que sobresalían las divisiones de los comprendidos en la "nación española" y que distinguía a los europeos de los criollos o "naturales" de la ciudad. Justamente quien había denunciado ante el virrey que Videla y Aguiar había promovido la desobediencia en la marginal aldea cuyana había sido Diego Noguera, un dueño de carretas que residía en Buenos Aires y nacido en el reyno de Galicia.
Otro vecino de Mendoza, y natural de los Reynos de España, Martín de Zeballos, también suministró información relativa del episodio cuando, sin acusaciones directas, declaró saber que Diego Nogueira le había comentado que en la "Esquina de los Barrosos" se había tratado de comprar una estampa de la efigie de "Nuestro soberano", y quemarla después de haber realizado celebraciones sobre los hechos y victorias del rebelde Tupac Amarú en la ciudad.
El rumor no había sido infundado: las declaraciones de los interrogados en Mendoza, que involucraron a los hermanos Barroso y un dependiente de tienda, confirmaron que la idea de quemar la imagen del Rey había surgido a lo largo de 1781, y que Videla y Aguiar había manifestado su voluntad de prestar servicios a Tupac Amarú en caso que se lo pidiese.
Si el suceso mendocino permite apreciar la amplitud de la maquinaria inquisitiva dirigida desde Buenos Aires para fulminar cualquier atisbo de rebelión contra la monarquía, la investigación de las resonancias del conflicto altoperuano también dio lugar a la destrucción de un pasquín aparecido en Santiago del Estero por parte del cabildo, que lo juzgó necesario para evitar que la plebe pudiera entusiasmarse con alguna promesa y reeditar cualquier aventura tumultuaria capaz de poner en duda la autoridad de la monarquía y de sus funcionarios.
La puesta en marcha de esa maquinaria en el área andina no fue menos aleccionadora en la virulenta represión desatada contra los rebeldes, sino del persistente control ejercido sobre una porción de las élites criollas sobre las cuales pesaban severas sospechas sobre la fidelidad al monarca.
Que la furiosa represión no había puesto término a las aspiraciones de erigir en suelo americano una autoridad real ajena a los marcos institucionales prescriptos en el estatuto de la monarquía hispánica, e imaginado en el sustrato simbólico del ancestral pasado incásico, quedó de manifiesto en un pasquín aparecido en las fachadas de las casas principales de la ciudad de Salta, en 1805, en el que se sostenía que la "nación española" no merecía la fidelidad de sus colonias, proponía ofrecer al inglés el comercio e invitaba a reunir diputados de todas las Provincias en la ciudad que "sea centro, y coronar al más cercano de los Incas para Rey hereditario en falta de sucesor".
El bienio crítico
Aunque el pasquín fue arrancado de los muros de la capital de la gobernación, en 1808 la vigilia oficial sobre la población creció al conocerse las noticias de la malograda jornada de Bayona que erigió a José Bonaparte como rey de España y sus dominios coloniales. Por ello, las autoridades ajustaron los mecanismos de control social sobre la plebe, que incluyó la prohibición de expendio de bebidas en las pulperías, las reuniones callejeras y la portación de armas blancas y de chispa entre mulatos, mestizos e indios.
Evitar la reedición de la alianza entre sectores patricios y plebeyos que habían conmovido décadas atrás el mundo andino si fue motivo de zozobra en la jurisdicción salteña, no pudo ser detenida más al norte, más precisamente en la ciudad de La Plata cuando el 25 de mayo de 1809 una coalición de oidores de la audiencia, oficiales del cabildo y abogados radicalizados respaldados por la movilización de sectores plebeyos que protagonizaron cruentos enfrentamientos contra la guarnición militar, destituyeron al intendente de Charcas, obligaron al obispo a abandonar la ciudad y erigieron una Junta de Gobierno que desconoció la legitimidad de la Junta Suprema de Sevilla.
Esa disrupción política -que en 1811 Monteagudo evocaría en las páginas de la Gaceta de Buenos Aires- ponía en primer plano la manera en que la sociedad charqueana había interpretado la crisis de autoridad metropolitana, y además, el lugar que ocupaba en esa interpretación la experiencia política previa a 1808.
Fue esa asociación la que en definitiva gravitaría en la lectura política realizada por el virrey del Perú y férreo guardián de los derechos de Fernando VII y de las autoridades instituidas en la península en su nombre, Fernando de Abascal, cuando ordenó reprimir a los insurgentes altoperuanos ajustándose a las normativas punitivas del derecho indiano vigente, que fue consentida por su par rioplatense, Baltasar Hidalgo de Cisneros, quien también ordenó movilizar fuerzas para sofocar a los tumultuosos.
De cara a ese espectáculo que exhibía en la Plaza Mayor los restos del selecto grupo de patriotas que se habían atrevido a desafiar las instituciones metropolitanas, no fueron pocos quienes entendieron que a esa altura era difícil canalizar alguna negociación posible de autogobierno al interior del esqueleto de la monarquía española, sujeta ahora a los destinos de Napoleón o el Mandón de Europa.
Ese diagnóstico sería el que moldearía la decisión de los hombres de Mayo de destituir al Virrey Cisneros, erigir en su remplazo una Junta Patriótica y aprestarse a expandir y afianzar su autoridad en toda la geografía rioplatense, enviando comisionados y fuerzas militares para sostener la Revolución.
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