Ebrios que matan o hieren. Ebrios que destrozan pasarelas. Ebrios concejales que mantienen su sillón político. Ebrios que destruyen semáforos. Ebrios que la hacen, ¿pero las pagan? Sí, ya lo sabemos: quienes conduzcan con más de 0,5 gramos de alcohol en sangre recibirán multas de hasta $4.620.000 y el plus de quedar inhabilitados para conducir por un período de 90 a 545 días y un máximo de 4 meses de cárcel. Sin embargo, esto no logra bajar la media de 7 conductores borrachos por día en Mendoza. Esto, claro, son sólo los detectados. Muchos más son aquellos que circulan por la vida con la suerte de su lado y le esquivan a la parca como a un bache más en el camino. El pago de la multa, aún la más cara, no emparda ni cerca los daños que provocan los indolentes al volante. Con poco más de 4 millones no se arregla una pasarela, un semáforo y, ni hablar, una muerte. Sin duda el haber aumentado fuertemente los controles puso en evidencia lo que ya se sabía, pero al no quedar registrado todo quedaba en lo anecdótico. Cuando se activó con más decisión el "Gran Hermano" policial, al menos unos cuantos lo pensaron dos veces. Quizás no por empatía con el otro y sí por su bolsillo, pero al menos ahí ya había una alarma. Y en esto de los violadores de alcoholímetros no hay distinción de géneros. De hecho fue una mujer de 36 años quien superó el récord de los últimos años: ¡4,4 gramos! Fue a principios de junio, en Maipú. Hilando fino, según las estadísticas provinciales, el grupo etario más dado al trago es el de 25 a 39 años, pero puestos a soplar hay beodos de todas las edades. El registro de la sección Policiales de este diario es un claro reflejo de que son moneda corriente las consecuencias que provocan los conductores borrachos. Como las hacen, y rara vez las pagan, esta semana Vialidad Nacional hizo punta e intimó al conductor de una camioneta que el 3 de marzo, manejando ebrio, chocó y destruyó una pasarela en Guaymallén. Ese puente peatonal, clave para cruzar sobre el Acceso Este, lleva 4 meses inhabilitado, lo cual representa una peligrosa invitación a que los imprudentes corten camino por abajo poniendo en riesgo su vida y la de los automovilistas. La DNV le exige más de 300 millones para arreglar lo que rompió. Sin respuesta aún por parte del demandado, este caso testigo pone bajo la lupa al resto de los que se llevan puestos a humanos, semáforos, árboles y puentes con igual despreocupación. Pedido perogrullesco y ciudadano: el control no debe terminar en el alcoholímetro de turno.
