En Mendoza, el tema de un IVA provincial fue planteado hace muchos años. El destacado economista Daniel Garro realizó un profundo e innovador estudio para implementarlo, con una reforma del estado que podría llegar a permitir que se bajaran y hasta eliminaran Ingresos brutos y sellos, pero no obtuvo apoyo político para avanzar. Se elaboró en los 90 a pedido del Partido Demócrata de Mendoza.
El gobierno nacional propone ahora bajar el IVA al 9 % y que cada provincia ponga el resto hasta alcanzar el 21% o menos. Además, se está planteando una reforma del régimen de coparticipación federal, que es el sistema por el cual la Nación distribuye una parte de los impuestos recaudados a las provincias. En tanto , los especialistas remarcan otro punto y afirman que la reforma tributaria debe atender el impuesto a los Ingresos brutos, una carga que depende de la provincias y CABA, no es nacional y afecta a todos los niveles de producción, por lo que va a ser muy difícil que las provincias quieran resignar ese tributo. Según los especialistas es el impuesto más distorsivo. Otra ley que hay que eliminar es la Ley de sellos que se recauda para mantener parásitos y propicia la economía en negro.
En cuanto al régimen de coparticipación recordemos que cuando se modificó la constitución en 1994 los constituyentes establecieron que tenían que sacar una ley de coparticipación federal nueva que tendría que ser aprobada por todas las provincias. Pasaron 31 años y nunca se pudo aprobar.
El laberinto de la coparticipación federal es la metáfora que han utilizado muchos especialistas para describir la complejidad y los múltiples factores que influyen en la distribución de los recursos entre la Nación y las provincias.
Simplificando las cosas para que se entienda, el actual régimen dice que de todo lo que se recaude de impuestos nacionales va un determinado porcentaje para la nación que es coparticipación primaria y otro porcentaje para la totalidad de las provincias que se llama coparticipación secundaria. La primaria es para pagar los gastos federales que engloban la defensa exterior, seguridad interior, justicia, salud y educación. La secundaria se distribuye, en este laberinto y se divide por cantidad de habitantes, por dispersión geográfica en territorio, por asimetrías en riqueza y pobreza, infraestructura pública, etc.
Todo esto se maneja por circunstancias políticas, relaciones de poder, negociaciones, no son entelequias y se han producido distorsiones durante años.
De hecho, existen absurdos como que dos provincias similares en muchos aspectos, por ejemplo, entre Chaco y Corrientes, Chaco cobra muchísimo más por habitante. Un claro ejemplo de la distorsión.
Hay provincias muy perjudicadas y otras muy beneficiadas.
Es importante reflexionar sobre la situación de Mendoza, es tan mala que todo le da mal y a San Luis todo bien. Si se observa lo que reciben o le quitan a cada provincia es totalmente absurdo. En el proyecto de aquel entonces, el gobierno de turno decía que era imposible en términos técnicos, que la provincia no tenía cómo fiscalizar y recaudar ese IVA. La respuesta de Garro fue que la nación lo hiciera, se le pagara un royalty y se lo depositara a la provincia.
Todavía no se conoce la letra chica de esta propuesta de super IVA, si lo va a cobrar la nación o se lo va a ceder a las provincias. Lo más práctico y económico sería que ese IVA extra lo cobrara la AFIP, hoy ARCA y se lo depositara a Mendoza, de esta manera no tendría que gastar nada en estructuras en esta gestión de recaudación.
Para toda esta reforma es fundamental que se defina lo que cada jurisdicción produce, Hoy esto no está claro en las cuentas nacionales. Hay provincias beneficiadas, como CABA, que tiene las oficinas de muchas empresas con sede social allí y en realidad el producto bruto geográfico no lo genera la Ciudad.
Es muy importante determinar el producto bruto de cada provincia ya que el dato de cuánto produce efectivamente daría como resultado un nuevo esquema de distribución de impuestos. Es más, dentro de Mendoza se podría trasladar a cada municipio, es decir que la distribución impositiva se haría en función del producto bruto geográfico de cada uno asegurando un mínimo necesario para cubrir temas de pobreza, sociales, etc. Habría competencia entre provincias, pero también entre municipios, estos estudios también se hicieron en aquella oportunidad.
Muchos años después el proyecto trabajado por el Partido Demócrata junto con la expertise de Garro, podría hacerse realidad en correspondencia con el gobierno nacional y sería una gran ventaja competitiva con el resto de las provincias.
Recordemos que este es un análisis simplificado. Objetivamente Mendoza es la más perjudicada por el régimen de coparticipación federal de la Argentina y tiene la desgracia de ser la más pobre de las llamadas provincias ricas, comparada con Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.
Una de las causas es que tiene menos población. Simultáneamente es la más rica de las llamadas provincias pobres si la comparamos con La Rioja, Formosa, Santa Cruz.
En relación a argumentos que repiten todos los gobernadores de la provincia de Buenos Aires consideramos el siguiente: se quejan de que reciben menos coparticipación federal por habitante que otras provincias. Esto es una falacia porque en un análisis de flujo de fondos completo, debemos considerar que la provincia de Mendoza transfirió en los 90 su caja de jubilaciones. Las llamadas provincias ricas no lo hicieron. Por lo tanto un maestro, un enfermero, un empleado público jubilado en Mendoza cobra menos que los jubilados de las provincias que no transfirieron sus cajas. A su vez éstas le piden plata a la Nación para pagarle a sus jubilados porque son cajas deficitarias. Es tan disparatado que la provincia de Buenos Aires tiene 4 cajas de jubilaciones, una de empleados públicos, una de policía, una de docentes y una payasesca caja de jubilaciones del Banco Provincia de Buenos Aires.
Los argumentos del gobernador de esta provincia son insostenibles y son tan tramposos como el argumento del jefe de gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires, que sostiene que la ciudad genera más recursos de los que recibe porque la mayoría de las grandes empresas nacionales y extranjeras tienen sede social allí, independientemente de donde se están generando esos recursos. Esto no está debidamente clarificado en las cuentas de la contabilidad nacional que no aclara, en los productos brutos regionales dónde se genera la riqueza que se declara en CABA. Por ejemplo, los principales grupos bodegueros de Mendoza liquidan sus impuestos en un domicilio social de Buenos Aires o una empresa yerbatera de Corrientes liquida cualquier impuesto si tiene sede social en la ciudad.
¿Qué tiene que hacer Mendoza ahora?
Salir a defender sus intereses. La provincia se ha convertido en una pobre provincia.
Es la oportunidad para terminar con una etapa nefasta y sentarse a discutir en serio, con economistas idóneos los cambios que hoy se podrían hacer con un gobierno nacional que tiene otros objetivos y propuestas.
* El autor es Concejal de Capital (Mendoza)