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Mal que les pese a Amado Boudou, a Kicillof y a Nelson Castro, quienes tuvieron que soportar, respectivamente, abucheos, insultos y desprecio originados en expresiones de intolerancia política, la coincidencia de sus casos quizás sirvió para encender una oportuna señal de alarma. Quien la expresó mejor fue Daniel Scioli. “Lo peor que nos puede pasar -dijo- es que la gente se empiece a enojar con la política”.
Scioli fue cuidadoso (es su especialidad) porque en rigor la advertencia no debió referirse al riesgo de que la gente se empiece a enojar con la política sino a que vuelva a hacerlo. La idea del “enojo con la política” remite al tenebroso verano de 2001, al “que se vayan todos”, al vandalismo electoral, al voto bronca, la violencia de diciembre que rodeó la caída del gobierno elegido dos años antes por uno de cada dos argentinos; la inestabilidad subsiguiente y la gran mayoría de los políticos guardados, visto lo poco recomendable que llegó a resultarles toda caminata por la calle.
Pero antes de desparramarse sobre el universo de la política -he aquí otra aclaración que Scioli tuvo el buen tino de saltear-, el enojo se focaliza en quien gobierna el país. Por lo menos así fue hace 11 años. Desde luego, en términos institucionales, políticos y económicos, la situación de 2001 no tiene semejanzas con la actual y Cristina Fernández no es De la Rúa.
Aunque también hay que computar que, con la división de hoy y el estilo confrontativo que implantaron los Kirchner, se parte de un piso de crispación legitimada inusualmente elevado.
A juzgar por su confluencia, hay muchas personas, quién sabe cuántas, que se sienten habilitadas a despachar su ira, dispuestas a romper la primera malla de la convivencia social para purgar su disgusto, una actitud que se sospecha contagiosa.
Lo bueno de traer a cuento el mal recuerdo del “enojo con la política” es que ello trasciende los bordes del debate predominante en las redes sociales y en los medios, algo enredado en dilemas morales y en presuntas compensaciones: cuál escrache se condena y cuál no, cuál más y cuál menos, si hubo o no organización, si un abucheo en un acto público es mejor o peor que una retahíla de insultos a un funcionario que está con su familia o, en fin, si merece un título en la sección política el hecho de que un bar ejerza el derecho de admisión con un periodista crítico del Gobierno.
A lo mejor el tema importante no son los episodios de a uno sino cierto clima de frustración que ellos testimonian respecto de la poca eficacia de los canales regulares de queja. ¿Cuáles son esos canales? ¿Los partidos políticos? ¿Los diputados que cada uno votó? ¿Los organismos de control? ¿Las marchas pacíficas?
Analizar la posibilidad de que el escrachismo y sus derivados tengan una relación hidráulica con las deficiencias del sistema político no significa justificar la cultura de la marcación callejera. Es sólo preguntarse por qué pasa lo que pasa (y en distintos lugares al mismo tiempo), sin la simplificación de que la casualidad congregó a cincuenta fascistas enardecidos.
Quizá pedir que el Gobierno abandone el concepto bélico de la política sea demasiado, tanto como pretender que, a estas alturas, los opositores que se sienten ignorados no busquen cómo hacerse escuchar. El problema es que hay un problema y quienes más deben pensar una solución no son los individuos sino sus dirigentes.
