12 de octubre de 2014 - 00:00

Cinco asignaturas pendientes de la democracia

Los treinta y un años de democracia que se cumplirán el 10 de diciembre de 2014 muestran cinco asignaturas políticas pendientes.

La primera es la incapacidad para generar un verdadero sistema de partidos. Ellos son un instrumento imprescindible para la calidad de la democracia y fueron incorporados al texto constitucional en la reforma de 1994.

La historia política argentina desde la sanción de la Ley Sáenz Peña, que estableció el voto universal, secreto y obligatorio en 1912, puede dividirse en el bipartidismo radical conservador primero (1912-1946) y el radical-peronista después (1946-2001).

La Argentina tuvo así un bipartidismo atenuado o imperfecto. Pero la crisis 2001-2002, además de ser la más grave en lo económico-social, se llevó el sistema de partidos.

Las tres elecciones presidenciales realizadas desde entonces (2003, 2007 y 2011) mostraron al peronismo dividiéndose en tres candidatos, ocupando el espacio del oficialismo, parte del opositor y sin que el radicalismo en ninguna de las tres oportunidades lograra transformarse en una opción competitiva.

Hoy, mirando 2015, la carencia de partidos que organicen la vida política es evidente. Los sondeos muestran candidatos como Massa, Macri, Scioli, Binner, Cobos, etc., pero las fuerzas políticas que ellos representan tienen un rol muy secundario.

A medida que se fue desarrollando la democracia, los partidos se fueron debilitando en lugar de fortalecerse. Este proceso en parte se explica por la “territorialización” de la política. Gobernadores e intendentes se fueron transformando en centros de poder político autónomos respecto de los partidos.

La segunda asignatura pendiente ha sido la dificultad para asumir la existencia de una justicia independiente. Ello surge claramente al analizar la evolución de la Corte Suprema de Justicia.

Alfonsín asume y provoca la renuncia de la Corte Suprema del gobierno militar. Designa una nueva, donde hay cuatro juristas independientes con afinidades en el radicalismo y un quinto de origen justicialista.

Llega Menem, y antes de cumplir un año de gobierno, amplía la cantidad de sus integrantes y la eleva de 5 a 9. Dada su amplia mayoría en el Senado, ello le permitió nombrar nuevos jueces en el máximo tribunal y en 1990 ya tenía amplia mayoría en ella.

En 1993 se realiza el “Pacto de Olivos”. Por una de sus cláusulas, se provocan renuncias en la Corte Suprema y nuevas designaciones. Queda así una nueva Corte, en la cual cinco miembros responden a la orientación de Menem y los cuatro restantes a Alfonsín.

En 2003 llega Kirchner al poder. Avanza con juicios políticos, provoca renuncias y queda conformada una nueva Corte Suprema de 7 miembros, de los cuales 4 han sido designados por el nuevo gobierno y quedan sólo 3 de la conformación anterior. Todo este proceso fue mostrando sucesivos intentos políticos por controlar la Corte Suprema, para alinearla con los objetivos del Ejecutivo.

La tercera asignatura ha sido la abdicación por parte del Congreso de la Nación de sus competencias propias y específicas. A lo largo de las tres décadas transcurridas, el Poder Legislativo ha ido delegando en forma gradual pero sistemática sus funciones propias en manos del Ejecutivo.

La reforma constitucional de 1994, que pretendió atenuar el presidencialismo dando más atribuciones al Congreso, fracasó en este objetivo. La crisis de 2001-2002 generó una delegación excepcional de competencias del Congreso en el Ejecutivo, por la cual el Presidente pudo resolver, por decreto, cuestiones que requerían -de acuerdo a la Constitución- su sanción mediante leyes.

Año a año, y pese a haberse normalizado la economía y vivirse un proceso de expansión, el Congreso fue renovando su delegación e incluso la amplió.

En 2013 se llevó al máximo, cuando el Congreso, tras una fuerte derrota electoral del oficialismo, renovó la delegación por dos años y no anualmente, como había sido hasta entonces. Esto ha traído como consecuencia un fuertísimo aumento del gasto discrecional en manos del Ejecutivo.

El retroceso del federalismo es la cuarta asignatura política pendiente en las tres décadas de democracia transcurridas. Este retroceso tuvo varias etapas.

La primera fue la reforma constitucional de 1994: la eliminación del Colegio Electoral y su sustitución por el voto directo en distrito único para elegir al presidente de la Nación implicó la pérdida de influencia de las provincias más chicas en la elección del presidente y potencialmente del rol electoral bonaerense.

La provincia de Buenos Aires, que era 28% del Colegio Electoral, pasó a tener 40% de los votos efectivos para ser presidente. Hoy, para elegir presidente, el partido más populoso del Gran Buenos Aires (La Matanza) tiene tantos votos efectivos como las seis provincias más chicas sumadas (Tierra del Fuego, Santa Cruz, La Pampa, San Luis, La Rioja y Catamarca).

La nueva ley de coparticipación determinada por la Constitución de 1994 se ha demorado durante dos décadas. Es tal el retroceso que en 2014 el Ejecutivo intenta aprobar una ley para avanzar sobre la propiedad provincial de los hidrocarburos, determinada en dicha Constitución.

La quinta asignatura es la incapacidad de los procesos políticos para tener transiciones ordenadas y fines de ciclo sin crisis. El alfonsinismo tuvo un final en crisis, con la economía fuera de control y violencia en las calles. Menem logró entregar el poder a De la Rúa sin crisis en 1999, pero dos años más tarde, el estallido de la convertibilidad representó nuevamente un final en desorden económico y violencia en las calles.

Así, el fracaso de la Alianza terminó siendo como un final con efecto retardado del menemismo. Tras una década del kirchnerismo en el poder, el país nuevamente parece encaminarse hacia un final con la economía en dificultades y con riesgo de manifestaciones de fuerte descontento social en las calles.

La historia nunca se repite igual, pero hacia fines de 2014 la Argentina parece mostrar esa constante de no lograr realizar las transiciones políticas en orden.

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