Las funcionarias de la ex Dinaf juzgadas por ser, presuntamente, "autoras" de una "crónica de una muerte anunciada", en relación al brutal asesinato de Luciana Rodríguez (3), no irán a prisión.
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Las funcionarias de la ex Dinaf juzgadas por ser, presuntamente, "autoras" de una "crónica de una muerte anunciada", en relación al brutal asesinato de Luciana Rodríguez (3), no irán a prisión.
Es que ayer desde el Ministerio Público Fiscal se solicitó una pena de tres años de prisión en suspenso para las psicólogas Fabiana Lucentini (50) y Gianina Consina (32) y una multa de 11.500 pesos para la licenciada en Minoridad Mónica Castro (60), todas actuales trabajadoras del Estado provincial.
La pena solicitada por el fiscal Sebastián Capizzi fue acompañada por el abogado querellante, Oscar Mellado, quien comparó la muerte de la pequeña Luciana con la famosa novela del Gabriel García Márquez, en la que todos saben cuál será el fatídico final del personaje principal: el asesinato.
El fiscal Capizzi, si bien pidió la pena mínima por los delitos de abandono de persona e incumplimiento de los deberes de funcionario público, se fue al máximo a la hora de pedir inhabilitación para ser funcionario público: 10 años para cada uno de las psicólogas y uno para Castro. Es decir que las mujeres perderían sus trabajos en el Estado provincial, siempre y cuando sean condenadas y las sentencias queden firmes.
Sergio Carreño, abogado defensor de Castro solicitó para su clienta la absolución por la duda. El mismo camino eligieron Roberto Lavado -defensor de Consina- y Alfredo Paturzo -abogado de Lucentini-, apuntando que no hubo abandono de persona.
Durante más de tres horas la jueza Laura Guajardo escuchó la dura acusación del fiscal. "No se puede explicar lo que hizo Lucentini y Consina ratificó la medida cuando se enteró", afirmó Capizzi, en referencia a la restitución que hicieron las coordinadoras del ex Órgano Administrativo Local (OAL) de Ciudad.
"Tenían un abanico de posibilidades y no sólo la fatídica restitución", apuntó Mellado, agregando que "la licenciada Iturbide de Ampros le endilgó la responsabilidad al Estado cuando la carencia fue el recurso humano. La rescató un cuidacoches que fue un ejemplo y los funcionarios no hicieron nada. Hacía falta entrega, sentido común y humanitario".
Según Capizzi, las ex funcionarias del ex OAL debieron prestar la debida atención al caso ya que era algo fácil de hacer pero se actuó con desprecio a la función pública y se naturalizó la burocracia. "Seguían empecinadas con el fortalecimiento familiar cuando todos sabían que esa familia era de alto riesgo", aseguró el fiscal. En cuanto a Castro, sostuvo que tenía a su cargo la guarda de la nena en una situación de emergencia y omitió sus deberes, restituyéndola a sus padres días antes de que la asesinaran.
El viernes próximo, la jueza Guajardo dictará sentencia.